Arlen Buchara
El Servicio Cívico Voluntario anunciado esta semana por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue sumando rechazos. Este viernes cinco defensorías de los derechos de niños, niñas y adolescentes de las provincias de Santa Fe, La Pampa, Misiones, Córdoba y Santiago del Estero emitieron un comunicado conjunto de repudio de la medida del gobierno de Cambiemos. Pidieron a la ministra que reflexione y dé marcha atrás con el anuncio. Remarcaron que la salida para las y los jóvenes no está en el sistema penal ni en las fuerzas de seguridad y dijeron que la política anunciada va en contra de los tratados internacionales en la materia. “Queremos que las y los jóvenes estén en escuelas, clubes, centros culturales, bibliotecas, espacios comunitarios, no en cuarteles. Mucho menos en lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar”.
El documento lleva la firma de las y los defensores de las cinco provincias y se suma al ya emitido por las Defensorías del Pueblo de todo el país y a la serie de rechazos que generó el anuncio del Servicio Cívico Voluntario, que estará a cargo de uniformados de Gendarmería Nacional. “Nos preocupa que el paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia sea citado por la ministra Patricia Bullrich como marco y argumento para una política pública a cargo una fuerza represiva. Gendarmería se encuentra muy lejos de dar cuenta de la incorporación de esta perspectiva tanto en su formación como en el desenvolvimiento de sus funciones”, dijeron en el comunicado.
Las defensorías de las cinco provincias se mostraron en defensa de “la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, que tiene a su cargo la formación ciudadana y democrática de las niñas, niños y adolescentes”. Agregaron que el Estado debe invertir en la generación de oportunidades y proyectos de vida para las juventudes con educación, salud, empleo, vivienda digna a través de los organismos competentes.
En el documento llamaron a la reflexión a la ministra de Seguridad nacional y pidieron que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con el Servicio Cívico voluntario. “Instamos a políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos”, agregaron.
En diálogo con <El Ciudadano>, Analía Colombo, a cargo de la Defensoría niños, niñas y adolescentes de Santa Fe, explicó que desde los organismos que trabajan con infancias y adolescencias tomaron con preocupación la medida del gobierno Nacional. “Vemos un retiro de políticas sociales con enfoque en infancia y juventud. Con todo lo que necesitan los jóvenes es poco acertado que se piense en el Ministerio de Seguridad como solución. La intención de generar un acuartelamiento en valores trae los recuerdos más nefastos de la historia de nuestro país”, dijo.
“Los jóvenes necesitan enfocar en salud, educación, cultura para no caer en consumos problemáticos. Esas son las prioridades políticas que marcan todos los organismos internacionales y que promovemos desde las defensorías”, explicó Colombo y agregó: “El enfoque internacional desde hace 30 años va en otra dirección. Tiene una mirada educativa sobre los jóvenes para evitar que lleguen al sistema penal. Está basado en la educación y no en una política de seguridad. Hay que evitar que el joven llegue al sistema penal y para eso hay que enfocar en políticas educativas fuertes. Los organismos internacionales recomiendan la participación fuerte del Estado, la familia y la comunidad. Lo más alejado a lo que propone el gobierno Nacional”.
Para la funcionaria resolver los problemas de los jóvenes en las cuatro paredes de Gendarmería Nacional no es una solución ni un enfoque de derechos. “Es un Servicio Militar encubierto”, definió.
Además, consideró que la intervención de una fuerza de seguridad como Gendarmería Nacional no garantiza los sistemas de protección integral que incluyen los enfoques de inclusión, género y diversidad sexual. “Hay entes del Estado capacitados en leyes que promocionan derechos como los docentes en materia de educación sexual integral. Gendarmería no es uno de ellos, es una fuerza que actúa ente el delito, no en la educación”.
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