Carina Ortiz
La aplicación de políticas punitivistas en la última década tiene un claro ejemplo en el régimen penitenciario. Al inicio del sistema procesal penal, en febrero del 2014, había alrededor de 4.500 plazas en los lugares de alojamiento carcelario; a diciembre de 2023 la cifra se elevó a 6.534. Los resultados están a la vista: mientras la población penitenciaria se duplicó en una década, las nuevas plazas no llegaron al 50 por ciento. Con lo cual el hacinamiento producido por la superpoblación se agravó de manera exponencial.
Actualmente en la cárcel de Piñero hay algo más de 2.500 personas y un poco más de 300 de ellas están encasilladas en la categoría de “preso de alto perfil”, una referencia que en los últimos tiempos tomó relevancia pública y se asocia con las primeras líneas de bandas criminales organizadas que desatan luchas territoriales a sangre y fuego, y atemorizan a la comunidad.
Esta categoría pertenece a un régimen penitenciario especial para determinados internos que, a criterio de la institución, cumplen características que fija la reglamentación. Los internos que se encuadran en este rango son apenas 513 de los casi once mil presos que hay en toda la provincia.
Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) desde hace casi un año, habló con El Ciudadano sobre la política penitenciaria y también de otros temas, como la ley de micromenudeo, la función que cumple el SPPDP dentro del mapa judicial y el proyecto de tercerización de la defensa, la situación de violencia extrema que se vive en la ciudad y las consecuencia de la foto “a lo Bukele” que se viralizó en las redes durante una requisa en una cárcel de la provincia.
Moreno dijo que la defensa pública no debe estar asociada al término seguridad. “Una defensa fuerte va a poder garantizar que un sistema de justicia trabaje correctamente, pero no es correcto asociar seguridad ciudadana con defensa”, explicó. El servicio público trabaja 75 por ciento de casos en los que las personas necesitan una asistencia penal y hay lugares que tienen prácticamente el ciento por ciento, “depende de las condiciones de vulnerabilidad del lugar y a veces también de la oferta de abogados que haya, pero lo que prima es la vulnerabilidad”, dijo.
En lugares donde hay condiciones sociales y económicas difíciles la defensa pública es la que toma los casos y muchas veces da respuesta a otro tipo de necesidades y, así, se convierte el en nexo con el Ministerio de Salud, de Educación, con la Secretaría de la Niñez. “Tratamos que el abordaje sea integral, interdisciplinario, porque muchas de las personas que llegan a pedir el servicio son personas que están en condiciones de adicción o de extrema pobreza y necesitan apoyo para ellos y sus hijos. En este tipo de casos tenemos casi el ciento por ciento”, refirió.
Tercerización de la defensa
Desde el gobierno provincial presentaron un proyecto de ley que busca tercerizar la defensa a abogados particulares, y El Ciudadano le consultó sobre esta cuestión a la defensora general.
La funcionaria dijo que tuvieron reuniones al respecto en la Legislatura, donde fueron escuchados, y explicó que “este proyecto de ley habla de tercerizar cuando en realidad lo que se propone es que el Estado en lugar de pagarle al defensor público le pague a un defensor particular”, explicó.
El mayor problema que ve la jefa de los defensores es que esta norma tiene un anexo que reduce el número de defensores de 92, “que en realidad hoy son 80”, a 42 y dispone que, a medida de que los defensores salgan del sistema, ya sea por jubilación, por acceder a otro cargo o por el motivo que fuera, ese lugar no se reemplaza, se pierde.
“No se ha evaluado cómo podría funcionar ese sistema que se propone, cómo se supervisará, cómo se aseguraría que ese sistema cumpla con los estándares de calidad que la Argentina está obligada internacionalmente, cómo funcionará en los lugares más pequeños y, sobre todo, no se hicieron diagnósticos de cuánto va salir, qué aporte presupuestario va a ser, ¿es más barato, más caro?”, se preguntó.
“Si el sistema de la defensa pública cumple fielmente su objetivo, si presupuestariamente somos un porcentaje ínfimo de la provincia de Santa Fe ¿cuál sería la razón en pretender disminuirla?”, añadió.
Moreno explicó que tienen una buena convivencia con los abogados particulares pero este proyecto, en especial el anexo, “trae desánimo en un organismo que está mermado y que evidentemente no se va a fortalecer”, evaluó la funcionaria.
“Si se va a tercerizar, hay que tener bien en claro quién paga, y paga el Poder Ejecutivo. La ley del SPPDP desde el día uno dice que los servicios son gratuitos para aquellas personas que no tienen capacidad económica; para quienes la tienen, el SPPDP les puede cobrar. No hay un cambio, este ítem ya existe”, aseveró.
