Patricio de Mayo / Especial para El Ciudadano
A días de la asunción del nuevo gobierno, durante la última semana la suba de precios aceleró su ritmo llevando los incrementos a referencias insólitas. Según LCG, la consultora que mide la inflación semanal, los aumentos se ubicaron en un 7,4%. Para muchos especialistas, de persistir la suba, los números de diciembre podrían acercarse al 20%.
El gobierno saliente justifica su derrota electoral cuando expone el retroceso salarial de los últimos años. Alberto Fernández, de paseo por los medios, sigue sin comprender que la realidad es infinitamente superior a todo lo que pueda decir sobre los pésimos indicadores de su gestión.
En cuanto a Sergio Massa, si antes de las elecciones las medidas tenían poca eficacia para cuidar los flacos bolsillos de los trabajadores, ahora sólo contempla como la estampida de precios barre con lo que queda de sus iniciativas. Como dijo Matías Tombolini, el secretario de Comercio, “en estas circunstancias, es poco lo que se puede hacer”.
Sin embargo, antes que detenerse en los yerros de un oficialismo excesivamente complaciente con supermercadistas y empresas productoras de alimentos, vale la pena observar los movimientos de la realidad para volver a discutir algunas ideas que, con el triunfo libertario, tienen mucha credibilidad.
Javier Milei y sus secuaces convencieron al electorado de que “la inflación es el resultado de la emisión monetaria descontrolada”. Para los libertarios la solución al problema pasa por la reducción del gasto público y la liberación de precios absoluta, que en la libre competencia generarán un descenso de los incrementos.
La falta de regulaciones, sostiene Milei, les permitiría a los empresarios poner el precio que les convenga, y a los consumidores elegir las opciones que mayores beneficios les ofrezcan en cuanto a costo y calidad. Pero al mirar las relaciones comerciales de cerca, se observa una realidad completamente distinta de la que vaticinan los libertarios.
Primero, la producción de alimentos en la Argentina está concentrada en unas pocas empresas que controlan la totalidad del mercado. Esta posición ventajosa o dominante les brinda la posibilidad de fijar precios a gusto, con o sin regulación. No hay libre competencia entre empresas, sólo hay empresas que controlan la cadena de producción y distribución.
La empresa Arcor de la familia Pagani tiene el 78% de los productos enlatados de la canasta básica, la empresa Molinos Río de la Plata, y AGD, de la familia Urquía, controlan el 80% del aceite comestible de las góndolas; la empresa Ledesma, de la familia Blaquier, tiene el 75% del azúcar blanco que consumen las familias argentinas, entre otras.
Segundo, el movimiento de los precios de las últimas semanas demuestra que las remarcaciones están por encima de sus costos reales y se realizan preventivamente ante la entrada de un gobierno que promete modificar las reglas del juego. La falta de relación que hay entre productos muestra la carrera por incrementar los márgenes de ganancias.
Un año atrás, en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina, Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, enseñaba entre risas cómo administrar un negocio exitoso. Al ser consultado sobre las estrategias para enfrentar la inflación, respondió: “Remarcando los precios todos los días”.
Es indiscutible que la economía argentina atraviesa un momento de desequilibrio macroeconómico. La emisión monetaria (mayormente destinada a beneficios para los productores de dólares, como los tipos de cambio para la soja) y la deuda externa son algunos factores que presionan sobre el alza en los precios. Pero en este escenario frágil, las empresas aprovechan para incrementar sus ganancias.
Saben que La Libertad Avanza aplicará una devaluación del peso el primer día de su mandato cercana al 50% y que la política económica se orientará a una reducción de la actividad y el consumo. Pero fundamentalmente, saben que la demanda tiende a crecer en las épocas festivas y que los asalariados guardan en sus bolsillos un medio aguinaldo.
El cuadro parece agravarse cuando en la práctica está demostrado que la liberación de precios que promete Milei no va a surtir ningún efecto sobre los incrementos. Quizás eso explica por qué el libertario durante la campaña prometió reducir rápidamente la inflación y ahora sugiere que sólo podrá lograrse en el plazo de veinticuatro meses.
Volver a señalar que la inflación tiene muchas causas sirve para identificar que el escenario de fragilidad y su posible resolución, lejos de ser el resultado de un cálculo matemático o una planilla de Excel, se relaciona con la iniciativa política de actores económicos que especulan con las necesidades de una población cuyos salarios no resisten más aumentos.
En estas condiciones, se aproxima un verano con muchas complicaciones, más cuando el gobierno entrante está convencido que será por la vía del ajuste y el endeudamiento la solución a los problemas. En economía recortar a la “política” no existe como posibilidad, detrás del eslogan electoral, los recortes tenderán a aumentar el costo de vida.
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