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Coronavirus y trabajadores

De la tierra arrasada a la pandemia y ¿de la pandemia a la concertación social?

Cuando aparezca la vacuna para frenar el covid-19, se deberá decidir entre comenzar un camino complejo para solucionar los problemas del país a través de la concertación, el consenso, los consejos económicos, cada uno desde su lugar, o continuar en caída libre por el precipicio


Pablo A. Lorenzo**

Argentina, diciembre del año 2019. Año electoral. Nuevas autoridades electas. Crisis económica. Aumento del costo de vida de más de un 50% desde enero. Dólar sin control. Corralito financiero.

Deuda externa de más del 58% del PBI. Aumentos paritarios que no superaron en general el 30% –a cumplir la mayoría durante el año 2020–. Más de cinco millones de trabajadores en la informalidad total. Más del 35% de índice de pobreza.

Más de nueve mil pymes cerradas en el transcurso del año. Con estos números a la vista nadie, en su sano juicio, podría  aventurarse a afirmar que el sector de los trabajadores en relación de dependencia se encuentre ante un panorama de prosperidad. Sin embargo, poco se habla de ello en los ámbitos periodísticos.

Por el contrario se hace mucho más hincapié en otras contingencias que afectan a la sociedad (seguridad, falta de acceso a créditos bancarios, limitación a los viajes al extranjero, especulación financiera).

Los operadores del derecho laboral se debaten entre el dogmatismo de los tratadistas, el pragmatismo político de muchos representantes sindicales, las quejas de las aseguradoras de riesgos del trabajo –grandes financistas (con el dinero de empleadores y trabajadores) de la deuda del Estado–; muchos empleadores que atribuyen todas sus penurias económicas a la sobreprotección que otorga el derecho del trabajo a sus trabajadores, muchos abogados que subordinan la protección de los derechos de los trabajadores a la protección de su propio derecho alimentario profesional (la mayoría de las veces con armas lícitas) y dan pie para que se hable –sin saber y con una absurda generalización de la “industria del juicio laboral” y la trinchera de todos los días– de quien, en blanco, en negro, en gris, endeudándose, aceptando condiciones indignas, acoso moral y psicológico –en algunos casos al peor estilo de la revolución industrial–, trata de sobrevivir prestando su trabajo dependiente.

Sin grieta ideológica alguna

Las primeras normas del nuevo gobierno, probablemente ante la situación de emergencia crítica que heredó y con el propósito de aumentar algo los ingresos de quienes están más abajo en la pirámide social, no fueron demasiado alentadoras a mejorar el estado general de los trabajadores.

Paritarias estatales con cláusulas gatillo que no se cumplen unilateralmente (privadas tampoco), esquemas de aumentos al sector previsional que –mal o bien– constituían un derecho adquirido y un mayor beneficio para los jubilados y pensionados que tampoco se cumplen, reglamentación legal para la actividad de reparto de mercaderías a través de apps –cada vez más habitual ante el enorme desempleo– con específica abstención de considerarlos trabajo en relación de dependencia y la firme convicción de impulsar la adhesión al sistema de reclamación administrativa obligatoria que ratificó la Ley 27.348 del anterior gobierno, en una clara muestra que la crisis económica y evitar generar algún perjuicio a sectores potencialmente poderosos económicamente como las ART no tiene grieta ideológica alguna.

Y llegó la pandemia

En otras palabras, arrancamos el partido con varios goles en contra, por vicios sociales endémicos propios no resueltos por años y agravados en los últimos tiempos, con un trabajo en negro cada vez más elevado, salarios cada vez más deteriorados, sin regulación clara alguna respecto al teletrabajo y una de las pobrezas más altas que hemos tenido en casi toda nuestra historia, entre muchas otras.

En este contexto preocupante, con rápida respuesta se resolvió –luego de algunas protecciones específicas a los sectores más vulnerables– un aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar un colapso del sistema sanitario autóctono, en vista de lo que venía sucediendo en Italia, España y otros países primermundistas cuya envidiada asistencia médica colapsaba ante el avance indiscriminado del virus como cuando se sopla un castillo de naipes.

Ante la declarada abstención de prestar servicios, se fue sucediendo una catarata de DNU’s para afrontar la suspensión de las clases, la protección a los sectores de trabajadores comprendidos en el aislamiento en el ámbito laboral.

Con ellos se dejó en claro tanto las buenas intenciones de los gobernantes como la escasa especialización en el derecho del trabajo de los funcionarios encargados del dictado de las normas, incorporando algunas figuras poco claras, con algunas marchas y contramarchas y cuestiones que van a quedar libradas a la interpretación de la prelación de fuentes jurídicas y en gran medida contribuyen a aumentar la incertidumbre entre los trabajadores y los empleadores.

Sin entrar a debatir en estas normas, es claro que corresponde a los operadores jurídicos dar algún tipo de respuesta respecto a los derechos humanos y sociales en juego en la génesis, evolución y efectos de esta epidemia, de la misma manera que la comunidad científica médica hace esfuerzos permanentes –con gran predisposición– para resolver la crisis sanitaria.

