Bruno Bettiol
Once de agosto de 2020: un día negro para Patricio Serjal luego de 15 días vertiginosos en los que reseteó cinco veces su teléfono celular. En una audiencia imputativa que lo tuvo como acusado de corrupción, el hombre de 43 años oriundo de San Pedro, Buenos Aires, quedó preso por 90 días en forma preventiva por resolución de la jueza Eleonora Verón. Mientras tanto, continúa la investigación en su contra, la que puso fin a su carrera en el Poder Judicial que se afianzó el 17 de abril de 2017 cuando fue designado jefe de los fiscales de la Regional con sede en Rosario. Una gestión a la que sus subordinados describieron como una jefatura que no brindó demasiada atención a las investigaciones, y si no fuera por el escándalo destapado en torno de la cobertura de las redes de juego clandestino en la región, quizás sólo hubiera pecado de burocrática.
Serjal, ya sin fueros luego de que no le quedara otra que renunciar a su cargo la semana pasada en el Poder Judicial, fue acusado de formar parte de la triada de funcionarios judiciales que exprimía al empresario del juego legal y sospechado de ilegal Leonardo Peiti con pedido de coimas mensuales.
Los pagos tenían como objetivo garantizar la seguridad a Peiti, mantenerlo al tanto si surgía alguna investigación en su contra y, en caso de que la pesquisa tuviera origen en otra circunscripción, arbitrar mecanismos para que estas cayeran o se empantanaran, acusaron los fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Los demás hombres de la Fiscalía acusados de exigirle una cuota mensual de entre 4 y 5 mil dólares por mes a Peiti son el malogrado fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso desde el pasado 5 de agosto, quien al ser allanado –según la acusación y un registro de video– reclamó: “¿Por qué no lo allanan a Serjal?”. Y su secretario y empleado del MPA Nelson Ugolini, imputado pero en libertad.
“Teníamos una investigación por extorsiones, no lo estábamos investigando a Serjal”, dijo Edery en referencia al origen de la causa que derivó en la prisión del ex jefe de fiscales de Rosario. Ocurre que el teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, sindicado cabecilla de una célula de Los Monos dedicada a las extorsiones estilo “plata o plomo”, destapó una olla que alcanzó a las altas esferas del Ministerio Público de la Acusación y a jefes (por ahora sólo retirados) policiales.
Esa red comandada por Cachete quedó desbaratada con la investigación de la extorsión al Casino City Center, un apriete que derivó, el 11 de enero pasado, en el homicidio del gerente bancario Enrique Encino, que había salido a fumar a uno de los balcones de la casa de apuestas y recibió un disparo en la cabeza.
Peiti, perfilado como una especie de zar del juego ilegal en Santa Fe, pasó de víctima de esa red a colaborador por sus conexiones judiciales y policiales, según los fiscales acusadores.
La declaración como arrepentido de Peiti, a finales de julio, significó la caída de los fiscales Ponce Asahad y Serjal, quienes ese mes le habían pedido la ambiciosa suma de 100 mil dólares para echar por tierra la causa en su contra, en el marco de un “negocio” que comenzó en diciembre de 2018.
Los funcionarios acusadores detallaron que Peiti dijo haber tenido dos encuentros con Serjal, uno en Rosario y el otro en Capital Federal, aunque del primero no encontraron indicios, sí describieron el otro para sustentar la imputación por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y omisión de persecución.
El 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el porteño Hotel Etolie, en el barrio porteño de Recoleta, a media cuadra de legendario bar La Biela, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota e incluso, pedirle un aumento, dijeron desde la Fiscalía.
Serjal, que era habitué de ese hotel, admitió haber viajado ese día, pero dijo en su declaración que fue cuestiones laborales y que no conocía a Peiti. Sin embargo, para los fiscales ese encuentro está acreditado.
Por ese viaje, además, Serjal fue acusado del delito de peculado, es decir de malversación de los fondos públicos. Serjal viajó acompañado de un amigo, Roberto N., con “fines exclusivamente recreativos en días laborables”, en un auto oficial –Toyota Corolla– y con un chofer oficial, dice la acusación.
Para colmo, a la vuelta, Serjal solicitó a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por 2.780 y 2.923 pesos, por lo que se emitió un cheque a nombre de Serjal por esas cifras, agregaron desde la Fiscalía.
Las causas de juego clandestino
La fiscal Paolicelli describió el interés de Serjal en investigaciones por juego clandestino originadas en Casilda, Melincué y Cañada de Gómez. Por caso, contó que en marzo de 2018 la fiscal de Casilda, Marianela Luna, instruyó una investigación sobre garitos clandestinos en clubes de barrio, regentados –según la investigación– por Julio Ladrelo, un hombre de “estrecha vinculación con Peiti”.
Pero, cuando la fiscal Luna comunicó a la coordinadora de distritos del MPA Natalia Benvenuto que iba a realizar una redada para desbaratar los casinos ilegales, el dato llegó a Serjal. El resultado fue que los allanamientos se cayeron: los garitos habían sido levantados. Y las intervenciones telefónicas también, detalló Paolicelli.
Asimismo se tuvo en cuenta la injerencia de Serjal en la jurisdicción de Casilda y Cañada de Gómez, ya que los fiscales estaban bajo su mando por pertenecer a la circunscripción Rosario, la segunda. No así Melincué, que pertenece a la tercera circunscripción, asentada en Venado Tuerto.
Otro episodio que describió el accionar de Serjal fue detallado por la fiscal Ana Julia Milicic, de turno el 11 de julio del año pasado, cuando el edificio de Servando Bayo al 1000, una de las propiedades de Peiti, fue tiroteado y pintado con la leyenda “Leo pagá”.
Milicic declaró que tanto Ponce Asahad como Serjal mostraron un interés inusitado en esa causa y que en forma solapada le dijeron que archivara las actuaciones. La fiscal habló de una “sensación de que le estaban pidiendo que cajonee la causa”.
“Cuando Milicic le indicó que iba a llamar a la víctima, refirió que Ponce Asahad le dijo: «No no, yo ya hablé con el abogado, no está en la ciudad»”.
Los abogados defensores de Serjal, de la firma Lima, un tradicional estudio jurídico de San Nicolás, dijeron que la evidencia contra su cliente se basa en “dichos de dichos” y argumentaron que lo que haya hecho Ponce Asahad “será por su cuenta”.
Además hablaron de “una causa mediatizada” en la que la opinión pública podría llegar a condicionar la resolución de la magistrada.
“Serjal luchó muchísimo para llegar al lugar donde está y tiene cuatro hijos”, dijeron al pedir una morigeración de la prisión preventiva.
Los dichos de la defensa no repercutieron en la jueza Verón: la magistrada dictó 90 días de prisión preventiva contra Serjal, que a las 21 salió escondido en un patrullero rumbo al llamado Order, ubicada en la nueva prisión de 27 de Febrero y avenida Circunvalación, donde los recién imputados no se mezclan con el resto de la población carcelaria.
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