Candela Ramírez
A 45 años del inicio del genocidio en Argentina y en el marco de una expansión global de discursos de odio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Apdh- organizó un debate virtual entre especialistas en derechos humanos bajo el título Negacionismo y Derecho Penal. Los invitados fueron el juez federal y docente de la UBA Daniel Rafecas y la Mg. internacional en Derechos Humanos y directora de este área de la UBA Valeria Thus.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Norma Ríos, vicepresidenta y secretaria de lesa humanidad de Apdh y Eduardo Tavani , secretario de relaciones institucionales del organismo. El eje del encuentro fue el siguiente: ¿es un contexto propicio para aplicar en el país el derecho penal en casos de expresiones negacionistas o relativistas sobre la última dictadura cívico militar? El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional montó en Argentina, entre 1976 y 1983, cientos de centros clandestinos de detención y tortura. El resultado fue un genocidio y a pesar de los juicios de lesa humanidad que investigan y juzgan los delitos cometidos, retomados hace más de 15 años, hay sectores que todavía niegan su gravedad o la minimizan.
En este sentido Rafecas planteó cómo lidiar con esta problemática “desde la democracia y el Estado de derecho”. Recordó que se trata de un fenómeno global, que se ve mucho en países europeos y algunos latinoamericanos como Brasil o Chile. “Se viene multiplicando, exacerbando y aumentó su espesor a partir de la multiplicación de espacios y medios de prensa o de difusión a través de internet y también por vía de las redes sociales”, especificó.
Sin embargo, diferenció a Argentina de estos países. “No arrancamos de cero. Tenemos que tener en claro que rige la ley 23.592 de 1988″, se trata de la ley contra actos discriminatorios donde en su primer artículo, detalló, se agrava penalmente cualquier delito que se cometa donde los móviles de los autores estén guiados por alguna forma de discriminación u odio racial, étnico, sexual, por posición económica o gremial.
Además, siguió, en el tercer artículo se castiga con penas de hasta tres años de prisión a los que participen en una organización o realicen propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza o grupo de personas de una determinada religión, origen étnico o color y que tenga por objeto la justificación o promoción de discriminación o alienten o inciten a la persecución u odio contra una persona o grupo de personas. Y Rafecas se detuvo en esto: figura la palabra ideas políticas.
Lo subrayó y manifestó que en el país no hubo dificultades para su aplicación, sigue vigente y que hay antecedentes de estas situaciones o de agravantes.”Actualmente hay varios proyectos de ley que apuntan a ampliar la persecución penal para, en principio, lo que son expresiones o manifestaciones públicas o que tienen repercusiones públicas que tiendan a negar o relativizar estos sucesos históricos incontrovertidos” y agregó: “Esos discursos son repudiables, abyectos, pero la pregunta es si es un paso que estratégicamente es el correcto para resolver o enfrentar el problema del negacionismo. Mi primera impresión en términos comparados con el resto de América latina y con Europa es que en Argentina no tenemos un problema grave de negacionismo o relativismo en 2021”.
Aclaró que entiende que existen personas con esta ideología pero que considera que aún son marginales, que no tienen demasiada repercusión pública. “Soy un espectador atento de los medios masivos y no veo, sinceramente, en la primera línea de los medios masivos gráficos, radiales, televisivos, que aparezcan a diario o cotidianamente discursos abiertamente negacionistas o relativistas que son los que pueden tener un impacto en el ámbito social o comunicacional. Más bien son circuitos cerrados, desde redes sociales o en ámbitos de segundo o tercer orden”.
El juez federal planteó que hay países, como Brasil, Colombia o España, donde existen problemas muy graves de negacionismo y que no se replican en Argentina por lo que no le parece necesario “acudir a una herramienta tan drástica como es el ámbito penal”.
“Además de esta cuestión, cuando llegan (esos discursos) al orden mediático el repudio social es tan contundente que terminan reafirmándose los sectores democráticos”, sostuvo. A su vez, Rafecas intentó imaginar cómo podrían reaccionar los sectores afectados, también teniendo presente las experiencias de otros países.
“Con la legislación penal le ponemos una alfombra roja para que esa ideología, para que ese personaje siniestro llegue a todos los medios, a la tapa de los diarios. Les hacemos el favor de que el mensaje llegue a todos lados, ¿por qué? Porque lo vamos a convertir en un caso penal. Y ese personaje entonces se convierte en una víctima”, consideró.
Además, consideró que estas personas no responderían con una bandera de defensa a la dictadura y Videla sino que “se van a escudar en la libertad de expresión y de prensa, en los derechos constitucionales y van a decir que están en juego los valores democráticos”. “Este aspecto es complejo, porque si vamos a criminalizar expresiones u opiniones esto intersecta con la libertad de expresión y de prensa que consagra expresamente el artículo 14 de la Constitución”.
“Yo no sé si vale la panea abrir ese flanco en el marco de nuestro proceso de Memoria, Verdad, Justicia y reparación en Argentina. Son más las desventajas que la ventajas, son más los riesgos que los beneficios de sancionar una ley así”, agregó. Puntualizó que son temas sensibles que deben ser manejados con mucha prudencia para no “hacerle un favor a estos sectores”.
Expresó: “Concédanme que va a haber muchos empresarios morales, comunicadores y medios que van a estar muy felices de agitar esta cuestión y llevar estos personajes a la televisión, van a llevarlos para que digan abiertamente su discurso y ese va a ser un problema mayor”.
Finalmente, recordó lo que considera un hito en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia post dictadura: las grandes concentraciones a lo largo de todo el país contra el falló 2×1 en mayo de 2017, “una decisión judicial que ponía en grave riesgo la prosecución de los procesos de juicio y castigo”.
