Candela Ramírez
Karla Ojeda y Mariana Antonelli están listas para las fotos y la charla. Sobre los escritorios de la oficina de Antonelli hay recortes de diarios, legajos y documentos. “¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio”, dice Ojeda, una de las principales referentes del colectivo trans en Rosario. Ojeda empezó su militancia en el grupo Arco Iris antes de cumplir 20 años. Antonelli es abogada y Arco Iris fue su primera experiencia laboral dentro de un colectivo. Se acomodan en sus sillas y entre las dos rearman la historia.
Ojeda se sumó como activista en 1996 y por entonces Antonelli fue convocada por Pedro Paradiso, que junto con Guillermo Lovagnini fueron los miembros fundadores de Arco Iris. Fue por el impulso del colectivo que en 1996 salió la ordenanza N° 6.321, la primera norma del país en reconocer el derecho de las minorías sexuales, la libertad sexual, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros. A su vez, en 1996 impulsaron el Primer Encuentro Nacional de Personas con Sexualidades Diferentes en Rosario. Incluía a gays, lesbianas, travestis y transgéneros. Hace un año el Concejo Municipal declaró al colectivo como institución distinguida por su “invalorable aporte a la defensa y ampliación de los derechos de la comunidad LGBTIQ”.
Para Antonelli, es importante señalar dos momentos en la historia trans local. Primero, el reconocimiento del Estado santafesino a aquellas personas que sobrevivieron la persecución política y policial de la última dictadura cívico militar. Segundo, la lucha que se dio desde mediados de la década de 1990 desde el colectivo Arco Iris. Fue la primera forma de organización que tuvieron las mujeres trans en la ciudad, la manera en que articularon sus demandas y denuncias.
Antonelli reflexiona sobre los cambios que hubo en el lenguaje en los últimos años. “Había una necesidad de nuclear lo que se autodenominaba como minorías sexuales –lesbianas, gays y travestis– y no se hablaba de diversidad de género”, sostiene Antonelli y explica que “Arco Iris fue la primera instancia para reunir aquellas personas que la estaban pasando muy mal en democracia, y en particular a las trans”.
Ojeda y Antonelli acuerdan en que el paso de la dictadura a la democracia no significó una restitución de derechos para las chicas trans. Las detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas y discriminaciones no dejaron de ser moneda corriente. Por eso, les parece vital hacer memoria de las luchas colectivas, repasar cómo se llegó a una ciudad con cupo laboral trans, y un grupo de mujeres trans que recibieron una reparación histórica por haber sido presas políticas de la dictadura. Antonelli recuerda que la década de 1990 fue un tiempo donde apareció mediáticamente la problemática del VIH y se adjudicaba el Sida al colectivo LGBTIQ. “Se hablaba de estas personas como los posibles grupos de riesgo y de la bomba del tiempo del Sida. Es importante no perder el contexto socio histórico en el que se dio este proceso. Había que salir a hablar y había que nuclearse. Esto pasaba en Rosario y Buenos Aires”, plantea la profesional.
“Desde el colectivo primero se empezó a trabajar sobre todo la restitución de derechos: pasar a ser sujetos de derechos. Fueron muy objetivizadas. Sigue siendo un sector muy castigado y vulnerable. Se trabajó sobre la premisa de que no podían seguir expuestas a estos maltratos”, repasa Antonelli. Ojeda señala que hubo dificultades hacia el interior mismo del movimiento. “Hubo personas que llegaron a decir que el colectivo estaba muy travestizado. A veces había resistencias a nuestra presencia. Las travestis siempre fuimos el último eslabón del colectivo LGBTIQ”, dice.
Ojeda explica que en un primer momento su organización tuvo que ver con la lucha por mejores condiciones de trabajo en la calle. También para dejar de estar expuestas a las detenciones y golpizas. Las dos hablan de la denominada “zona roja” de Rosario que estaba alrededor de la plaza Libertad en el barrio Abasto. Eran tiempos donde los cruces con vecinas y vecinos aumentaban a la par de la violencia policial. El sector de la policía que, entre otras cosas, se encargaba de perseguir a las travestis del barrio se llamaba División de Moralidad Pública. Sobre ellas aplicaban tres artículos del Código de Faltas: travestismo, prostitución escandalosa y vagancia. “En este combo había algo muy cierto. Perseguían a las personas y no al delito. Ninguno de los tres configuraba un delito como tal”, señala Antonelli. Los artículos fueron derogados en 2010.
