Arlen Buchara
Faltan unas horas para la medianoche y Michelle Vargas Lobo está acostada mirando el celular después de trabajar todo el día. Le llega un mensaje y después otro y otro más. Los grupos de Whatsapp que comparte con trans, travestis y transgénero de todo el país empiezan a circular la noticia: “Alberto va a sacar por decreto el cupo laboral trans del 1 por ciento”. La euforia recorre las pantallas pero nadie se anima a confirmarlo. Las promesas al colectivo más postergado y vulnerable de la sigla LGTBIQ no siempre se cumplen. La Miya, como le dice cada persona que la conoce, lo sabe. Hace 10 meses la comunidad trans de Santa Fe pide al gobierno provincial la reglamentación de la ley sancionada a fines de 2019. También reclaman al Estado Municipal, que fue pionero en el país con la ordenanza de 2016, la apertura de los ingresos pendientes de 2019 y 2020. Miya sabe que las leyes sin reglamentación no le cambian la vida a nadie. Está ansiosa pero no quiere creerlo hasta no verlo. A las 00 del viernes 4 de septiembre del 2020 el Boletín Oficial se actualiza y sale publicado el Decreto 721: el cupo laboral trans del 1% para todas las dependencias del Estado Nacional es un hecho.
Miya y todas mujeres trans, travestis, transgéneros y los varones trans de los grupos estallan. Empiezan los mensajes de voz, los corazones celestes y fuscias, los stickers, las llamadas y videollamadas. Lloran, se ríen, recuerdan a sus muertas, se quieren abrazar y no pueden. “Se armó una revolución. Anoche no durmió ninguna trava en Argentina, no damos más de la alegría. Fue un reconocimiento del presidente a la lucha que venimos dando hace muchos años, a esta revolución de furia y amor travesti. Esto le marca la cancha al resto de los gobiernos. Y nos da la fuerza para pelear por la ley, porque necesitamos que el cupo salga por ley. No podemos correr el riesgo de que venga un gobierno de derecha y lo derogue de un tirón”, cuenta un día después a El Ciudadano.
La Miya Vargas es una de las referentas de la comunidad trans de Rosario. Trabaja en el Concejo Municipal como asesora del peronismo, integra el centro cultural “La casa de las locas” y estudia enfermería. Tiene 39 años y llegó a Rosario desde Chubut a los 21, expulsada de su casa, su escuela y su provincia. La primera vez que pudo tener un trabajo en blanco fue a los 32, cuando a través de un programa del gobierno de Cristina Kirchner entró a un call center por tres meses. El Estado se hacía carga de su sueldo por ese período y cuando terminó desde la empresa decidieron contratarla. Estuvo tres años hasta que renunció para poder estudiar por primera vez en su vida, primero en un Eempa y después en la facultad. Ella siempre recuerda a esa primera empleadora como quien le dio una de las oportunidades más importantes de su vida: “Es importante que el sector privado vea esto, deje los prejuicios de lado y le dé una oportunidad a las travas. Un trabajo a nosotras nos cambia la vida”.
La historia de Miya no es excepcional. En Argentina, las personas travestis y trans tienen un promedio de vida de 35 años. Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento no accede a un empleo formal y para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral. La baja expectativa de vida responde a causas sociales porque es provocada por la discriminación, la violencia, la exclusión y la vulneración de derechos de la que son blanco desde la infancia y la adolescencia, a la que se suma la persecución y violencia policial. Por eso, desde el colectivo travesti-trans de Argentina hablan de que existe un travesticidio social y que el Estado es responsable.
El decreto 721 que se oficializó este viernes para Miya es justicia social. “Es un abrazo del presidente a las travas, como dijo Marlene Wayar. Es un reconocimiento de la vulnerabilidad y la exclusión. Es histórico porque reconoce en el texto nuestro promedio de vida y la condición subjetiva de la identidad”, explica y agrega que ahora vendrá la implementación, que es la que realmente impacta en la vida de travestis y trans: “Ya lo vemos con la ley de Identidad de Género, que es un ejemplo a nivel mundial pero que en su implementación no está garantizando la salud integral de las compañeras en todas las provincias”.
