Claudio de Moya
Nahuel tiene 12 años y vive en Formosa. A los dos, se quedó sin un medicamento que le permite mejorar su calidad de vida ante la miastenia congénita que le diagnosticaron. Es un síndrome hereditario que afecta a una de cada 15 mil personas en la Argentina. Produce fatiga crónica, debilidad muscular y dificultad para hablar, tragar y hasta respirar. No es curable, pero la forma de convivir mejor o peor con él depende de un alcaloide medicinal cuya importación fue severamente limitada –y su comercialización prohibida– en 2008. Fue una de las derivaciones políticas de un triple crimen ligado al narcotráfico. ¿Qué empresa farmacéutica haría las gestiones para tramitar una excepción y producir, a pura pérdida, los comprimidos de efedrina que necesita un único paciente en el país? Es la lógica del tan invocado mercado que ordena todo, incluso la salud. Salvo que intervenga el Estado con otras prioridades. Es lo que hizo el de Santa Fe con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF): desde 2010, elabora las 1700 cápsulas anuales que Nahuel necesita. Es su producción “más cara” en el doble sentido de la palabra.
La familia de Nahuel inició en 2010 una serie de trámites para obtener la efedrina que había dejado de recibir dos años antes tras el triple crimen de General Rodríguez, el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y el descubrimiento de una red que traficaba ese precursor de drogas ilícitas a México. Hubo una presentación conjunta de los padres, la Mutual Policial y el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa ante la Anmat. El organismo nacional encargado de la seguridad de medicamentos y alimentos derivó una consulta al LIF en la que lo consultó sobre la posibilidad de desarrollar esta especialidad a base de efedrina por vía de excepción. La urgencia marcó la prioridad. “Inmediatamente comenzamos a diseñar el desarrollo de este medicamento y una vez recibida la droga (por parte de la Anmat) iniciamos las pruebas de desarrollo”, recuerda el farmacéutico Guillermo Cleti, uno de los directores del laboratorio público santafesino. “No hubo demasiado tiempo para experimentar en nuestras instalaciones, dado que Nahuel necesitaba con suma urgencia la medicación. Trabajamos sobre modelos de fórmulas que veníamos elaborando desde hace tiempo, cuya composición y propiedades eran similares al comportamiento de la efedrina. Fue un trabajo contra reloj y resultó fundamental toda la experiencia profesional de nuestros equipos técnicos”, completa el profesional.
El LIF produce y provee los comprimidos de efedrina 3 mg desde hace 8 años. Son para un único usuario, que vive en otra provincia. “Nahuel tenía tan solo 4 años y necesitaba esta medicación desde 2008, cuando un médico especialista le diagnosticó miastenia congénita. Esa presentación medicamentosa no existía en el mercado farmacéutico, y no se podía pensar en facilitar el acceso porque la efedrina dejó de comercializarse en la Argentina”, cuenta el director del laboratorio público.
El caso de Santa Fe contrasta con las políticas públicas nacionales recientes en el ámbito de la salud: el gobierno de Cambiemos, responsable de gestionar el Estado federal, aplica la misma lógica del sector privado. Fundamenta en una planilla de cálculo y un ajuste ciego de las cuentas corrientes su decisión de interrumpir el refuerzo de vacunación contra el meningococo a los niños de 11 años, incluido en el calendario obligatorio. “Estamos en tiempos en los que se golpea permanentemente al Estado, achicándolo hasta lo irracional. Como contramodelo a esto, en la provincia buscamos optimizar los recursos y promover políticas como las de producción pública, capaces de solucionar el problema de una sola persona o de millones”, contrapone Cleti ante una consulta de El Ciudadano.
El más caro
“La elaboración de efedrina 3 mg, para quienes trabajamos en el LIF, es el medicamento más caro”, resume Cleti. Y aclara los dos sentidos del adjetivo: “Por su costo probablemente lo sea, porque una vez al año ponemos todos los recursos de un área productiva para elaborar 1700 comprimidos, cuando probablemente en esa misma área se podrían elaborar, supongamos, unos 500.000. Y el más caro afectivamente, porque se elabora un medicamento huérfano para un solo paciente”. La recompensa es ajena al balance económico: “La posibilidad de ver cómo Nahuel fue evolucionando es el argumento más importante para seguir por este camino”, afirma el profesional. Para los directores del LIF, “la resolución de estos casos aislados es una tarea fundamental para la salud púbica en aras de garantizar este derecho básico a la población, sea en la misma provincia o en otra”.
Derecho a la salud: tuberculosis, misoprostol y cannabis
Cleti menciona otros ejemplos de lo que implica un laboratorio público de medicamentos. “Desde 2008 venimos trabajando distintas problemáticas vinculadas con el acceso a los medicamentos por parte de la población. Y ninguna es fácil de resolver”, introduce.
El director del LIF menciona la producción de opioides como metadona y morfina para el tratamiento de pacientes que reciben cuidados paliativos. “Hablamos de personas con enfermedades activas, progresivas y avanzadas como el cáncer (tratamiento del dolor)”, explica. Agrega que el laboratorio comenzó hace tres meses la provisión de medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis (Isoniacida de 100 y 300 mg y Etambutol 400 mg) ante las discontinuidades en el envío de estas drogas desde los programas nacionales de salud. Otra de las formulaciones relacionadas con derechos es la del misoprostol 200 mcg, indicado para la interrupción de embarazos no deseados que estará lista para fin de año y sintoniza con los programa de salud sexual y reproductiva en las que la provincia y la ciudad de Rosario marcaron punta antes aún de la resonancia que cobraron los debates parlamentarios recientes.
“Somos el laboratorio estatal que ha presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación un proyecto formal para desarrollar medicamentos a base de cannabis”, cierra sin agotar la lista de iniciativas del LIF.
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