Justicia cómplice
Las dos nombran como lugar clave el boliche Inicio (Mitre entre Pasco y Cochabamba). “Era uno de los lugares que nos podía salvar porque la Policía llegaba hasta la puerta. Si estábamos adentro no podían sacarnos. A veces violaban esa regla, pero sino era como un refugio para las travestis de la mal llamada zona roja”, explica Ojeda.
Mujeres trans intentando trabajar, los clientes, la Policía y sus coimas, los vecinos y sus quejas por los ruidos. Todo confluía alrededor de la plaza Libertad. A finales de 1997 el colectivo empezó a hacer las primeras denuncias para protegerse. Luego vinieron las represalias. A la noche siguiente de la denuncia podían esperarse hasta diez o quince detenciones a la vez. “Decidimos denunciar los golpes, trueque sexuales y el trabajo de Moralidad Pública. Pero después venían las detenciones masivas. A las 7 de la mañana ya sabía cuántas iba a esperar en el tribunal y no sabía con qué me iba a encontrar, y si tenía que llevar al médico forense porque estaban golpeadas y lo teníamos que constatar. Yo circulaba por el pasillo y las que habían logrado escapar de la corrida me contaban lo que había pasado”, explica Antonelli. Ahí mismo empezaba la defensa de Antonelli, que cuenta que llegó a hacer hasta 12 presentaciones en una mañana. “La estructura judicial era: se perseguía a la persona y no al delito. Con ese Código de Faltas se podían llegar a sumar entre 60 días y 90 de detención”, recuerda e indica que luego de las detenciones los policías nunca presentaban las pruebas en la Justicia.
Tanto Ojeda como Antonelli hacen hincapié en que solo pasaron 20 años. “Al cliente no se lo penaba nunca. La configuración del hecho era cuando veían que negociaban o el mismo intercambio de dinero. Entonces se levantaba un acta contravencional porque eran faltas. En muchas defensas yo ponía que tales hechos no estaban demostrados y que tampoco se presentaban los testigos debidamente citados. A los clientes nunca se los detenía. ¿Cómo van detener a un hombre que ejerce todo su derecho de acceder a una prostituta?”, ironiza Antonelli y completa: “El tema es que tampoco iba como testigo y eso no importaba. Esto pasaba hace apenas 20 años. El Estado y el Poder Judicial en su conjunto dieron la espalda. Además había que lidiar con todo un aparato mediático que tildaba a la comunidad como sidóticos. Fue muy difícil”, relata Antonelli.
Bisagra
En noviembre de 1998 el jefe de Policía de Rosario, Benedicto Mattía, respondió las denuncias del colectivo en declaraciones radiales donde definió a las travestis como “mascaritas sidóticas”. Esta y otras declaraciones discriminativas le valieron su cargo. Para la comunidad LGBTIQ, y en particular para las trans, fue un verdadero triunfo. Era la primera vez que vieron una respuesta política ante una nueva ofensiva. A partir de ahí Ojeda y Antonelli consideran que el colectivo no hizo otra cosa más que avanzar.
Ojeda repasa que su presencia en los medios de comunicación aumentó. Los vecinos y vecinas empezaron a tener acceso a la voz propia de las mujeres trans de la ciudad. Asimismo, esta etapa permitió que el colectivo pudiera reclamar por otros derechos, como el acceso a la salud. “La lucha travesti empieza desde el momento en que salís de lo binario: de ser hombre o mujer. Y cuando empezás la transición, ni hablar. Ser trans es eso justamente: no cumplir con ciertas normas que te impone la sociedad y el sistema”, dice Ojeda. Hoy está casada, tiene una hija y un trabajo estable. Enseguida apunta que no es la realidad de la mayoría de las personas trans en Rosario y Argentina. La expectativa de vida no supera los 40 años; el acceso a la salud sigue estando restringido; y las posibilidades de trabajo, a pesar del cupo laboral trans en el Estado, son escasas.
El colectivo apoya fervientemente la plena aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). “Los prejuicios de los niños son en realidad de los mayores. La ESI es importantísima para hacer este cambio cultural necesario”, dice Ojeda. Para Ojeda, uno de los mayores problemas para la comunidad hoy son las adicciones. Dice que no hay una política pública específica que contenga y acompañe. Este tema lo ve directamente ligado al desempleo. Finalmente considera que tampoco hay políticas públicas que contemplen el acceso a la vivienda y que en estos tiempos de crisis el problema viene en aumento.
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