El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, informó este martes que ya está a la firma del presidente Alberto Fernández “un primer decreto por el cual el mantenimiento del sistema fluvial de navegación conocido como Hidrovía quedará bajo el control estatal “por el término de 12 meses” bajo la órbita de la Administración General de Puertos (AGP). En el inicio de ese lapso, se llamará a una “licitación corta” para sostener el dragado y balizamiento de los canales del río Paraná, hasta tanto se confeccione el complejo pliego para definir cómo seguirá en el futuro.
La “licitación larga”, que debe establecer cómo será la explotación de la vía por la que salen las exportaciones agroindustriales de la Argentina, pero que además se inserta en un complejo sistema ambiental y social que excede el concepto de Hidrovía, es la que incluiría las nuevas obras que “piden los gobernadores” de las provincias costeras del Paraná.
Desde que finalizó la última prórroga a la concesión iniciada con el menemismo en 1995 –dos años después de sancionar la privatización de la navegabilidad–, en cabeza siempre del consorcio belga Jan de Nul (dragado) y el holding argentino Emepa (balizamiento), organizaciones y sectores sociales exigieron participar de las decisiones porque consideran que el futuro de los usos del Paraná incluye muchos factores además de los intereses del complejo agroexportador. Además, el control sobre la vía navegable cobró relevancia estratégica ante las denuncias por evasiones y tráficos ilegales varios, posibles por el escaso control y presencia del Estado.
El decreto adelantado por el ministro incluye la llamada “licitación corta” para dar continuidad a las tareas de mantenimiento de la red fluvial troncal del Paraná por el término de doce meses, durante los cuales –dijo el funcionario– “el sistema va a estar bajo control estatal, en cabeza de la AGP”
Guerrera agregó que “el objetivo de esta licitación corta es darnos tiempo suficiente para la confección de la licitación larga (que se materializará en un segundo decreto). Pero, desde el vamos, aclaró, “comienza a funcionar el cobro del canon del Estado por parte del AGP y a través de la cuenta derivadora a la que ingresan, se le paga a las adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento por las tareas realizadas”.
Con esta decisión, se modifica el histórico esquema por el cual el sector privado a cargo del mantenimiento cobraba directamente a las empresas exportadoras o navieras el “peaje” o canon por el uso del río.
El fin de la prolongación de la concesión en los términos que rigieron en los últimos 25 años y el cobro del peaje o canon a cargo de un organismo del Estado son dos de las reivindicaciones centrales que vienen planteando el senador Jorge Taiana y otros sectores internos al oficialismo sobre la continuidad de la privatización de la gestión del transporte fluvial.
El control de la Hidrovía sigue hasta ahora en manos del mismo consorcio concesionario al que se le adjudicó en 1995, a partir de la prórroga del contrato por 90 días otorgada al momento de su último vencimiento, que operó el pasado 30 de abril.
Al computarse sólo los días hábiles, esa extensión vence los primeros días de septiembre. La intención oficial, que reconoce varias idas y vueltas además de tironeos internos a la coalición gobernante y sus correlatos provinciales, es no volver a prorrogarlo. Por eso, apuran el “contrato corto” de 12 meses para antes de la primavera.
La que quiere seguir y las que se anotan
La intención de la corporación belga Jean de Nul es continuar prestando el servicio de dragado, aunque también trascendieron las diferencias “insalvables” que mantiene con su socio, Emepa, por lo cual es probable que no se vuelvan a presentar juntos a una próxima licitación, si es que sucede.
Para el interregno de un año que planteó el titular de la cartera de Transporte, o para luego, ya dejaron trascender su interés al menos dos empresas holandesas (Boskalis y Van Oord), una china (Shangai Dredging) y otra belga (Deme Group).
El pliego final, deslizaron fuentes de Transporte, podría estar listo para un llamado a licitación en el segundo semestre de 2022, con la idea de adjudicar las tareas de dragado y balizamiento antes de que finalice ese año.
Lo nuevo: control del Estado
El plazo de un año no sólo es para afinar el intrincado pliego y consensuar los intereses en juego: “Ya tendremos un ente nacional de control de la Hidrovía funcionando, que seguramente va a ser el encargado de la licitación grande”, agregó otro de los motivos el ministro Guerrera durante una entrevista con la FM 107.3 porteña.
La futura licitación, que por la inversión y la logística necesarias se estima por alrededor de dos décadas, promete ruidos. “Va a contener las nuevas obras de mayor profundidad del dragado, el acceso a los puertos públicos, y demás, convirtiendo al nuevo ente de control de la Hidrovía prácticamente en una secretaría o ministerio que se dedique exclusivamente a tener presencia en la red troncal fluvial que es una arteria fundamental para la producción y el desarrollo de la Argentina”, dijo el ministro. No todos están de acuerdo en aumentar el calado, por sus consecuencias ambientales. El interés en ello está centrado en los consorcios exportadores, que buscan reducir costos de fletes con buques de mayor capacidad.
El rol de las provincias
En una entrevista con Télam, Guerrera amplió sobre el tema; dijo que hay “un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable”.
“También participan del proceso universidades públicas como la Universidad del Litoral, que trabaja los aspectos más técnicos; de la Universidad de Rosario, que aborda los temas ambientales y la Universidad de San Martín que analiza los aspectos técnicos; con Medio Ambiente de Nación y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años”, agregó el funcionario.
Explicó que “la licitación de largo plazo va a contemplar nuevos dragados, accesos a puertos públicos, con una mirada puesta de Santa Fe hacia el norte, para hacer más navegable toda esa zona”.
Advirtió que lo que se está haciendo es “licitar una obra pública. Acá lo que tenemos que hacer no se ve porque está bajo el agua, pero estamos licitando una obra pública”.
Culminó afirmando que “el manejo de lo que sucede en esa vía navegable lo tiene que tener el organismo de control, o sea el Estado, que será el diferencial de lo que no sucedió los últimos 25 años”.
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