Por Nazarena Lomagno – El Destape Web
Hay un panorama gris para los empleados de comercio. Junto con sus vaivenes de cambio de fase, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) volvió a extenderse hasta el 30 de agosto en lo que es su prórroga número once desde el 20 de marzo.
Particularmente la región del Amba, en sintonía con otros sectores del país, volvió a un aislamiento más restrictivo. En sintonía con la crisis, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) determinó que el empleo a nivel nacional se contrajo 3,2% en comparación con el año anterior, el nivel más bajo desde principios de 2003, según publicó El Destape web.
El último dato sobre desempleo viene de la mano de la ciudad de Buenos Aires e indica que alcanzó el 14,7% en el segundo trimestre, desde el 10,9% registrado hace un año. Se traduce en 211 mil personas que no tienen trabajo pero están activamente buscando.
En paralelo, se registró una caída de 9,9 puntos porcentuales en la tasa de actividad. En todo el país, si bien la economía mostró un fuerte rebote mensual en mayo, la caída interanual continuó siendo récord.
Específicamente en Caba, dentro de este parate económico que lentamente busca destrabarse, a los trabajadores del sector comercial les cuesta palpar la recuperación real porque, a pesar del reciente anuncio del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de reabrir más locales y la extensión del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en julio.
Desde que comenzó el aislamiento se registran denuncias por despidos o reducciones salariales en grandes comercios. Sin embargo, en medio de la desalentadora situación, se realizó un gran paso por parte del sector gastronómico: los trabajadores nucleados en el Sindicato de Pasteleros lograron acordar mesas de diálogo con las principales cadenas de comidas rápidas.
Cuando el ATP es mayor al salario
La iniciativa surgió porque en los primeros meses de pandemia se registraron reiteradas situaciones donde el salario pagado con el ATP resultaba mayor a la remuneración recibida normalmente. Entonces, cadenas como Wendy’s, KFC, Starbucks, Mc Donald’s, Mostaza y Burger King descontaron esos “excedentes” de la prestación.
Según el abogado del sindicato, Leandro Laurito, los salarios para los trabajadores part time, la mayoría en este rubro, oscilan entre los 12.000 y 14.000 pesos, mientras que el ATP contempla el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de 16.875 pesos.
Las empresas consideraban que ese excedente les pertenecía, en vez de retribuírselos a los trabajadores o, en última instancia, al Estado. El ambiente laboral terminó de calentarse al llegar el pago del aguinaldo. Ese resto acumulado proveniente del ATP se descontaba a la hora de realizar este pago de medio año, como si el empleado estuviera en deuda con el empleador.
Laurito ejemplificó: “Si los primeros dos meses tenían que cobrar 12 mil pesos y cobraban 16 mil, las empresas computaban 4 mil de diferencia. Con el primer pago son ayuda del ATP (aguinaldo) que tuvieron que efectuar, pretendieron compensarlo de ahí. Generaban una bolsa de supuesta deuda para cada trabajador”.
“Pretendieron descontar del aguinaldo este «acumulado de ATP» y en ocasiones, depende del monto descontado, se lo ponían como negativo”, explicó el profesional a El Destape web. Varios empleados, producto de estos descuentos, arrojaron un saldo negativo al no cobrar el pago de medio año y el aguinaldo no figuró en muchos recibos (en plena pandemia).
“El tema del aguinaldo hizo que la situación explote”, reconoció Laurito. Felipe, trabajador de Burger King e integrante de la organización Red de Precarizadxs, enfatizó que la situación no se podría haber dado “si los trabajadores no hubiesen hecho un paro por un día”.
Por todo esto es que las mesas de trabajo, articuladas con abogados del sindicato, fueron una buena idea para poder restituir como grandes logros los derechos básicos. Fruto de las negociaciones virtuales, es que estas empresas, excepto Mostaza, admitieron las irregularidades y restituyeron el pago del aguinaldo.
“Desde el lado gremial es el primer paso como un reconocimiento de una mesa franca donde se diga «es verdad, no pague bien». Hay buena voluntad de ambas partes para buscar soluciones consensuadas”, dijo el abogado.
La última empresa con la que se estableció la misma modalidad de acuerdos es La Continental. La pizzería tampoco había abonado el pago de medio año en tiempo y forma.
Laurito destacó, además, que constantemente se publican nuevas normativas y “son difíciles de interpretar cuando cada uno tira para su lado”. “Hay que solucionar para tirar para adelante”, reflexionó.
El Estado, por su parte, contribuye con audiencias provenientes del Ministerio de Trabajo, que se encargan de chequear los acuerdos entre privados. Las mesas de trabajo o de diálogo quedarán abiertas mínimamente durante la extensión del aislamiento y tienen como función agarrar los problemas antes de que sucedan.
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