La denuncia realizada hace una semana durante un debate televisivo entre candidatos a intendente de Rosario sobre la presunta existencia de prostíbulos, cocinas de paco y desarmaderos en la zona noroeste, en connivencia con una comisaría, derivó en una investigación judicial y policial que incluyó la clausura preventiva de una casa de citas y el arresto de una mujer.
El caso tomó estado público en los primeros minutos de la tarde del sábado pasado, cuando en un debate entre los candidatos Mónica Fein (Frente Progresista Cívico y Social), Ricardo Schlieper (Unión PRO) y Héctor Cavallero (Santa Fe para Todos) realizado en los estudios de Canal5, este último sostuvo –entre otras cosas– que en jurisdicción de la seccional 17ª “hay prostíbulos con trata, chatarrerías y desarmaderos que habilita la Municipalidad y que venden productos robados, lo mismo las pensiones, que son aguantaderos de malvivientes”.
Los dichos de Cavallero (que vive a menos de 300 metros de esa comisaría) motivaron actuaciones sumarias de oficio con la intervención de los Juzgados de Instrucción y Federal en turno. La Justicia provincial ordenó un allanamiento que se llevó a cabo durante la tarde del miércoles, con la clausura del prostíbulo Sabor Sabor, ubicado en Juan Pablo II al 200 bis (calle colectora este de avenida de Circunvalación).
La medida fue ordenada por la jueza de Instrucción de la 10ª Nominación, Irma Patricia del Sagrado Corazón Bilotta, quien explicó que “en principio lo que hay es una infracción a la ley de profilaxis”, por lo que es probable que en los próximos días se declare incompetente y derive la causa al Juzgado Correccional en turno.
En el lugar, que contaba con cuatro habitaciones preparadas con luces, música y heladeras con bebidas alcohólicas, fueron secuestrados teléfonos celulares, material informático, preservativos, lencería erótica y bebidas, informó un vocero del caso.
La fiscal Adriana Camporini expresó que el lugar fue clausurado por no contar con habilitación y porque las cinco trabajadoras halladas allí no tenían la libreta sanitaria. De todas formas, explicó que “no había menores de edad ni personas de nacionalidad extranjera que estuvieran indocumentadas”, por lo que es probable la remisión de la causa a un Juzgado Correccional.
Camporini destacó la voluntad de la Justicia en las investigaciones de esta índole y recordó las medidas dispuestas la semana pasada por el procurador general de la Corte Suprema de Justicia por las calles se clausuraron otros tres prostíbulos de la ciudad.
La fiscal se refería al operativo simultáneo que tuvo lugar a principio de mes cuando la Justicia allanó tres casas de citas con el fin de determinar si en esos lugares se cometían delitos relacionados con la actividad prostibularia. La investigación se inició por expresa instrucción del procurador Agustín Bassó y estuvo coordinada por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini y la fiscal de NN Marcela Canavesio, quienes junto a otros cinco fiscales realizaron las medidas. Los allanamientos fueron ordenados por el juez de Instrucción de la 4ª Nominación, Juan Carlos Vienna, y como resultado se demoró a dos encargados de las casas y se secuestró gran cantidad de documentación, teléfonos celulares, sumas de dinero, CPU, notebooks y folletería relacionada a la práctica sexual. Todo lo incautado es peritado mientras que los prostíbulos quedaron clausurados.
En tanto, luego de la trascendencia de la clausura del lugar, el candidato a intendente Héctor Cavallero manifestó estar “muy contento” con el cierre del prostíbulo y llamó a la comunidad a seguir denunciando este tipo de irregularidades. “Estoy muy contento que la Justicia haya actuado”, aseguró.
¿Prostitución o trata?
Consultada sobre la criminalización de la prostitución, una fuente del expediente dijo que es importante diferenciar la trata de personas con el lucro que cada mujer pueda hacer de sus servicios sexuales. En ese sentido resaltó que la trata propiamente dicha tiene tres facetas fundamentales: primero la “captación” que consiste en el secuestro o engaño de la mujer; luego el “ablande”, que es la etapa en que la golpean o drogan para que ejerza la prostitución contra su voluntad, y por último la “ganancia” económica que obtienen terceros de esa situación.
En tanto, sobre el operativo realizado el miércoles por la tarde, la encargada del lugar, Mariela O., de 41 años, fue imputada por infracción a la ley de profilaxis, ya que ninguna de las cinco trabajadoras que había en el lugar contaba con libreta sanitaria.
La investigación continúa, apuntó un vocero del caso, ya que las denuncias mediáticas realizadas hace una semana también mencionaban desarmaderos, chatarrerías y pensiones donde se albergaría a delincuentes, todo con conocimiento de la seccional 17ª, de barrio Fisherton.
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