El mencionado departamento también señaló que hay “cooperación” binacional en materia de “análisis de información de posible amenaza terrorista”.
En el documento denominado “Reporte de País sobre Terrorismo 2009” sostuvo que “Argentina toma seriamente su responsabilidad de proteger su tecnología y materiales nucleares” ya que ha empezado a impartir formación a “otros países sobre las mejores prácticas contra el comercio ilícito de materiales nucleares”.
Luego, al referirse a las acciones llevadas adelante por Argentina tras el atentado terrorista perpetrado en 1994 contra la AMIA, el informe hizo mención al pedido realizado ante las Naciones Unidas por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para que Irán “entregue los sospechosos” de haber participado en el ataque y así “enfrenten cargos en la Argentina”.
Previamente, en 2006, “un juez argentino emitió ordenes de arresto para ocho ex y actuales oficiales de gobierno iraníes y un miembro de Hezbolá que fueron acusados” por el hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 que dejó 85 víctimas fatales e hirió a más de 150 personas.
A su vez, agregó la Cancillería estadounidense, “a pesar de las objeciones iraníes, la Asamblea General de INTERPOL votó en noviembre de 2007 por confirmar la decisión del Comité Ejecutivo y fueron emitidas las `Noticias Rojas´ sobre seis” de esas personas pidiendo su captura.
El reporte mundial que realiza todos los años el Departamento de Estado, incluyó además el hecho de que en junio de 2009 la justicia argentina haya requerido “la captura de un ciudadano colombiano, Samuel Salman El Reda, después de que el Fiscal Especial para la AMIA lo identificó como quien ayudó a coordinar el ataque de 1994”, aunque “se presume” que ya no esté en la Argentina.
Por otro lado, el documento reconoció los “esfuerzos” que realiza el gobierno “contra el lavado de capitales y financiación anti-terrorista” mendiante la Unidad de Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Entidad que a su vez, dijeron, “representa” a la Argentina “en el Grupo de Acción Financiera, el Grupo de Acción Financiera de América del Sur y el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana para el Control del Abusos de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos”.
Entre esos “esfuerzos”, se encuentra por un lado la criminalización del financiamiento terrorista por parte del congreso argentino en 2007, mediante la promulgación de la ley “Asociaciones terroristas ilegales y financiamiento del terrorismo”.
Por otro, las “inspecciones específicas de blanqueo de capitales y financiación anti-terrorista de entidades financieras y casas de cambios” que comenzó un año después la Superintendencia de Bancos del Banco Central argentino.
En ese sentido, mencionaron, tanto el gobierno argentino como el Banco Central “mantienen su compromiso de congelar los activos de grupos terroristas identificados por las Naciones Unidas en instituciones financieras de Argentina”.
Respecto al análisis elaborado sobre la protección fronteriza, el Departamento de Estado sostuvo que durante 2009 Argentina “continuó concentrándose en los desafíos de controlar sus remotas fronteras del norte y noreste” del país.
Incluyendo esto “la Triple Frontera” que comparte con Brasil y Paraguay “contra amenazas como las drogas y la trata de personas, el contrabando y la delincuencia internacional”.
Fuente: Télam
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