La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) de Tucumán denunció al legislador local Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, ante el Inadi por dichos formulados el último miércoles en una radio porteña donde negó los femicidios y la violencia contra las mujeres.
En esa ocasión Bussi declaró: “No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer” y también afirmó que “el hombre y la mujer no son iguales” en una entrevista con la radio online Futurock al ser consultado sobre la ley nacional 27.499, conocida como “ley Micaela”.
“Este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres en situación de violencia, las revictimiza y ofende a los familiares de víctimas de femicidios y al colectivo femenino en general, ya que intencionalmente desconoce lo que se ha avanzado en materia de derechos en el mundo y en Argentina”, señaló la denuncia presentada el lunes y difundida este martes en redes sociales.
Desde Mumalá agregaron que Bussi, “con sus dichos aberrantes y discriminatorios, niega e instala un discurso que profundiza en el imaginario social la desigualdad entre hombres y mujeres, que tiene consecuencias extremas cuando se trata de la violencia de género”.
“Las declaraciones del legislador demuestran la importancia de que Tucumán adhiera a la ley Micaela; esperamos que el legislador reflexione y se retracte públicamente”, agregó la organización feminista.
Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley Micaela y registra seis femicidios en lo que va del año, por lo cual varios sectores en la provincia reclaman la puesta en marcha de la normativa.
El tema se tratará en la próxima sesión de la Legislatura provincial, prevista para el próximo jueves a las 8.30, donde la comisión de Derechos de la Mujer tendrá la tarea de consensuar con los representantes de los bloques que presentaron proyectos.
La demora en la adhesión de Tucumán la norma motivó varias reacciones en las últimas horas y el gobernador Juan Manzur se pronunció a favor de que la Legislatura adhiera a la ley nacional.
“Soy conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género y de que se acrecentó” durante la pandemia de coronavirus, había dicho Manzur a los medios locales cuando se conoció la fecha de la sesión legislativa.
La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todo el personal de la función pública de los tres poderes.
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