Deportación: “Los cambios son violatorios del debido proceso”

Mientras el gobierno nacional apunta a la población extranjera como una de las causas del crecimiento delictivo, los números reales se alejan de esa hipótesis. Datos oficiales y extraoficiales coinciden en índices que distan de las cifras que maneja la ministra Patricia Bullrich sobre la cantidad de inmigrantes detenidos en la República Argentina. Desde entidades en defensa de los derechos de inmigrantes aseguran que el número que maneja el gobierno sobre el porcentaje de inmigrantes en la población carcelaria “es falso” y los cambios que se quieren introducir para acelerar la expulsión de extranjeros “son violatorios del debido proceso”.

La ministra de Seguridad manifestó su voluntad de que “la deportación sea un trámite más expeditivo”, dado que “el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas”.

Bullrich hizo hincapié en la creación de un nuevo órgano: “En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial, por eso la idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más rápido”. La medida para agilizar la expulsión de extranjeros contempla la creación de un fuero migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

En sintonía a esta postura, en su primera reunión oficial, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro reconocieron el intento y la búsqueda por “agilizar trámites de extradición entre ambos países”.

 

Número reales

 

Desde el Grupo de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Nacional de Rosario, Mariana García se refirió a datos sobre inmigrantes detenidos y a las irregularidades del proceso que quiere ejecutar el gobierno. Según un informe para la Jornada en Defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, entre 2002 y 2017, el total de extranjeros detenidos representaba entre el 4,9% y el 6% de la población recluída. Estos datos incluyen al Servicio Penitenciario Federal y a los Servicios Pentenciarios Provinciales.

Por otro lado, el estudio arroja que sólo el 0,28% del total de los inmigrantes que habitan en Argentina están detenidos.

Según el censo de 2010, en el territorio hay 1.805.957 residentes, y detenidos se registraron 5.108. Estos datos se acercan a los publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que ratifica el 6% de presos extranjeros sobre la totalidad de detenidos.

El 20% que sostiene la ministra, puede considerarse sólo si se tiene en cuenta a inmigrantes detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. En su gran mayoría estos son casos de infracción a la ley de drogas 23.737 y de extranjeros que no habitan en Argentina.

 

“Violatorio del debido proceso”

 

“Lo que hace la ley migratoria es obligar al paso por la Justicia, los cambios que se pretenden introducir son violatorios del debido proceso, y de la asistencia jurídica a la persona”, señaló García. Agregó que es lo que se quiso intentar con el decreto 70/17, considerado por la justicia en 2017 como “incompatible con los estándares internacionales”.  Y remarcó que “no es una facultad del Poder Ejecutivo decidir sobre la persona humana, sino que el procedimiento debe atravesar la Justicia”.

 

“Están de paso”

 

En cuanto al 20% de inmigrantes detenidos que sostiene el oficialismo, la coordinadora del grupo de estudio sobre migraciones explicó que en su mayoría no son residentes. “Mucha de la población alojada en cárceles, lo está en función a delitos federales que se cometen en el marco del narcotráfico, que son apresados en fronteras, esa personas no tienen residencia en Argentina sino que están de paso, y en ese paso delinquieron”. Esas personas que “están de paso”, engrosan el número con el que el oficialismo busca dar la discusión.

 

“Enemigo interno”

 

“La idea de la expulsión está fundada en un dato falso que es el 20% de la población carcelaria de origen inmigrante”, aseguró. Por otro lado explicó que la iniciativa va en el mismo sentido que el decreto 70/17 ya que “siempre cuando ha habido necesidad de la construcción de un enemigo interno se hace uso del fantasma de la inmigración”.

Por último, planteó el interrogante de qué sucedará en el caso de infracciones leves relacionadas a la venta ambulante o si también serán expulsados quienes guarden arraigo familiar en el territorio. “Hay una ola de populismos de derecha, o discursos anti migratorios que en plena época de globalización renacionaliza las políticas migratorias, creando un fantasma o amenaza donde no lo hay en términos numéricos, ni en términos reales”, concluyó.