Miya remarca que es importante avanzar hacia una ley en el Congreso Nacional. Para ir en esa dirección, hace pocas semanas, referentas y referentes de todo el país formaron el Frente Federal Cupo Travesti Trans.
Un decreto para cambiar vidas
El Decreto 721/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta. Establece que sector público nacional que los cargos en el ámbito público deberán ser ocupados en una proporción “no inferior al uno por ciento”, por personas travestis, transexuales y transgénero. La decisión -que apunta a lograr una “efectiva inclusión”- se tomó en virtud de “respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Además, en los considerandos del decreto, se señala que “el ejercicio de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero se ve obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad que afecta particularmente a este colectivo desde la niñez” y agrega: “El Estado Nacional, como garante de los derechos humanos, asumió el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos”.
El decreto dice además que “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero”, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Otro punto importante es que para garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo y se permitirá el ingreso con la “condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”.
El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitarán a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo se realice “en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas”. Por último, dispone la creación de un Registro de Anotación Voluntaria para aspirantes y se crea una Unidad de Coordinación Interministerial que elaborará las condiciones necesarias para el cumplimiento de la norma y su observación.
La historia
El cupo laboral travesti-trans fue una idea que impulsó la líder y activista travesti Diana Sacayán. Lo pensó como una forma de reparar la exclusión de la que son víctimas quienes integran la parte más vulnerable del colectivo. La ley impulsada por Sacayán fue votada el 17 de septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires. Un mes después ella fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores. El gobierno de Buenos Aires recién lo reglamentó en diciembre de 2019, con el cambio de gestión.
En 2016 el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional que proponía que el 1 por ciento de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Perdió estado parlamentario y volvió a presentarse en 2018. En junio de este año se empezó a debatir nuevamente en Comisiones de Diputados. Hay siete proyectos con estado parlamentario que establecen entre 1 y 2 por ciento de cupo en algunos casos para el sector público y en otros también para el sector privado.
Ley provincial, sin reglamentación
El 31 de octubre de 2019 la Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el cupo laboral trans, después de una importante movilización y activismo por parte organizaciones de toda la provincia. La norma era un reclamo desde hacía años y había tenido media sanción en Diputados, pero había quedado trabada en el Senado. Ese día Santa Fe se convirtió en la quinta provincia del país en aprobarlo. La ley estableció que el Estado Provincial ocupe en su personal de planta permanente, transitoria y/o contratada, a personas travestis, transexuales y transgénero, en una proporción no inferior al 5 por ciento. Pasaron 10 meses y la norma no fue reglamentada por el gobierno provincial.
Rosario, pionera pero en falta
En mayo de 2016 Rosario se transformó en la primera ciudad del país con cupo laboral trans. Un año después llegó la implementación con los primeros cinco ingresos a la planta de la Municipalidad de Rosario. Según denuncian las organizaciones, el 2019 y 2020 no hubo apertura de registro de aspirantes.
Desde la ordenanza de Rosario, se sumaron otras 9: Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto, Santa Fe y Vera, que lo hizo hace dos semanas. Entre las 10 localidades apenas 22 personas consiguieron un trabajo en blanco.
La Universidad Nacional de Rosario avanzó en octubre de 2019 cuando el rector Franco Bartolacci se comprometió a implementarlo de hecho con el 5 por ciento de los ingresos. Este viernes abrió la inscripción en su página web.
La vulnerabilidad en números
En Santa Fe la población asciende a 1.200 personas, según la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe. Se trató del primer y único estudio de este tipo de Argentina y Latinoamérica y arrojó datos sobre un tercio de la población travesti-trans de la provincia. De acuerdo con el estudio, sólo el 5 por ciento accedió a un estudio terciario o universitario. El 75 por ciento sufrió burlas, insultos, maltratos y las han llamado por el nombre o género que no es el autopercibido y el 47 fue víctima de la Policía. Como consecuencia de la violencia y la discriminación el 65 por ciento dijo que se había autolesionado, 75 por ciento tuvo problemas de consumo de alcohol, el 77 de otras sustancias y el 78,6 sufrió patologías alimentarias.
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