Para Rafecas esta reacción popular de tantas personas habla de que “la sociedad argentina tiene muy en claro qué fue el terrorismo de Estado”. “Es un argumento que me sirve para terminar de confirmar y de hacer sonar la alarma porque: cuidado, la argentina es una sociedad donde abrumadoramente y mayoritariamente acompaña estos procesos y si lo hace es porque tiene claro lo que fue la dictadura y el terrorismo de Estado”.
La que tomó la palabra luego de esta exposición fue Thus, que en términos generales compartió la preocupación de Rafecas y aún así considera viable la opción de avanzar en la legislación para penalizar expresiones de tinte negacionista. Thus además ha intervenido como querellante en juicios de lesa humanidad.
Habló desde su lugar como militante, coincidiendo con Rafecas al plantear la pregunta sobre si es conveniente avanzar en este camino y responder como activistas los activistas de derechos humanos que son.
“Es una batalla poder instalar la posibilidad. Somos militantes y nos interesa pensar si esto es desable”, inició. Además valoró la oportunidad abierta por Apdh -de la que también forma parte- de poder pensar colectivamente esta cuestión.
Puntualizó el tema de si la criminalización pondría o no en jaque la libertad de expresión. Entonces se refirió a modelos como el estadounidense o el alemán, sus formas de concebir este derecho son diferentes y para Thus es un debate que la sociedad argentina podría darse.
Además, consideró que la legislación europea sobre criminalización de los negacionismos tiene sus variantes y que no se puede “copiar y pegar” sin tomar en cuenta sus particularidades, la experiencia que tuvieron y los errores que fueron corrigiendo.
Planteó: “Pasan dos cosas en el sistema interamericano. Estamos flojos de papeles porque la protección a la libertad de expresión es muy fuerte pero también es cierto que no se protege al discurso de odio”. Thus recordó que este sistema plantea la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos a la hora de expresarse y así están sometidos a ciertas limitaciones.
“Podemos sortear ese camino”, propuso y en este punto Rafecas coincidió. El juez manifestó: “El estándar de expectativas respecto a quien ejerce la función pública y sus expresiones, acá no tenemos ningún problema en aplicar alguna figura. Me parece correcto y adecuado construir un tipo penal además de la cesantía, la pérdida del cargo y eventualmente la inhabilitación. Que esto esté en el ámbito penal, desde el punto de vista simbólico creo que es muy importante. Además de que es infinitamente más grave que un funcionario o legislador o lo que fuera del orden de la función pública, haga este tipo de expresiones o las lidere”.
“El negacionismo de Estado es el más grave”, agregó, “lo vemos en países vecinos como Brasil y es devastador para una democracia y el que es diputado hoy mañana puede ser presidente entonces si tenemos una herramienta penal que nos ayude muy tempranamente a desvalorar este tipo de expresiones ahí sí que no veo ninguna objeción”.
Thus incluyó en su exposición que existe una convención interamericana de discriminación que trabaja el tema de los negacionismos, que hay muchos modelos posibles y, sobre todo, un informe que consideró muy valioso: el de la relatoría de Naciones Unidas sobre Verdad y Justicia de Fabián Salvioli.
“Específicamente habla de estas cuestiones a diferencia de lo que pasaba antes. Por supuesto tienen otras preocupaciones, el uso de las fake news y el discurso de odio en el marco del genocidio de Myanmar. Están pensando otras cosas pero hacen referencia a Bolsonaro en Brasil”, detalló.
Para la magíster es una herramienta que en Argentina podría ser tomada en cuenta para avanzar en la forma de combatir los negacionismos existentes. “En sus recomendaciones específicas señala la exigencia de que los gobiernos y poderes públicos deben abstenerse de expresarse en esa dirección”.
Sino se trata de “una revictimización y ofende a la comunidad internacional”, por eso preocupan las expresiones del presidente brasileño en las que reivindica la dictadura.
“El uso de la herramienta penal aparece como un marco de principio de no regresividad”, señaló. Habló entonces de la justicia, la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y el proceso de memorialización. En este último punto se exhorta a trabajar los derechos humanos en los ámbitos educativos. Esta idea también la enfatizó Rafecas en su exposición que consideró que la herramienta fundamental contra los negacionismos es la educación: “Si las nuevas generaciones están educadas e informadas sobre estos temas, están vacunadas contra estos discursos”.
Por último, Thus refirió que avanzar o no en este tipo de legislaciones tiene que ver con “una decisión política, tiene que ver con la estrategia y la conveniencia”. ¿Es este año en contexto de pandemia el momento para hacerlo? “No lo sé”, se respondió a sí misma pero agregó: “Diría que tiene que ver con reforzar cuáles son los valores que queremos resolver y esos se resuelven en la asamblea legislativa. Podemos construir un discurso grande, robusto, un debate donde estén todas las posiciones como pasó con la despenalización del aborto”.
En ese caso, si se diera un debate en esos términos quizás, planteó, se podría construir un buen piso de valores democráticos para que funcione un sistema así. “Porque no lo discutimos en una marcha que sigue siendo una mirada subjetiva de cada uno”.
En la mayoría de los países europeos no hubo un proceso de Memoria, Verdad y Justicia como en Argentina ni juicios de lesa humanidad sostenidos en el tiempo como política de Estado. “Entonces quizás la criminalización del negacionismo donde hay tanta justicia no tenga esos problemas”, concluyó y aclaró que lo piensa al menos, todavía, como de forma intuitiva.
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