Ezequiel Nieva
¿Qué hay detrás de la Cobertura Universal de la Salud (CUS) que promueve el gobierno de Mauricio Macri? Para las entidades que conforman el Movimiento por el Derecho a la Salud, se trata de un primer paso hacia la privatización del servicio de salud en todo el país, mediante transferencias de fondos al sector privado y de la implementación de un sistema de premios y castigos que evaluará la eficacia de cada distrito.
La CUS es el nuevo sistema que intenta aplicar el gobierno de Cambiemos con apoyo del Banco Mundial. Ya adhirieron ocho provincias: Chaco, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta y San Juan. Hasta el momento, Santa Fe no firmó, aunque el gobierno provincial se encuentra estudiando las ventajas y desventajas del nuevo sistema.
El Movimiento por el Derecho a la Salud –del que forma parte el gremio Siprus, entre otras entidades– divulgó un documento en el que denuncian que el Banco Mundial va a liberar fondos para aplicar la CUS y, para ello, el Ministerio de Salud de la Nación “chantajea a las provincias” para que firmen su adhesión al nuevo sistema.
“Casi en simultáneo con el anuncio del acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, se conoció la noticia de la ampliación del crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares para la instrumentación de la CUS”, indicaron desde el Movimiento por el Derecho a la Salud.
Esa línea de créditos comenzó en 2002 y fue aplicada al Plan Nacer; en 2011 se amplió para instrumentar el Plan Sumar y ahora se extiende para apoyar la CUS. Según el documento, los organismos internacionales de crédito “mantienen una línea coherente: establecer un seguro de pobres en Argentina, transferir a estos seguros los fondos de los presupuestos históricos de hospitales y centros de salud, convirtiéndolos en un actor más en el mercado, actor que deberá salir al ruedo a competir por ‘la clientela’, mejorando su eficiencia a través de un sistema de premios y castigos económicos para el personal”.
En otro tramo del escrito, los profesionales de la salud denuncian que “el recorte de salarios e ingreso de personal en el sector público de salud empeorará la situación de achique actualmente en marcha”. Y mencionan, entre otros casos, cesantías en los hospitales Posadas (provincia de Buenos Aires) y Garrahan (ciudad de Buenos Aires).
“La amenaza por ahora frenada de un ajuste en el hospital de El Cruce, el plan de cierre de cinco hospitales en la ciudad de Buenos Aires, el anuncio de la gobernadora (María Eugenia) Vidal de no poner en marcha los cinco hospitales en construcción en el conurbano bonaerense, muestran la decisión clara de la administración de Macri de disminuir drásticamente la oferta de servicios públicos gratuitos de salud pública”, agregaron.
“Campaña de presiones”
Según denunciaron desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, el ministro de Salud de la Nación “con los fondos frescos del Banco Mundial ha lanzado una campaña de presiones sobre las provincias que no firmaron la CUS”. Entre ellas, Santa Fe.
En la última reunión del Consejo Federal de Salud se anunció que las provincias que no firmen la CUS no sólo no recibirán estos fondos frescos, sino que tampoco recibirán los programas nacionales de medicamentos, vacunación y otros ya vigentes, todos rebautizados CUS.
“Este chantaje se centró en particular en la provincia de Santa Fe, cuyo gobierno no ha adherido a la CUS. Si la amenaza del ministro (de Salud de la Nación Adolfo) Rubinstein se lleva cabo, Santa Fe dejará de recibir hasta el 8% de su presupuesto sanitario lo cual configura un verdadero atentado contra la salud de los santafesinos de índole claramente anticonstitucional, ya que los programas se financian con impuestos coparticipables como el IVA, que pagan todos los pobladores de la provincia, en particular los más pobres”.
“Todo es posible”
Consultada por El Ciudadano, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, no descartó la denuncia gremial sobre un eventual recorte de fondos: “Todo es posible. Hay que ver cuál es la propuesta final de la Nación”.
Santa Fe responderá en agosto, durante la reunión del Consejo Federal de Salud, si adhiere o no a la CUS. “No tenemos una situación de corte de insumos por no haber firmado la CUS”, aclaró Uboldi. “Estamos haciendo una evaluación sobre qué implicaría firmar o no firmar, todavía no está definido. La provincia no ha tomado una decisión. Estamos evaluando las propuestas de la Nación. Vamos a responder en la reunión de del Consejo Federal de Salud, en los primeros días de agosto”.
Uboldi explicó que “en este momento no hay una cuestión de separar las provincias que firmaron la CUS de las que no lo hicieron. Eso no está definido. Nosotros necesitamos una definición sobre qué va a incluir la CUS, qué financiamiento va a tener”.
No obstante, la ministra de Salud de Santa Fe confirmó que hay retrasos en el envío de recursos, aunque no los vinculó con el hecho de no haber adherido al nuevo sistema: “Hasta el momento no tenemos diferencias por no haber adherido a la CUS. De lo que habitualmente la Nación debe mandar, no hubo recortes por no haber firmado la CUS. Sí hay dificultades con el envío de vacunas, con el pago de traslados, diálisis y drogas de alto costo, pero eso no está vinculado sólo a Santa Fe; es a nivel nacional en todas las provincias”.
“Política privatista”
En su documento, el Movimiento por el Derecho a la Salud sostiene que la CUS “es una política focal y privatista instrumentada por decreto que no ha pasado por el tamiz del debate social y parlamentario. En tal sentido, las provincias que decidan no adherir hacen uso de sus derechos amparados por la Constitución Nacional”.
“Es obligación irrenunciable del Estado Federal transferir a las provincias los recursos de los programas nacionales vigentes para la instrumentación de los planes vacunación, medicación antituberculosa, HIV, salud sexual y reproductiva y otros. La sola amenaza de su discontinuidad es ya un atentado a la salud de los argentinos y una grave violación del federalismo”, añadieron.
Por ello, exhortan al gobierno nacional “a discontinuar la aplicación inconsulta de la CUS y a abrir un debate parlamentario con participación de todos los actores del campo sanitario para instrumentar un plan nacional de salud universal, gratuita y de calidad”. Además, hacen un llamado para que la provincia de Santa Fe sostenga su posición de no adherir al nuevo sistema.
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