Colsecor (*)
El próximo 10 de diciembre se cumplirán 40 años del regreso de la democracia, tras la última dictadura cívico-militar. El aniversario transcurre en una atmósfera compleja a nivel político, económico y social, y en un clima de discursos de odio y negacionismo, encabezado, incluso, por candidatos a cargos electivos.
Por esto, se vuelve necesario reabrir cuestiones en torno a democracia y ciudadanía, que aquí presentamos en siete ejes para la reflexión.
A nivel mundial hay tendencias políticas de derecha extrema y sectores de poder económico con intereses que no podrían desarrollarse y consolidarse si no fuese a costa de la convivencia democrática.
Ese ambiente tiene eco en la región y en nuestro país. Lo que está en riesgo no es menor: son acuerdos consolidados socialmente y de ejercicio de la ciudadanía, que se construyeron a partir de la lucha por los derechos humanos y los derechos sociales y políticos, en los que participaron, no sólo las decisiones de gobiernos, sino la sociedad civil: movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, la comunidad educativa, los jóvenes, movimientos feministas, entre otros.
La cuestión de la democracia nos interpela como integración cooperativa y, en ese sentido, desde la Fundación Colsecor proponemos una agenda pública que invite a la reflexión crítica sobre los riesgos que tenemos como ciudadanía cuando la propuesta es “democracia controlada o restringida”; cuando se quiere eliminar y no ampliar derechos; cuando se erosionan valores inherentes a ese pacto democrático cuando Raúl Alfonsín asumió como presidente de la Nación, hace casi 40 años.
Queda dicho, la democracia no es solo un sistema político, o de gobierno, sino también una forma de vida y bajo esa premisa queremos reflexionar sobre los siguientes siete puntos.
1. Conquista de derechos
Fortalecer la democracia es dotar de más derechos, no quitarlos y, en mayor o menor medida, en el transcurrir de los gobiernos elegidos, desde 1983, hubo una ampliación de derechos en Argentina, no solo en términos de ejercicio de la ciudadanía política y derechos humanos; se conquistaron derechos con impacto en el día a día, que se tornan necesario proteger.
1985: se sancionó la Igualdad ante la ley de hijos e hijas extramatrimoniales y patria potestad (Ley 23.264)
1987: Divorcio vincular (Ley 23.515)
1991: Acceso de las mujeres al sistema político argentino (Ley 24.012 Cupo femenino).
2006: Programa Nacional de Educación sexual integral (Ley 26.150 ESI)
2008: Sistema Integrado Previsional Argentino (Ley 26.425)
2009: Protección Integral a las Mujeres para erradicar la violencia de género en todas sus dimensiones (Ley 26.485)
2010: Matrimonio Igualitario (Ley 26.618)
2012: Identidad de Género (Ley 26.743)
2016: Acceso a la información pública
2020: Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610)
2. Memoria social
¿Memoria para qué? Si hay algo que nos enseñaron los organismos de derechos humanos y diversos espacios sociales y políticos en estos 40 años es que la lucha por la convivencia democrática implica la memoria activa y colectiva. Un claro ejemplo fue la movilización histórica en contra del 2×1 en el año 2017.
La presión popular, materializada en una multitudinaria marcha hacia Plaza de Mayo, logró frenar que la Corte Suprema bajara las penas a los genocidas. El repudio, además de masivo, se caracterizó por haber sido diverso y heterogéneo en sus procedencias político-partidarias, sociales y generacionales. Se marchó bajo la consigna del Nunca Más y en defensa de los juicios de lesa humanidad, principios básicos de la democracia.
Los reconocimientos por proteger los espacios de memoria tarde o temprano llegan: la Unesco declaró patrimonio de la humanidad a la Ex Esma. La Escuela de Mecánica de la Armada ingresó a una lista de sitios de la memoria donde están incluidos el Campo de Concentración Nazi Auschwitz, en Polonia, y el Memorial de la Paz de Hiroshima, en Japón, entre otros lugares que recuerdan a víctimas de crímenes de lesa humanidad.
La visita reciente de la científica estadounidense, Mary-Claire King, también se encuadra en esta búsqueda de mantener viva la memoria social sobre derechos humanos. King es la especialista que desarrolló el “índice de abuelidad” que permite, desde el año 1984, identificar genéticamente a los nietos apropiados durante la última dictadura.
Fue la única genetista que se atrevió a desarrollar a pedido de las Abuelas el cálculo estadístico que, a partir de material genético, posibilita conocer con un 99,9% de certeza el parentesco entre nietos y abuelos, sin tener datos de los padres. Todo ello se logra cuando se hace de la memoria una política de estado.
3. Participación ciudadana
Según los datos aportados por la última Medición de Calidad de Vida, de la Fundación Colsecor, aumentó significativamente la participación ciudadana en las instituciones. Así, de las 13 opciones presentadas, los clubes o entidades deportivas concentraron la mayor cantidad de respuestas (32,8%), seguidos de los partidos u organizaciones políticas con el 27,2% y las asociaciones escolares o de padres con el 26,5%.
