La Defensora Provincial y los Defensores Regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal del Poder Judicial de Santa Fe hacen un llamado a reconsiderar la modificación de la Ley 13.014 que permite la remoción de los Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos con la única intervención de la Legislatura, pues establece infundadas diferencias con el sistema de remoción de Jueces y pone en jaque la misión institucional de la Defensa Pública.
Si los Defensores Públicos pueden ser removidos por razones políticas se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho.
Necesitan los Defensores Públicos quedar al margen de los vaivenes políticos puesto que deben enfrentar al propio Estado reclamando condiciones dignas de detención, a los medios de comunicación cuando condenan mediáticamente a su defendido, a grupos sociales mayoritarios que pregonan el uso del sistema penal como única respuesta a los déficits sociales, aún a costa de poner en riesgo su crédito personal, popularidad, relaciones sociales, de amistad, académicas o profesionales.
Por imperio legal los Defensores Públicos deben tener lealtad a su defendido, sin posibilidad alguna de hacer objeción de conciencia, sin considerar la antipatía o impopularidad que éste pudiere provocar en la opinión pública, sin ceder a presiones o influencias externas y sin discriminación por razones morales, éticas, étnicas, políticas, raciales, religiosas, de género, de nacionalidad, económicas, sociales, culturales, de tipo de delito o de cualquier otra naturaleza.
El sistema de remoción mediante un Tribunal de enjuiciamiento integrado por Legisladores, Defensores Públicos y Colegio de Abogados que tenía previsto la ley 13.014 es acorde a los estándares internacionales de autonomía de la Defensa Pública y exhortamos a las autoridades correspondientes a volver al mismo.
