Carina Ortiz
Casi el 50 por ciento de las audiencias penales que se llevan adelante a diario en Tribunales –entre 40 y 50– tienen como protagonistas a personas con consumos problemáticos de drogas. El año pasado se vetó una ley que creaba centros de tratamientos, uno por cada departamento. Si bien el Poder Ejecutivo presentó otro proyecto, en la práctica no hay soluciones. Desde el Poder Judicial explicaron que no tienen injerencia para la creación de estas instituciones pero son testigos de las dificultades que implica no tenerlas. Por ello, el Colegio de Jueces de primera instancia de la Circunscripción Rosario decidió enviar una nota al gobernador Miguel Lifschitz pidiendo la inmediata creación de instituciones que provean tratamientos ambulatorios y de internación a personas con consumo de drogas que terminen vinculadas con causas penales.
Los coordinadores del Colegio de Jueces de baja instancia, Luis María Caterina y Gustavo Pérez de Urrechu, explicaron que a fines del año pasado la Legislatura sancionó una ley que establecía la creación de centros de tratamiento de adicciones para personas con consumos problemáticos en los 19 departamentos. Pero el Poder Ejecutivo lo vetó y mandó otro proyecto. Si bien la base es la misma, hay algunas diferencias de criterio. El Ejecutivo plantea la necesidad de más tratamientos ambulatorios y no limita el número de centros, mientras que en el otro proyecto se limita a uno por departamento.
Caterina explicó que de las 40 o 50 audiencias diarias no menos de la mitad son chicos o jóvenes con consumo problemático. Los magistrados pidieron que se elija un proyecto o se coadyuven pero se busque una solución urgente. “No tenemos dónde ponerlos si quedan detenidos, o como tratarlos si necesitan un tratamiento ambulatorio” explicaron.
Los magistrados piden la creación de estos centros y fundan el pedido en la realidad cotidiana que enfrentan, en la que se visibiliza un flagelo que genera inseguridad. Entienden que no se puede dar respuesta ni solución sino se crean instituciones adecuadas, dice la nota enviada por los jueces. A lo que suman que la falta de instituciones o tratamiento adecuados hacen que las personas terminen vinculadas con el delito sin otro camino que un encierro carcelario, que lo único que logra es profundizar más la problemática, afirma la misiva.
El remiendo
“En la actualidad es frecuente derivarlos a institutos privados, cuando hay, o a efectores públicos con tratamientos ambulatorios pero no tenemos lugar en casos de internación”, explicaron. Cuando hay problemas agudos donde se necesita desintoxicación o cuando son problemas muy puntuales se deriva al hospital Agudo Ávila o a la Colonia de Oliveros pero no hay una organización o un sistema donde derivar en forma inmediata a personas que cometen delitos y tiene consumos problemáticos”, describen.
Para los jueces, “si bien los casos más graves se derivan, el problema es a veces el lugar y también la capacitación, porque se junta en un mismo espacio a personas con determinadas problemáticas, ancianos o personas con discapacidades y nos refieren que no tienen capacidad para abordarlos”, dijo Pérez de Urrechu. El juez agregó que la especialización, la resolución de conflictos que busca el sistema y sobre todo evitar la reiteración de los delitos, implica ir a las causas, y entre las causas nombró la educación, la salud pública, derechos esenciales de las personas que en este caso han infringido la ley, dijo.
“La finalidad de la pena es evitar que se reitere los delitos. Lo que pasa con una persona detenida es un reclamo de la sociedad y, cuando la persona es condenada, obviamente tiene que haber resocialización y también entre otras cuestiones salud. Si no solucionamos problemáticas de base, al aplicar ciertas reglas de conducta le decimos que no consuma. Si no hay un abordaje, es casi una cuestión perversa. Les decimos que no hagan algo, cuando no están los tratamientos para poder avanzar sobre esa problemática”, concluyeron.