(https://www.fundacioncolsecor.org.ar/informes/subio-significativamente-participacion-instituciones-n12729)
La democracia participativa no se reduce a lo electoral y político. Participar en las escuelas, en los clubes del barrio, en las cooperativas y organizaciones territoriales brinda herramientas para la defensa de los sectores más desfavorecidos, en contextos donde el riesgo es el retiro del Estado.
4. Democracia y Educación
La educación fue uno de los lugares que la dictadura eligió para golpear a la sociedad. Desde qué historias contar, qué temas prohibir y a quienes perseguir, todo lo que implicaba educación pasó por el filtro y la crueldad de la Junta Militar.
Basta con recordar la Noche de los Lápices, aquel 16 de septiembre de 1976, dia del secuestro y desaparición de 10 jóvenes estudiantes del nivel secundario de la ciudad La Plata, cuyo reclamo más recordado fue el boleto estudiantil, pero la lucha de fondo era más ambiciosa: la participación y el derecho a organización que tienen los y las estudiantes.
No hay democracia plena sin el acceso a la educación. Y para que ese acceso sea equitativo y universal es necesario sostener la calidad educativa pública, obligatoria y gratuita, desde el nivel inicial al universitario. Las posturas de algunos candidatos que impulsan un sistema de “vouchers y cheques educativos”, no busca más que eliminar un derecho conquistado desde hace décadas.
En 2024 se cumplirán 75 años de la sanción de gratuidad universitaria en Argentina, uno de los logros más importantes en materia educativa en nuestro país.
Por otro lado, ciertos sectores políticos y religiosos batallan contra la Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006. Motivados por un clima de intolerancia y de discursos de odio, que son, además de falsos, peligrosos. Distintos estudios demuestran que la implementación de esta política nacional ayudó a estudiantes, por ejemplo, en que puedan reconocer delitos de abuso sexual.
Vale destacar aquí que, en la cuarta edición de la Medición de Calidad de Vida, se consultó sobre la satisfacción en la educación en los niveles obligatorios de la localidad donde se habita.
Si bien los datos, en promedio, arrojaron una baja en la percepción positiva en torno a la oferta respecto a años anteriores, los puntos a destacar son, por un lado, una mayor satisfacción en pueblos más pequeños más que en las grandes ciudades y, por otro, que el sector de jóvenes (franja de 16 a 24) es el que más valoración le adjudicó a la educación: el 62,5% dijo estar algo o muy satisfecho con la calidad educativa en Argentina.
5. Ciencia, Salud y debate climático
Es esencial defender las políticas públicas en torno a la ciencia, la salud y el cuidado del ambiente, especialmente en contextos como el actual, cuando sectores más radicalizados proponen desde eliminar instituciones prestigiosas como Conicet, retirar presupuesto de los hospitales; generar competencia entre el sistema público y privado, hacer que los y las ciudadanas accedan a la salud en función de sus posibilidades económicas y desjerarquizar, otra vez, el ministerio de salud.
Propuestas que sólo ampliarán aún más las brechas sociales y las desigualdades. Debate similar se da con la crisis climática. Negar que en la actualidad ya sufrimos los impactos, las pérdidas y los daños del cambio climático es necio y peligroso, cuando el calentamiento global es un hecho del que existe un sólido consenso científico. De no atenderse esta dimensión, promoviendo políticas que contrarresten o atenúen el impacto, habrá consecuencias graves, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.
6. Equidad social
Reducir la pobreza es fortalecer la democracia. En tanto una parte importante de la población no pueda acceder a bienes y servicios que hacen al desarrollo humano, es posible que se debiliten los tensores que sostienen una sociedad democrática. Para ello, ampliar derechos, impulsar el crecimiento equitativo, contribuir al bienestar colectivo, es clave en la lucha contra las desigualdades.
La agenda sobre inequidades sociales es parte de las preocupaciones y los retos del cooperativismo.
7. Solidaridad
Valores inherentes a la democracia son la tolerancia y la igualdad. Ninguno podría materializarse si no es a partir de tener empatía con el otro/a, base para la convivencia democrática. Un dato que sobresale de la cuarta Medición de Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades de Argentina, es el lugar que ocupar el tópico de la solidaridad: a diferencia de los años previos, la mayoría la ubicó como valor más importante, por delante de la libertad y el orden.
Desde las ciencias sociales, hoy se entiende que la solidaridad constituye un eje medular de una cultura favorable al desarrollo. Desde Colsecor, no sólo compartimos esa premisa, sino que es parte de nuestros objetivos como Fundación: estrechar los vínculos de solidaridad y cooperación con las diferentes comunidades.
(*) Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión
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