Hasta hace un par de semanas, escuchar el nombre de Mauricio Macri asociado a actividades ilegales de espionaje, remitía directamente a una década atrás, cuando la justicia federal lo acusó de ser partícipe necesario de una asociación ilícita en una causa que investigaba una presunta red ilegal de espionaje en el seno del gobierno porteño, que involucraba a la Policía Metropolitana. Apenas asumió como presidente, la justicia desistió del procesamiento al entender que no había pruebas que no implicaran. Ahora, en plena pandemia, otra causa podría ponerlo en la mira: la justicia federal de Lomas de Zamora comanda una investigación sobre una red de espionaje ilegal que funcionaba en el seno mismo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que les seguía los pasos a opositores y oficialistas en pleno conocimiento del gobierno nacional durante la gestión de Cambiemos.
La causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga una posible organización criminal impulsada desde el Estado Nacional a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dedicada a la realización de actos de espionaje interno.
Hace una semana la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre periodistas, empresarios, académicos, políticos y organizaciones. Se suman al menos 500 fichas, que incluyen los datos personales e ideológicos de los espiados.
Para la intervención de la AFI hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal” contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas, dependencias de fuerzas policiales y hasta un gobernador. Lejos de lo que pudiera pensarse, la lista de presuntas víctimas de espionaje no estaba integrada sólo por opositores, como es el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también por personas del riñón de Cambiemos, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al saberse objetos del espionaje ilegal, ambos solicitaron constituirse como querellantes en la causa.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, aseguró este sábado que los nuevos elementos incorporados a la causa indican que se trató de una “asociación ilícita que se inserta al nivel de la Presidencia de la Nación” durante el período en el que gobernó Mauricio Macri.
El letrado dialogó con Télam después de haber presentado este viernes en el juzgado de Lomas de Zamora un escrito con datos que revelan que los espías mencionados en la investigación a cargo del juez Federico Villena “mantuvieron diversas reuniones en la propia Casa de Gobierno en una oficina que está situada a no más de 50 metros del despacho que ocupara Macri”.
La información sobre los ingresos de los espías a Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos surge de un registro de acceso público dado a conocer por la organización Poder Ciudadano y robustece la información surgida de los celulares secuestrados, en el marco de la investigación judicial en los que se hablaba de infiltraciones y seguimiento a la ex presidenta y a su espacio político.
De la información aportada al expediente por la vicepresidenta y su abogado surge que los espías investigados en la causa de Lomas de Zamora ingresaron al menos 12 veces a la Casa Rosada entre mayo de 2018 y junio de 2019 y mantuvieron reuniones en el ámbito de la oficina de documentación presidencial, entonces a cargo de Susana Martinengo.
En el registro público de ingresos a la Casa Rosada surge que quienes ingresaban eran los ex espías Facundo Melo (abogado), Leandro Araque (actualmente policía porteño) y Jorge “el turco” Saez, quien, de acuerdo con Télam, tenía conocimiento previo de Martinengo que, indicaron fuentes judiciales, solía decirles que lo que tuvieron para reportar “podía interesar arriba”.
Los ex espías, sostienen desde sus entornos, respondían a las órdenes del entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, quien reportaba directamente a la conducción de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, según pudo reconstruir esta agencia.
Lo que viene
El juez Villena continuará la semana próxima exhibiendo elementos de prueba a las supuestas víctimas del espionaje ilegal; mientras continúa analizando otros incorporados al expediente en los últimos días tras una serie de allanamientos.
Con buena parte de la causa todavía bajo secreto de sumario, Villena seguirá manteniendo el hermetismo mientras analice el producto de las medidas de prueba ordenadas, por ejemplo, sobre los penales de Ezeiza y Melchor Romero, en los que se encontraron elementos que confirmarían que el espionaje ilegal también alcanzó a detenidos en esas cárceles.
El desfile de presuntas víctimas comenzó esta semana con Cristina y Larreta como principales exponentes. En los próximos días pasarán por el mismo escenario el ex intendente de La Plata Pablo Bruera y el titular del PJ de esa Ciudad Luis Lugones.
La tensión subirá, según estiman fuentes que siguen de cerca la investigación, cuando se sienten ante el juez el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex titular del bloque de legisladores de ese cuerpo por Cambiemos, Nicolás Massot; otrora piezas claves del entonces armado político oficialista que fueron perdiendo lugar la toma de decisiones de ese espacio.
Otros dos nombres fuertes de personas que serán convocadas a visitar los tribunales de Lomas de Zamora para conocer de qué forma habrían sido espiados son el del líder camionero Hugo Moyano y el de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
La tensión en el expediente comenzó a crecer en los últimos días a partir de los rumores de que podrían activarse detenciones preventivas a partir de dos hechos: por un lado, el rechazo a dos pedidos de eximición de prisión formulados por dos imputados y, por otro lado, el intento de confundir a los investigadores con la implantación de prueba falsa horas antes de que se efectuara el allanamiento el penal de Ezeiza.
Los imputados a los que les fue rechazada la eximición de prisión fueron Melo y Araque: ambos se pusieron a derecho, nombraron abogado defensor y, en simultáneo, solicitaron ir a hablar a la Comisión Bicameral del Congreso que fiscaliza a los organismos de inteligencia.
De acuerdo a los elementos que hay en la causa, Melo y Araque serían parte del último eslabón de la cadena de responsabilidades de la supuesta organización criminal investigada por espionaje ilegal: se encargaban de la recolección de información.
Melo, además, fue sindicado por un narcotraficante que dijo haber sido contratado por él para cometer un atentado contra de un ex funcionario del ministerio de Defensa durante el gobierno de Cambiemos.
Desde el entorno de Melo y Araque señalaron que ambos están dispuestos a colaborar con la investigación, que realizaron tareas de campo como agentes de inteligencia y que respondían órdenes de superiores, en una cadena de mando que llegaría, al menos, hasta la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani.
Deja vú
En mayo de 2010, el juez federal Norberto Oyarbide acusó a Macri, que en ese entonces era jefe de gobierno la ciudad de Buenos Aires, de ser “partícipe necesario de una asociación ilícita”, en una causa que investigaba una presunta red ilegal de espionaje en el seno del gobierno porteño.
La investigación había comenzado con la detención de un supuesto espía, Ciro James, a quien se acusaba de haber realizado escuchas telefónicas ilegales a varias personas. En la lista de espiados había famosos empresarios y a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido en 1994, quien recibió un llamado anónimo alertándolo sobre las escuchas, lo que habría dado el puntapié inicial a la causa. Otra presunta víctima del espionaje era Néstor Leonardo, el cuñado de Macri.
Según ese expediente, una de las personas que llevaba a cabo los espionajes era el jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, Jorge “Fino” Palacios. Los investigadores del caso encontraron información sobre el supuesto espionaje ilegal en computadoras incautadas en una agencia de seguridad controlada por Palacios.
Desde el principio, Macri salió a despegarse de las acusaciones: dijo que el procesamiento estaba escrito aún antes de que comenzara la causa y acusó a Oyarbide de hacer direccionado el caso en su contra por ser funcional a los Kirchner.
La investigación continuó por más de cinco años. De hecho, cuando llegó a la casa Rosada el 10 de diciembre de 2015, el procesamiento en su contra seguía en pie. Pero apenas dos semanas después el juez federal Sebastián Casanello decidió desistir de los cargos en su contra por falta de pruebas.
“Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Mauricio Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal”, rezaba el fallo de Casanello.
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