A un mes de haber asumido como presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio del Vecchio evaluó como “muy positivo” el balance de lo hecho hasta el momento. Después de los chisporroteos del año pasado entre el Ejecutivo de la provincia y el Poder Judicial en torno a la propuesta de la administración Binner de reforma del Código Procesal Penal, Del Vecchio se mostró a favor de los cambios, aunque aclaró que su instrumentación deberá contemplar algunos tópicos que vienen reclamando desde el Colegio, como la creación de juzgados y los consiguientes cargos. “Apoyamos la reforma, pero la puesta en marcha del nuevo Código Penal necesita de un presupuesto acorde, si no su implementación será imposible”, indicó el letrado en diálogo con este diario.
Del Vecchio comentó que días atrás estuvo reunido con el ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, a fin de repasar varios temas que habían quedado en el tintero. En este sentido, el presidente del Colegio de Abogados le propuso a Superti la creación de una comisión de enlace integrada por técnicos del Ejecutivo y del propio Colegio, cuyo propósito es hacer un seguimiento de los proyectos judiciales, “pero antes de que se tomen las resoluciones, y no después como ya ha sucedido”, planteó el colegiado.
“En rigor de verdad hay que decir que en los últimos años el diálogo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estaba prácticamente cortado”, indicó Del Vecchio, y continuó: “La idea de la reunión con el ministro Superti fue retomar el diálogo, donde aprovechamos para subsanar algunas discrepancias y también presentamos algunos temas que para nosotros son importantes, como el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Pequeñas Causas, un Centro de Asistencia Judicial sobre el delito penal, entre otros”.
“Nuestras iniciativas tuvieron buena acogida por parte del ministro Superti, con quien quedamos en seguir conversando para mantener abierta una instancia de diálogo”, comentó el titular del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, quien asumió ese cargo en reemplazo de Arturo Araujo.
El colapso de los fueros
Frente al aumento de causas en los Tribunales provinciales, desde la institución que nuclea a los letrados de la ciudad se esbozaron algunas cuestiones que apuntan a lograr un funcionamiento más aceitado de los engranajes de la Justicia.
“El Poder Judicial, cuyos actores sustanciales, jueces y funcionarios, alertaron sobre el colapso en todos los fueros, ha puesto en funcionamiento la llamada Unidad de Información de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal. Además tiene en actividad un Centro de Mediación Judicial, dependiente de la Corte Suprema. En ambos casos se trata de servicios gratuitos”, destacaron desde el Colegio de Abogados de Rosario.
“El Poder Ejecutivo acaba de inaugurar los Centros de Asistencia Judicial, cuyo cometido fundamental es también brindar asistencia jurídica a la comunidad en forma gratuita. Y para completar el elenco de servicios, cabe mencionar la asistencia que brinda la Defensoría del Pueblo y las iniciativas municipales para desarrollar la mediación barrial y el proyecto de Tribunal de Pequeñas Causas ya radicado en la Legislatura”, indicó la institución en un comunicado que hizo circular.
En el mismo documento se planteó: “De lo que se trata es de dar un buen servicio de acceso a la justicia para el que carece de recursos, que el costo lo soporte el Estado, pero por medio de la estructura burocrática más simple y más económica, pues todos hemos comprobado las estrecheces presupuestarias, al menos en nuestra provincia”.
Desde el Colegio de Abogados que preside Del Vecchio se preguntan: “¿Cuál es la alternativa a la reestatización del servicio de asistencia jurídica (postulada por el gobierno provincial) y a la rejudicialización de la misma actividad (postulada por el Poder Judicial)?”. A renglón seguido viene la respuesta. “Pues es «zapatero a tus zapatos». Uno a resolver el colapso de todos los fueros, a fallar, a juzgar; y otros a facilitar esa labor”.
Siguiendo la misma línea, la institución ubicada en bulevar Oroño 1542 propuso: “Podrán válidamente facilitar el acceso a la justicia y brindar el asesoramiento que se requiere un contingente de miles de abogados, que organizados con los tres poderes del Estado, están en condiciones operativas y técnicas de hacerlo”.
Y siguió: “Muchos de ellos están desocupados pero dispuestos al trabajo, sólo necesitan organización, coordinación y la paga de un honorario mínimo, que tendrá en cuenta las posibilidades presupuestarias siempre insuficientes. Estos miles de abogados podrán ser convocados desde los colegios respectivos (son cinco en toda la provincia)”.
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