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Reclamo

Denuncian el peligro de empoderar a las fuerzas armadas

Organizaciones sociales manifestaron su malestar por los cambios en el protocolo policial que permite alojar una bala en la recámara. Además advirtieron sobre el peligro de traer más uniformados en convenio con la Nación


Distintas organizaciones sociales de la ciudad manifestaron  su preocupación por la ola de violencia desatada en la ciudad y la provincia y rechazan que la solución pase por darle más poder a las fuerzas de seguridad.   El nuevo protocolo, así como el acuerdo con Nación para el envío de más policías es considerado peligroso por las organizaciones y recordaron a las víctimas del gatillo fácil que se registraron en la ciudad.

El reclamo es que “no se ponga en práctica el nuevo protocolo policial. El camino es más educación pública, más trabajo, salud, derecho de todos a transitar tranquilos en cada barrio sin hostigamiento policial”, expresaron las organizaciones

En ese orden, las agrupaciones han señalado que tras la purga policial, “el gobierno provincial nombró como Jefe de Policía a Víctor Sarnaglia, quien inmediatamente al asumir el cargo, modificó un protocolo de 1998 para permitir que la fuerza pueda llevar una bala cargada en la recámara del arma , justamente en la provincia donde fueron asesinados entre otros, Pocho Lepratti, Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Michel Campero, David Campos y dónde María De Los Ángeles Paris fue hallada muerta, desnuda y esposada en una comisaría”

“Es importante destacar que esto se da en un contexto donde muchos  jóvenes son hostigados por el solo hecho de estar en calles, plazas o bares en horas de la noche o de madrugada”, agregaron.

“Quienes adherimos a esta carta no sólo hemos enfrentado la impunidad de estos casos, sino que también sostuvimos la crítica y el repudio enérgico contra la  llamada Doctrina Chocobar, impulsada por la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y por ello, hoy decidimos no hacer oídos sordos a esta legitimación del uso de la fuerza por parte de la policia provincial, que contarán con otra bala lista para reprimir y matar”

“A su vez advertimos que el acuerdo realizado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia, sobre el envío de 3000 miembros de las fuerzas federales, no constituye una solución real al problema del narcotráfico y la narcocriminalidad, ya que más bien tiene visos y características de militarización sobre los barrios populares de la ciudad, aunque se hable de pacificación en los territorios”, se pronunciaron las organizaciones

En ese sentido recordaron que, “tras la experiencia de 2014, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) pudo registrar 42 denuncias contra la Gendarmería Nacional por detenciones ilegítimas en las garitas. En el 86% de los casos, las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. Además, de acuerdo a relatos recabados, en ese período los gendarmes torturaron e incomunicaron por lo menos a 53 personas. Y cerca de 100 jóvenes fueron asesinados en todo el país por el gatillo fácil de esta fuerza de ocupación barrial.”

Sin embargo, “en 2016 las autoridades nacionales y provinciales volvieron a realizar un operativo de estas características, que se tradujo en resultados ineficientes que no disminuyeron el crimen organizado ni el narcotráfico, sólo demostrando que las consecuencias fueron la criminalización de la juventud y de los sectores populares”, remarcaron

“Desde nuestras organizaciones consideramos que el problema del narcotráfico y de la narcocriminalidad no sólo afecta a nuestra región, sino que tiene una escala global que aporta al desarrollo de un amplio porcentaje del PBI de las economías del mundo en la actualidad (junto con otras ramas de la economía ilegal). Por ello, al hablar del narcotráfico en nuestra ciudad y zona de influencia, no podemos apuntar siempre al último eslabón de la cadena, sino que más bien debemos enfocarnos en aquellos grandes grupos de poder que financian todo el circuito del narcotráfico y que están ligados a los grandes negocios inmobiliarios, financieros y de juego, los cuales ciertamente no han sido desarmados, ni sus agentes procesados ni detenidos”, propusieron

“Quienes trabajamos en las escuelas, las APS y los territorios de nuestra ciudad, necesitamos políticas integrales de salud, educación y trabajo, y no una ocupación, donde la cuestión social ocupe un lugar central: para buscar a los narcos y a los lavadores de dinero no hace falta ocupar un barrio, sino asumir que es un negocio que se encuentra concentrado en pocas manos y en grupos específicos de poder.”, revelaron

Las organizaciones plantearon que, “ afirmamos que no es con mayor control social y políticas punitivo-represivas que vamos a combatir este flagelo, sino que abogamos por políticas sociales intensificadas, integrales, que conviertan a nuestros/as pibes/as en sujetos de derechos a través de espacios públicos para la desarrollo pleno de nuestra juventud (plazas, parques, dispositivos integrales de recreación), trabajo, bibliotecas y políticas públicas que generen oportunidades a futuro para dicha juventud.”

 

 

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