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Denunciaron a Fernando Niembro por lavado de dinero

La Procelac pidió además la imputación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció hoy por lavado de dinero al candidato a diputado nacional por el frente Cambiemos, Fernando Niembro, a su ex socio en «La Usina Producciones», Atilio Meza; al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad.

Además, la Procuraduría pidió la imputación de la ministra de Salud porteña, Gabriela Mabel Reybaud; y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel».

«Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de ‘La Usina Producciones S.R.L.’ por un monto total de $19.473.878,30″ que nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública», dice la denuncia presentada por el titular de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski.

Según indica la presentación, publicada en el sitio www.fiscales.gob.ar, «para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa».

En la denuncia, los funcionarios de la Procelac consideraron que Niembro y su socio «podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos», por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el juzgado nacional en lo criminal de instrucción número 23 sea remitida a la justicia federal, y consideraron el caso «como un posible hecho de corrupción con trascendencia institucional».

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