El juicio al juez español Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo se reanudó ayer con la declaración de tres familiares de víctimas de la represión, quienes por primera vez están siendo escuchados por un tribunal en España.
La primera testigo, María Martín López, de 81 años, relató ante los jueces su historia: “Mataron a mi madre en 1936 por no tener mil pesetas. La echaron a la calle, se la llevaron a declarar, y en el camino la mataron. Eran 27 hombres y 3 mujeres”.
La mujer, representante dela Asociación NuestraMemoria, de víctimas enla Sierrade Gredos, explicó que entonces ella tenía 6 años y dos meses y que su padre buscó a su madre sin descanso.
María dijo que sabía dónde habían enterrado a su madre después de ser fusilada, pero que ninguna autoridad la ayudó a recuperarla.
La segunda en testificar fue María del Pino Sosa Sosa, de 75 años y presidenta dela Asociaciónporla Memoria Históricade Arucas, Canarias, y quien presentó una denuncia ala Audiencia Nacionalcon una lista de más de 500 desaparecidos víctimas del franquismo. “Se llevaron de casa a mi padre”, explicó María del Pino, e indicó que al hombre “lo apalearon, lo tuvieron preso y luego lo dejaron en libertad”. Sin embargo, nueve días después un grupo de falangistas volvió por él y “nunca más supimos nada”, dijo la testigo, cuya madre entonces estaba embarazada de ella. “Cuando se llevaron a mi padre se llevaron el pan y la sal; mi madre estaba enferma, lo buscaba y nunca lo encontró”, agregó. María del Pino remarcó que a su padre “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba su madre”, por eso “nunca aceptó” el certificado de defunción de su marido. La mujer contó al Supremo que primero denunció el caso en su pueblo, Arucas, antes de acudir ala Audiencia Nacionalen busca de “justicia”, y reconoció que denunciaron crímenes de lesa humanidad que no están prescriptos.
Finalmente declaró Ángel Rodríguez Gallardo, historiador dela Asociaciónporla Memoria Históricade Ponteareas, Pontevedra, quien subrayó que las víctimas acudieron ala Audiencia Nacionalporque “había muchos crímenes sin resolver”.
El testigo contó como las víctimas fueron de tribunal en tribunal, sin saber aún quién es competente, y que hubo intentos anteriores de obtener repuesta dela Justicia, pero el 23-F (intento de golpe de Estado de 1981) frenó todo.
Las víctimas del franquismo testifican ante el Supremo en calidad de testigos de la defensa del juez Garzón, quien afronta un pedido de pena a 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricato, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y haber ordenado la exhumación de fosas comunes.
Lo denunciaron las organizaciones derechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, dos grupos que responden a personas que buscan garantizar la impunidad y los intereses políticos, sociales y económicos de los herederos del franquismo, según las víctimas de la guerra civil y la dictadura. El juicio contra Garzón por este caso se reanudó anteayer después de que el tribunal rechazara la solicitud de la defensa y la fiscalía de que el proceso fuese archivado por falta de garantías, tanto porque las acusaciones no cumplían con los mínimos legales como por la parcialidad del juez instructor, que ayudó a corregir sus denuncias. Mientras es juzgado por el franquismo y está a la espera de un tercer juicio por un delito de cohecho impropio relacionado con una financiación que solicitó al Banco Santander y otras empresas, Garzón aguarda la sentencia de su primer proceso. Se trata de la autorización que dio para realizar escuchas telefónicas entre los abogados y los principales implicados en la trama de corrupción Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP). Un solo día de inhabilitación significa el final de su carrera.
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