Y explicó Moreno que con el dinero que se recaudó el año pasado alcanzó para comprar cinco códigos procesales comentados y algún libro más que fue repartido en las distintas circunscripciones en la provincia. “Es dinero que no va alcanzar para solventar el sistema, lo va a pagar el Poder Ejecutivo”, refirió.
Alto perfil
Presos de alto perfil es una categoría que viene teniendo un fuerte impacto social. La violencia extrema que se sufre en la ciudad tuvo su punto máximo la semana pasada, con los crímenes de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicios. En el último de estos homicidios se dejó una nota en alusión a un reclamo de los internos por el restablecimiento de regímenes de visitas a presos, entre otras circunstancias.
Consultada sobre este espinoso tema, la defensora general dijo que SPPDP no está encargado de la política de seguridad, la que está fijada por el Poder Ejecutivo, y explicó que lo que les corresponde como organismo es garantizar que se cumplan las normas legales, constitucionales y las llamadas reglas de Mandela.
Moreno dijo que al inicio del sistema, en febrero de 2014, había alrededor de 4.500 plazas en los lugares de detención en la provincia donde coexistían 135 presos por cada 100 mil habitantes, número que se incrementó a 291 presos cada 100 mil habitantes en diciembre pasado, y las plazas aumentaron a 6.534.
A ello hay que sumarle que, al viernes pasado, el total de detenidos en la provincia era de 10.978 personas (9.483 en el régimen penitenciario y el resto en comisarías), por lo que existe una superpoblación carcelaria de 3.696 personas, refirió la funcionaria
Del total de detenidos en la provincia (10.978), 513 son considerados de alto perfil, de los cuales 327 se encuentran en la cárcel de Piñero, refirió.
Pabellones 7 y 8 de Piñero
Hay dos pabellones en la cárcel de Piñero que están circunscriptos a los presos que ingresan en la categoría “alto perfil”. La defensora general explicó que si bien hay personas privadas de la libertad catalogadas de esta manera hay muchas que no lo son y ya se encontraban en esos pabellones.
La funcionaria explicó que esos pabellones “estuvieron cerrados” en los primeros días de este mes, luego del ataque a un micro con personal penitenciario, y desde el SPPDP no pudieron ingresar al penal, en el marco de un programa de asistencia al condenado que prevé recorridas permanentes en las cárceles, cuyo resultado se plasma en un registro de violencia institucional.
En este marco, contó, familiares de los internos les informaron sobre actos de violencia institucional en estos sectores de la prisión y, cuando los equipos de la defensa pública pudieron visitarlos, recibieron de parte de los presos denuncias de “hechos de violencia grave”.
La funcionaria adelantó que presentará las denuncias ante el MPA y también van a poner en conocimiento de la situación a las titulares de la Fiscalía Regional y General. “Se vienen haciendo denuncias, ya hubo unas diez requisas violentas”, informó.
A la vez, la defensa pública presentó un habeas corpus donde pide informes respecto de la foto que el gobierno santafesino hizo pública el pasado 2 de marzo, en la que se observa a un grupo de internos con el torso denudo, sentados uno detrás de otro, similares a las imágenes que se conocen de la gestión carcelaria del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Este hecho fue tildado como “un error” por parte del ministro de Seguridad de El Salvador Gustavo Villatoro y, en ese sentido, se lo transmitió a Patricia Bullrich. En la presentación, la defensa pública pidió un informe para saber dónde se sacó la foto, cuándo y qué protocolo fue utilizado que permitió esa imagen.
Moreno recordó que el Estado “tiene que garantizar sus derechos” cuando tiene una persona bajo su custodia. “El único que no puede garantizar es el de la libertad ambulatoria”, dijo. Y concluyó que la ley de ejecución penal de la provincia dice que “la finalidad esencial es la reintegración social de la persona condenada y está estudiado que la reducción de la reincidencia se da cuando las personas pueden reintegrarse”.
Micromenudeo
A finales de año se promulgó la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, conocida como la ley de microtráfico o narcomenudeo. La defensora general explicó que esta ley está íntimamente ligada a la tarea que desarrollan: “Nosotros recibimos una competencia que no teníamos”.
“Tiene el desafío de ser una materia diferente que tiene un abordaje distinto y queremos que sea integral, que se vea la posibilidad de que las personas tengan tratamiento cuando sea necesario, haya salidas alternativas tanto a la prisión preventiva como a las condenas. Que haya otro tipo de respuesta penal que no sea la prisión”, refirió.
Moreno explicó era una materia a cargo de la Justicia federal, a quienes les habían asignado recursos últimamente y tenían asignado presupuesto. En lo práctico, tras la puesta en marcha de la ley no recibieron recursos humanos ni materiales, por lo que pidieron que las partidas presupuestarias que estaban en la Nación sean pasadas a las provincias, como fija la ley, y que también sean derivadas al SPPDP.
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