Vecinos de Villa Constitución denunciaron a una conocida inmobiliaria por incumplir con el contrato fiduciario de unos 900 terrenos del lote “Villa Don Carlos”, ubicado en la vecina localidad. Se trata de unos 800 damnificados que reclaman la posesión de los predios y la culminación de las obras prometidas en el contrato que venció en 2014. Los fiduciarios denunciaron además la reventa de terrenos y la falta de respuesta de la firma que abandonó el domicilio en Rosario y en la vecina localidad sin que la totalidad de los vecinos hayan completado el pago de las cuotas. Ante esta situación, interpusieron una medida cautelar por incumplimiento contractual y daños. En paralelo, el municipio de Villa Constitución lleva adelante una causa penal de la que participa como querellante, la cual se encuentra frenada desde fines del año pasado.
En 2011 el grupo Lands SA-Inmobiliaria Gilli –cuestionados por los emprendimientos Funes Town y Funes City– adquirió unos terrenos que luego serían vendidos a través de un fideicomiso. El proyecto contó con el apoyo de la Municipalidad de Villa Constitución y se difundió como una “oportunidad para satisfacer la gran demanda de vivienda”.
En total fueron 700 lotes para la venta, más otros 200 reservados como garantías del municipio. Los predios fueron vendidos a un valor que en su momento rondó entre los 9 y los 20 mil dólares. El contrato de adhesión que firmaron unos 700 vecinos establecía que durante 3 años la inmobiliaria se comprometía a realizar obras de infraestructura, en tanto los fiduciarios completaban el pago de las cuotas en dólares.
Pero al término de los 3 años, las cuotas fueron saldadas y las obras no aparecieron. Los vecinos denunciaron que la firma desapareció de la localidad y tampoco responde en el domicilio que figura en Rosario. A raíz de estos inconvenientes y después de reiterados intentos, decidieron acudir a la Justicia y pedir una medida cautelar para lograr la posesión y la escritura de los lotes.
Además del incumplimiento en las obras, los vecinos denunciaron la reventa de terrenos, la comercialización de los 200 lotes reservados para garantía y el desconocimiento, en algunos casos, de la figura del fideicomiso. Incluso hubo quienes habían salido sorteados para el plan Procrear y no pudieron acceder ya que no les fue entregado el terreno.
“Presentamos unos primeros diez casos testigos para lograr la posesión y la finalización de las obras pautadas. Queremos que cada persona tenga delimitado y sepa cuál es su terreno, con la correspondiente posesión y la escritura”, señaló Carina Tomasi, abogada de los damnificados.
La letrada advirtió que dos de los pedidos de cautelares ya se encuentran en la Cámara. Es decir, en segunda instancia. Uno de ellos se pidió ante el rechazo inicial para que la causa se desarrolle en el juzgado de Villa Constitución –una de las cláusulas del contrato establecía a Rosario como jurisdicción–.
Tomasi indicó que en caso de que no se acepten las solicitudes continuarán con la demanda principal por incumplimiento contractual, daños y perjuicios.
Bajo la lupa
La gestión municipal a cargo de Jorge Berti realizó en 2014 una denuncia penal por la presunta comercialización de los 200 lotes que el fiduciario debía dejar en poder de la Municipalidad en calidad de garantía.
El director de Asuntos Legales y Técnicos del municipio sostuvo que esos terrenos fueron desviados o vendidos como parte del fideicomiso.
El 10 de mayo de 2016, las oficinas de Gilli inmobiliaria fueron allanadas por orden del fiscal regional Jorge Baclini, que designó al fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, Sebastián Narvaja, para que investigue el caso de supuesta estafa en Villa Don Carlos.
Tras el allanamiento, uno de los integrantes de la inmobiliaria fue relacionado con el campo de Villa Amelia que disparó una resonante causa de megaestafa.
Historia de una firma conflictiva
La Inmobiliaria Gilli ya había quedado en el ojo de la tormenta por la venta de otros dos emprendimientos en la región; Funes Town y Funes City, que en conjunto suman unas 2.500 parcelas y forman así el emprendimiento de ese tipo más grande de esa localidad.
La firma fue cuestionada por lo mismo que ahora se denuncia en Villa Constitución: comercializar los loteos sin presentar previamente carpetas ante el gobierno provincial del impacto ambiental que generaría el proyecto ni prever obras para mitigar los efectos. Eso incluyó la falta de planificación del tendido cloacal, estudios de impacto vial y tareas que restrinjan la posibilidad de inundaciones.
El hecho generó bronca entre los compradores, quienes quedaron en el medio de una situación complicada ya que sin la aprobación definitiva también vieron demorado durante largo tiempo el trámite de sus escrituras.
Además cuestionaron (algo que sigue hasta el día de hoy) a Gilli por el incumplimiento en los plazos de finalización de obras de servicios, como agua potable y gas natural.
En tanto, Gilli también fue una de las 12 inmobiliarias que el municipio de Rosario clausuró temporalmente el año pasado al poner en práctica con inspecciones la nueva ordenanza que regula el corretaje inmobiliario en la ciudad.
La compañía fue cerrada al no contar con ningún matriculado al frente. Tal vez por eso sea que la empresa haya abandonado el domicilio en Rosario, según especulaban algunas fuentes consultadas.
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