Por: Pablo Moscatello
Un grupo de vecinos de la ciudad presentó en los Tribunales provinciales una demanda penal contra la Municipalidad por presuntas irregularidades en la habilitación de las obras del complejo de viviendas más fastuoso que se está construyendo por estas horas en Rosario, Ciudad Ribera, proyecto que se ejecuta en la zona de Puerto Norte. Según plantean los vecinos, el emprendimiento que llevan adelante las empresas Ciudad Ribera, Puerto Norte Rosario, Ingeconser y Caputo Construcciones y Servicios viola el artículo 2639/40 del Código Civil, que establece que deben quedar 35 metros libres a la orilla de los ríos navegables del país, espacio conocido como camino de sirga.
Si bien el reclamo ha comenzado a tomar estado público a partir de la denuncia que se acaba de realizar en la Justicia, quienes lo llevan adelante plantean que el mismo no es nuevo y que han llegado a esta instancia luego de ser ignorados por el municipio. “En marzo de 2009, nosotros presentamos una carta documento donde se reclamaba el derecho a transitar libremente por las costas, como lo establece la ley 2639. Ese pedido nunca fue respondido y hasta hora lo único que hay es silencio”, explicó el abogado de los denunciantes, Norberto Olivares. La presentación judicial se realizó el 2 del corriente y la causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 a cargo del juez Marcelo Quiroga.
En rigor, lo que se plantea en la denuncia, la cual fue motorizada por Víctor Schmid, un histórico dirigente barrial de la zona de Malvinas, pero que también cuenta con el respaldo de ciudadanos de distintos puntos de la ciudad y lleva la firma de cinco personas, es que lo que se está violando en este caso es el artículo 2639/40 del Código Civil, que al referirse al camino de sirga (que reseña al espacio que era necesario reservar para remolcar desde la orilla a las embarcaciones impedidas de hacerlo por sus propios medios) establece que deben quedar 35 metros libres en la orilla de los cursos de aguas, especialmente donde éstos atraviesan o tienen a su vera terrenos urbanizados.
En concreto, ese apartado de Código Civil establece que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de ninguna manera”. Según plantea el letrado patrocinante el Código Civil es claro respecto del camino de sirga: ese espacio debe ser de uso público.
Lo que se plantea en este caso es una contradicción entre lo que ha dictaminado el municipio por un lado y lo que rige en una ley nacional por otro. “Entre una norma del Código Civil y una ordenanza municipal indiscutiblemente debe tener primacía la regulación del Código Civil”, argumentó Olivares al explicar su posición. La ordenanza a la que hace referencia el letrado es la 8237/08, que hace casi dos años habilitó la construcción del proyecto omitiendo la irregularidad en la construcción.
En realidad, los denunciantes sostienen que el gobierno que encabeza Miguel Lifschitz comenzó a allanarles el camino a los empresarios para la construcción del megacomplejo un par de años antes, sancionando en febrero de 2006 el decreto 0237 que autoriza a “tramitar habilitaciones de carácter revocable y precario de locales, hasta tanto el gobierno nacional no determine el camino de sirga, que es el órgano competente (por intermedio de Vías Navegables) que lo tiene que realizar, y que hasta el momento no ha establecido”. Ese año el socialismo también contaba con mayoría absoluta en el Concejo municipal.
“Lo que plantean desde el municipio es que es Vías Navegables de la Nación quien debe actuar, y no ellos. Pero el tema es que es precisamente el gobierno local el que debe pedir la intervención de ese organismo en el caso, y no lo hacen”, explicó Schmid, quien también agregó, sembrando más dudas al respecto, que “la promoción y la venta de inmuebles ya había comenzado antes de que las obras estuvieran habilitadas”. “Eso algo dice, me parece”, agregó.
En el reclamo a la Justicia, al que tuvo acceso este medio, los vecinos piden la suspensión preventiva y el cese inmediato y provisorio de la obra emplazada en la intersección de las calles Gorriti e Ingeniero Thedy y le solicitan al Concejo Municipal que derogue las ordenanzas que habilitaron la construcción de Ciudad Ribera.
“En el fondo lo que se juega acá es el proyecto de ciudad: si se les otorgan espacios importantes a los privados o si se respetan los espacios públicos como debe ser. Me parece que ése es el tema de fondo”, sostuvo casi a modo de conclusión Olivares.
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