Alvaro Arellano
Durante los últimos años cobraron relevancia una serie de causas judiciales relacionadas con presuntos delitos económicos en la región. El hilo conductor entre cada uno de esos expedientes es el desarrollo de emprendimientos financieros en un contexto de creciente especulación. En diálogo con El Ciudadano, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio público de la Acusación (MPA), Sebastián Narvaja, analizó la expansión de un fenómeno que expone la falta de rigurosidad en los órganos de fiscalización previos a la llegada de estos casos a la Justicia. Una vez en el banquillo, los acusados hacen un despliegue de recursos que supera incluso a los que tiene a disposición el Estado.
En el período mencionado, Sebastián Grimaldi, Luis Herrera, Guardati y Torti, Zoe Capital, Daniel Casanovas, fueron quizás los casos más emblemáticos de este esquema especulativo, que derivaron en estafas millonarias, denuncias de clientes y avances de la Justicia con imputaciones, aunque por el momento ningún detenido. En paralelo, la fiscalía también avanza en la causa Vicentin, que si bien cuenta con un plan de negocios distinto al de los mencionados anteriormente, los vincula que sus directivos siguen bajo la lupa por maniobras que presuponen la elusión de controles o la vulneración de los mismos.
Narvaja describió parte de la ingeniería que permite la conformación de las estructuras financieras, pero particularmente apuntó a la laxitud de los controles sobre estos mecanismos. “Hoy se ven muchos emprendimientos financieros que entran en crisis y terminan desencadenando fraudes masivos. En un contexto de poca regulación, la falta de controles genera muchos nichos de especulación”, señaló.
En los casos mencionados, la operatoria consta de la captación de fondos públicos con la promesa de una rentabilidad superior a la que ofrece el mercado tradicional. En cada uno de ellos, el problema se desencadenó cuando los clientes fueron a reclamar su dinero y se encontraron con la falta de liquidez. Mientras la Justicia avanza en estas causas, queda en evidencia el volumen de recursos y el poderío que detentan los grupos económicos que se sientan en el banquillo.
—En estos últimos años se conocieron una serie de causas emblemáticas por fraude y estafa. ¿Tiene que ver con un crecimiento de la actividad financiera o un avance de la Justicia sobre sobre este tipo de ilícitos?
—Acá tuvimos una crisis muy importante que precede lo sucedido en esos últimos años con cerealeras o agrofinancieras. Hubo un período de especulación muy fuerte, asociado a instrumentos para evadir regulaciones cambiarias como los esquemas de contrabando de monedas que sostiene el mercado negro de la comercialización de dólares y una gran especulación con títulos que pagaban tasas desmesuradas, pero luego terminaron siendo muy poco confiables porque terminaron siendo defaulteados, como el caso de de letes, lecap o leliq. Eso fue generando endeudamiento y crisis hasta que el gobierno (en ese momento de Mauricio Macri) terminó haciendo lo que llamó “Reperfilamiento”. Había muchas maniobras especulativas en torno a esos instrumentos. Muchas de esas maniobras se llevaron adelante para evitar controles o disimular situaciones y de esa manera sostener ciclos de especulación.
—¿Las fallas en estas estructuras tienen que ver con ese contexto o pueden aprovechar el contexto para justificar pérdidas?
—La actividad privada empresarial es una actividad que trabaja sobre riesgos, y esos riesgos son los que están asociados a la obtención de ganancias. Hay niveles de riesgos por sobre los cuales se generan peligros que deberían prevenirse. Entre las actividades generadoras de riesgos está la actividad financiera. El problema es que si lo financiero está sentado sobre confianza y expectativa, cuando se producen pérdidas colectivas de confianza se generan las crisis. Hoy se ven muchos emprendimientos financieros que entran en crisis y terminan desencadenando fraudes masivos. En un contexto de poca regulación, esa falta de controles genera muchos nichos de especulación. Hubo un período de especulación muy fuerte a través de lo que se denomina bicicleta financiera.
—¿Los casos que se investigan llegan a denuncias por fraude o estafa por fallas previas en los mecanismos de control?
—Esos esquemas de especulación aprovechan grietas de un sistema de controles económicos muy lábiles. Por ejemplo, la superintendencia de entidades financieras del Banco Central es una forma de control que se ejerce de manera muy lábil, ciertos controles tributarios también. La regulación de todo lo que es lavado de activos tiene una debilidad importante. La UIF, en concreto, que encabeza el sistema de prevención, tuvo un período muy débil previo a 2011, luego hubo un esfuerzo grande por fortalecer ese modelo de control (hasta 2015), y después entramos en un período de debilitamiento de controles. Los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV) también son lábiles, desde mi punto de vista nuestro derecho administrativo sancionador también es bastante débil e ineficaz. Eso debería ser uno de los filtros que operen para evitar que se lleguen a cometer delitos.
—¿Es un problema de fiscalización o de la Justicia?
—Es un problema de derecho administrativo, que incluye una parte de fiscalización y lo legal, que es la parte sancionatoria. Si Afip aplica una multa, se encuentra con un derecho administrativo muy burocratizado. Si el Banco Central hace un sumario a una cueva, probablemente ese sumario dure cinco años, después va a revisión, entonces se termina dilatando. Que no haya un sistema sancionatorio sólido es un problema, porque debería ser una parte central de la regulación económica y de la prevención de delitos. La justicia administrativa no es ágil, ahí ocurren muchos fenómeno; que entre la nada y la Justicia penal no hay nada, eso es un problema, porque al Justicia penal interviene después de que fallaron normas de intervención.
