Alvaro Arellano
Esta semana el gobierno nacional reglamentó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). La iniciativa implica algunas modificaciones en relación a la financiación de la Reparación Histórica y crea un nuevo fondo de inversión. También contempla la renegociación de préstamos a las provincias y establece el reinicio del cobro en las cuotas de Créditos Ansés otorgados a beneficiarios de jubilaciones, pensiones y programas sociales.
La medida se convirtió en ley el pasado 30 de octubre tras la aprobación por parte del Senado, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 1041/2020. Consultado por El Ciudadano, el diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, explicó que la iniciativa busca “evitar transformar el stock del Fondo De Garantía de Sustentabilidad en un flujo corriente para pagar compromisos como por ejemplo, las reparaciones históricas”.
Puntos clave
En primer lugar, la iniciativa establece que se modificará el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, para evitar que se utilicen los activos del FGS para pagar los retroactivos. A partir de la nueva reglamentación, se fija que la Reparación Histórica (a la que accedieron 900 mil jubilados) deberá financiarse con recursos del Tesoro nacional.
Por otra parte, el texto habilita a las provincias para renegociar los préstamos otorgados, por parte del gobierno nacional con el respaldo del FGS, con un bono a mediano y largo plazo. Santa Fe, San Luis y Córdoba no están en ese listado de jurisdicciones, ya que no tomaron deuda por esa vía. Mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación a las jurisdicciones que sí lo hicieron.
Al respecto, Martínez explicó: “En 2016 el FGS otorgó a las provincias préstamos de libre disponibilidad que terminaron acumulando deudas por 101 millones de pesos, si exigís a las jurisdicciones pagar eso, les licuás la coparticipación, es por eso que con la ley autorizamos a refinanciar esas deudas”.
En tercer lugar, quedó constituido un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas y los bienes que integren ese fondo quedarán en poder de la Anses. Su objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional, “fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.
Sobre este punto, el diputado nacional por Santa Fe, reparó en la idea de que el FGS “deje de apalancar situaciones financieras para fomentar la economía, priorizar inversiones y apuntar a proyectos productivos”.
Créditos Ansés
Por último, uno de los artículos de la ley, estipula la reanudación del cobro de las cuotas Créditos Ansés, desde el 1º de diciembre de 2020, “a partir de la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador o a la tomadora del crédito cuando quedó suspendido el pago”.
Esta posibilidad de financiamiento lanzada durante el gobierno de Cambiemos, dejó altos niveles de endeudamiento entre jubilados y beneficiarios de programas sociales. Hasta diciembre de 2019, el 85% de los beneficiarios de AUH habían tomado un Crédito Ansés, con tasas que llegaron a máximos del 49% anual.
En enero de 2020, el gobierno nacional suspendió el cobro y la medida se prorrogó con la llegada de la pandemia. A partir de las modificaciones, el organismo previsional estipuló que la nueva tasa que pagarán los beneficiarios por esos créditos será del 29%, mientras que en la última abonada durante diciembre de 2019, el interés ascendía al 37%.
En ese sentido, la titular de Ansés, Fernanda Raverta, había indicado que en esas condiciones, quienes cobran AUH pericibían en mano solo el 70% del valor de la prestación, ya que el 30% lo destinaban al pago de cuotas por los créditos.
El texto de la ley indica que la reanudación del cobro se hará “respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor o a la deudora, sin que se efectúe capitalización ni se devenguen intereses en los créditos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020 hasta la fecha de su efectiva reanudación”.
Las sucesivas suspensiones de este cobro durante el gobierno de Alberto Fernández, beneficiaron a unas 6,6 millones de personas. Según calcularon desde el oficialismo, la medida representó un alivio de unos 3 mil pesos mensuales para el bolsillo de cada beneficiario.
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