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Barrabrava

Denunciaron a Pillín Bracamonte por violencia de género

La víctima es su ex pareja. La amenazó en dos oportunidades con "hacerla matar" después de que la mujer decidiera separarse. La fiscalía lo imputó este miércoles y el juez fijó restricciones para el jefe de la tribuna canalla


Andrés Bracamonte es el mandamás del paravalanchas auriazul y ahora carga con una denuncia de su ex pareja. La presentación se enmarca en una investigación penal por amenazas en un contexto de violencia de género. La víctima habló del sometimiento psicológico que vivió durante una extensa relación de 20 años.

Dos hechos puntuales, ocurridos tras la decisión de terminar con el vínculo, la empujaron a denunciarlo en octubre pasado. Este miércoles Andrés Pillín Bracamonte fue imputado por dos hechos de amenazas simples. “Te voy a hacer matar”, afirmó la víctima que le dijo el barrabrava.

La fiscal Luciana Vallarela encuadró los hechos en un contexto de violencia de género y solicitó medidas restrictivas para Bracamonte. El jefe de la barrabrava de Rosario Central no podrá acercarse a la víctima a 500 metros ni contactarla por cualquier medio. Además, deberá presentarse en el Centro de Justicia Penal cada 15 días y no podrá salir del país sin autorización por el plazo de 3 meses. La decisión la tomó el juez Mariano Aliau.

Pillín fue noticia en septiembre pasado, cuando fue demorado en las afueras de la cancha de Lanús durante la previa del partido por la 16a final de la Copa Argentina que Rosario Central disputó con Talleres. Estaba repartiendo entradas. Esta situación le valió una resolución de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) que le impide el ingreso a las canchas ante cualquier espectáculo futbolístico. Pillín ya estaba, para entonces, separado de su pareja.

El vínculo sentimental de Pillín con la mujer que ahora lo denunció comenzó hace unos 20 años. Se casaron y tuvieron dos hijos. En la denuncia, la víctima destacó que Bracamonte la controló durante toda la relación, que la llamaba todo el tiempo para saber dónde estaba y que ejercía violencia psicológica. Eso lo explicó la fiscal este miércoles. Agregó que la mujer –a la que identificó como N.) dijo que condicionaba sus actos en relación a lo que Bracamonte esperaba de ella y así evitaba discusiones y maltratos.

Vallarela explicó que N. decidió poner fin a la relación y, tras comunicárselo, Bracamonte dejó de hablarla por unos días. Eran las 19 del 27 de marzo cuando N. regresó a la casa que compartían. La fiscal relató que Pillín estuvo muy agresivo y bajo los efectos de estupefacientes. Comenzó a perseguirla alrededor de la mesa con un bate de béisbol mientras la amenazaba: “Te voy a hacer matar”.

El otro hecho que N. denunció ocurrió pasado el mediodía del 19 de octubre. La víctima llegó a su casa y en la puerta había una camioneta blanca. Bracamonte bajó el vidrio y le repitió: “Te voy a hacer matar”. La fiscal aseguró que estos hechos se produjeron en un contexto de violencia de género y la advertencia de encargar a un tercero que la asesinara fueron frecuentes. N. radicó la denuncia ese mismo día en el Centro de Denuncias del Distrito Centro y declaró en dos oportunidades en Fiscalía.

A lo anterior se sumaron otras evidencias. Una cámara de seguridad tomó la presencia de la camioneta Volkswagen Amarok en la que se movilizaba Bracamonte frente al domicilio de la víctima el 19 de octubre, día de la segunda agresión denunciada. Respecto a la primera, en marzo, hay una llamada al 911 con la denuncia de una mujer –que no alcanzó a identificarse pero la fiscal presume que es la misma víctima– que pide auxilio. La fecha y el horario coinciden.

Pillín lo niega

“Es todo mentira”, dijo Bracamonte. “Cuando me separé, fue el primer día que dice la fiscal. Tengo a mi hijo de testigo y lo puedo presentar. El segundo hecho, vi a mi hijo Lucas que iba a la escuela, hace cuatro meses que no me lo dá, lo quise saludar”, siguió Pillín. Y aseguró que no tiene un palo de béisbol. “Estamos peleando por bienes, quiere más plata”, argumentó para refutar la denuncia al tiempo que volvió a ofrecer a su hijo como testigo.

Vallarela pidió medidas alternativas: una prohibición de acercamiento por cualquier medio de Bracamonte a la víctima, la firma quincenal en OGJ (Oficina de Gestión Judicial) y la prohibición de salir del país.

La defensa de Bracamonte, a cargo de Carlos Varela y Adrián Martínez, si bien no se opuso a las medidas pidió que la firma se haga en una comisaría de la jurisdicción del domicilio de Bracamonte. Es una persona conocida y quieren evitar controversias con su presencia, justificó Varela. También pidió que se deje constancia de que puede pedir autorización para salir del país en caso de ser necesario.

La fiscal se mantuvo en su postura y el juez Mariano Aliau resolvió admitir la imputación y disponer una prohibición de acercamiento a 500 metros de la víctima y por cualquier medio, detallando que la relación con el niño podrá mantenerse a través de terceras personas.

El juez no vio motivos para atender el pedido de la defensa y fijó la presencia cada 15 días de Bracamonte en el Centro de Justicia Penal. Además, dispuso la prohibición de salir del país, en ambos casos por el plazo de tres meses.

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