—¿Hasta qué punto son legales estas estructuras financieras que ofrecen tomar ahorros a cambio de una rentabilidad superior a la que ofrece el mercado tradicional?
—Hacer eso requiere una serie de autorizaciones. Captar fondos públicos es una forma de intermediación financiera, sólo lo pueden hacer entidades autorizadas por la superintendencia de entidades financieras bajo las regulaciones correspondientes. Es lícito prestar plata propia bajo ciertos márgenes, pero al hacer lo mismo que hace un banco fuera de los esquemas de supervisión, estás cometiendo un delito. Tener una mesa de dinero es delito. Pero, además de violar la intermediación financiera no autorizada, probablemente estén llevando adelante una actividad asumiendo niveles de riesgo que no te permitirían si la actividad estuviera regulada. Esos elevados niveles de riesgo van acompañados de una oferta que está por fuera de lo que ofrece el mercado, ese es normalmente el gancho con el cual atraen a los clientes. Acá también entra en juego la cuestión de publicidad engañosa. Si tengo una fachada de funcionamiento legal, pero detrás de esa fachada canalizo los fondos a través de un sistema paralelo ilegal, estoy ejerciendo publicidad engañosa. Ese esquema lleva a asumir ciertos riesgos, cuando por esa situación quedás en dificultades de pago, ahí se suma al ilícito de intermediación financiera no autorizada, el delito de fraude en perjuicio de cada uno de los individuos que confiaron.
—¿La Unidad de Delitos Económicos cuenta con la estructura o recursos suficientes para investigar estos mecanismos?
—La situación fue cambiando. La Fiscalía de Rosario empezó a trabajar en febrero de 2014, en ese momento se tomó la decisión de crear la Unidad especial de Delitos Económicos Complejos para aumentar la eficacia en delitos económicos de alto perfil, algo que tradicionalmente es un área en la que el sistema de justicia es muy poco eficaz. Uno de los cometidos de la Fiscalía era ser capaz de investigar con cierto nivel de eficacia este tipo de delitos. Ese proceso tuvo un desarrollo con un aprendizaje interesante, pero que duró muy poco, duró hasta principios de 2017. Ahí hubo un cambio de autoridades y a partir de ahí se adopta una política diferente, donde se le quita prioridad a la investigación de estos delitos. La Unidad se desmanteló tal cual se conocía, y permaneció desmantelada hasta finales de 2020, cuando cambió la gestión de la Fiscalía Regional: renunció en su momento el fiscal Patricio Serjal, y quedó la fiscal interina María Eugenia Iribarren. Bajo esta gestión se decidió reorganizar el área. Desde finales de 2020 se dio otra organización: somos un área dentro de la Agencia de Investigación de Criminalidad Compleja. Llevamos casi dos años de este proceso y es advertible como la fiscalía pasó a tener una actividad visible con casos significativos, cuya investigación es de naturaleza compleja, como es el caso Grimaldi, Zoe Capital, Guardati y Torti, Vicentin, Herrera, Casanovas.
—¿Cómo actúa la Justicia en estos casos?
—Se constatan relaciones inversamente proporcionales entre los niveles de poder de las personas involucradas en una causa penal y la eficacia del sistema. A mayor poder, menor nivel de eficacia, o a mayor vulnerabilidad del involucrado, mayor nivel de eficacia. Es algo sobre lo que ya viene llamando la atención la sociología jurídica desde la década del 30. La obra que más dejó esto en evidencia fue un sociólogo norteamericano llamado Edwin Sutherland que habló de los delitos de cuello blanco, a partir del comportamiento de las setenta corporaciones más importantes en Estados Unidos y describe como esas corporaciones deciden infringir la ley como parte de decisiones empresariales.
Hay que tener en cuenta también que el Código Penal tiene penas mucho más significativas para alguien que roba una bicicleta amenazando con un cuchillo sin lastimar a la víctima, que para alguien que comete una estafa millonaria. Esa persona que comete un robo de bicicleta tiene como mínimo cinco años, en cambio si cometés una estafa de mil millones de dólares el mínimo es un mes y el máximo, seis años.
—En términos económicos, ¿las corporaciones pueden hacerle frente al Estado a la hora de la instancia judicial?
—Es muy posible que tengas varias corporaciones en territorio argentino cuyo presupuesto anual sea mayor al presupuesto anual santafesino o de otras provincias. Es un tema de discusión permanente, porque el derecho penal liberal fue construido sobre la idea que la persona imputada está en condición de debilidad extrema frente al Estado, pero se piensa en la situación de un súbdito artesano parisino del siglo XVIII frente a Luis XIV. Desde ese punto de vista hay una diferencia de poder enorme. Ahora, en el marco de los delitos de cuello blanco, esa desproporcionalidad se conmueve, al punto tal que quien ocupa el rol de imputado tiene más poder que el Estado. La institución que tiene que encabezar ese ejercicio de persecución penal que es el MPA, tiene un presupuesto muy pequeño.
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