 Evaluar nuevos mecanismos de representación

En un primer análisis corresponde tener en claro que no existe disyuntiva teórico-jurídica como tal entre el derecho humano a la salud y los derechos económicos sino complementación entre los mismos.

En efecto, el derecho a la salud implica gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente, en el sentido a la plena disponibilidad, acceso y calidad de servicios. Para cumplir con ello es necesario el respeto del derecho a la vida, a la integridad personal y a la calidad de vida.

La calidad de vida es un concepto integrador de los derechos humanos dentro de sus características de interdependencia, trasciende el concepto de bienestar y aborda multiplicidad de factores del entorno económico, social, cultural y político en el curso de la vida de cada ser humano.

En consecuencia, todas las conductas o actos en materia de salud que producto del irrespeto o incumplimiento de obligaciones del Estado, o en este caso de particulares, tengan la intención, o como resultado, poner en peligro la vida o la integridad física o mental de cualquier persona, deben ser investigados y sancionados.

Las medidas de coyuntura apuntan a resolver un problema inmediato y emergen de la necesidad y la urgencia declamada y nunca más real y aún con la mejor de las intenciones, no pueden disimular la indudable pérdida –además de vidas– de derechos que todos los sectores sociales están sufriendo o van a sufrir a futuro.

Ya sin dudas se advierten reclamos de trabajadores afectados –de facto– por disminuciones salariales o despidos, como también de distintos sectores empleadores, industriales y profesionales que ven mermar su calidad de vida día tras día sin horizonte próximo de mejora.

Para afrontar esa pérdida, necesariamente se deben evaluar nuevos mecanismos de representación en los cuales la decisión del Estado comprenda en su génesis la participación de todos los sectores involucrados, a través de sistemas de diálogo y concertación social como instituciones jurídicas reales, institucionales, efectivas y no meramente retóricas.

No deben perder siempre los mismos

Haciendo una comparación con la cuestión sanitaria y el derecho a la salud primaria, es claro que todos los sectores sociales consensuaron tácitamente –y más allá de algunos impresentables que existen en todos lados– que la única herramienta disponible para evitar el colapso del sistema sanitario argentino (privado y público) era el aislamiento y lo estamos cumpliendo, fundamentalmente por la convicción de que, pese a la pérdida de derechos de circulación, de industria o de trabajo, es lo mejor para la sociedad.

Quizás haya llegado –de la peor manera– el momento de replicar este consenso en lo que hace y va a hacer a nuestra calidad de vida futura, a sabiendas que todos vamos a perder un poco como sociedad –inclusive y mal que nos pese a los trabajadores que son sujetos de especial tutela constitucional–, pero que no deben perder siempre los mismos, que cada sector debe ser escuchado, que la respuesta individual y aislada, la representatividad abstracta que ha caracterizado estos últimos años en nuestro país solo va a generar pujas retóricas por hacer prevalecer necesidades, intereses o prebendas de índole particular o colectiva, pero vacías de representatividad real.

Atravesar la tormenta todos en el mismo barco

En suma, nadie duda que nuestra sociedad y en especial los trabajadores estén caminando más allá del borde de la cornisa.

Sería, al menos alentador que todos los sectores sociales, y en especial aquellos más postergados que con seguridad van a encontrarse afectados, puedan participar de las soluciones y de las decisiones que involucran sus derechos, y que si se debe resignar sea en pos de un objetivo social real, cumplible y más importante que el individuo aislado.

Resulta significativo en este análisis destacar a los propios trabajadores –sujetos primordialmente afectados en sus derechos–, quienes han dado el paso inicial hacia la necesidad del acuerdo social y paritario, a través de un comunicado de la CGT de fecha 15 de abril indicando la necesidad de constituir de inmediato un comité interministerial con participación de trabajadores y empresarios, que gestione la crisis sanitaria para darle respuesta a todos los sectores afectados en los tiempos necesarios y que se debe poner en marcha un Consejo Económico y Social para acordar la economía de la post pandemia.

La conclusión del comunicado, más allá de los reparos que cada lector pudiera tener respecto a la representación sindical es insoslayable: “La Argentina es nuestro barco común y debemos atravesar la tormenta todos”.

Buscar el consenso social de una mayoría

Memoro que en el año 1983, y luego de otra pandemia mucho más humana y cruel y no menos grave que esta, se dijo nunca más”. No fue la convicción de un partido político, ni de un presidente, ni de diputados y senadores bien intencionados ni de las víctimas directas del genocidio militar.

Fue el consenso social de la mayoría de los argentinos de no querer volver al pasado, que hizo que esta premisa haya sido una de las pocas que hemos honrado como sociedad en estos años.

Debemos decidir entre comenzar un camino, largo, complejo y durísimo de solución de los problemas de nuestro país que depende solamente de nosotros, a través de la concertación, el consenso, los consejos económicos, etc, cada uno desde su lugar y su ámbito o continuar en caída libre por el precipicio social, aunque algunos personajes crean que están a salvo porque se compraron el mejor paracaídas del mercado.

** Docente Derecho del Trabajo Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas y Estadística  / Investigador CEI / UNR. Nuevos derechos sociales en el proyecto de reforma a la Constitución de Santa Fe. Tema Concertación Social. Relator Justicia Laboral Santa Fe

 

 

 

 

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