Un motín que había comenzado durante la tarde de anteayer en un penal mendocino, en el cual seis guardiacárceles habían sido tomados como rehenes por diez presos de alta peligrosidad, culminó ayer a las 14 luego de acordarse el traslado de ocho reclusos a otros penales. El director del Servicio Penitenciario mendocino, Sebastián Sarmiento, admitió que se “aceptaron las exigencias de los amotinados y ellos entregaron a la totalidad de los rehenes sin consecuencias”.
El motín comenzó cerca de las 17 del domingo, al finalizar la visita de familiares en el penal de Almafuerte, ubicado en la localidad precordillerana de Cacheuta, en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 32 kilómetros al suroeste de la capital mendocina.
El penal, inaugurado en 2007, alberga a unos 800 reclusos, la mayoría de máxima peligrosidad.
De acuerdo con los voceros del caso, cuando los internos ingresaban al pabellón número 5, un grupo tomó de rehenes a los penitenciarios Diego Romo, Javier Morales, Rafael Bustos, Sergio Díaz, Gabriel Manrique y Gustavo Ojeda, tras lo cual taparon los visores de cámaras ubicadas en distintos puntos del edificio.
Según las fuentes, apenas comenzó el motín los presos pidieron la presencia de un juez, de las autoridades de Derechos Humanos de la provincia y de los medios de comunicación.
El director del penal informó ayer a la mañana en declaraciones a la radio Nihuil que no existió una tentativa de fuga, “sino básicamente una protesta sobre algunas condiciones relacionada con sus condenas”.
El vocero de los amotinados fue Fabián Cedrón, de 25 años, condenado por los asesinatos del cabo Gustavo Ramet (39) en octubre de 2009 en el departamento Las Heras y del agente Eduardo Sánchez, en 2004, en el barrio San Martín de la ciudad de Mendoza.
También participó de la revuelta carcelaria Ricardo González, alias Pitu, condenado por el homicidio de la maestra jardinera Claudia Oroná, en noviembre de 2004 en Godoy Cruz.
Ante la peligrosidad de los amotinados, llegaron al lugar miembros del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (Geop) para controlar situaciones de complejidad, y otros efectivos especializados de la Policía mendocina.
En un primer momento la situación fue confusa, ya que no se sabía cuantos eran los amotinados, si tenían armas de fuego, cuáles eran sus exigencias y la situación de los rehenes, un panorama que se prolongó hasta las primeras horas de ayer.
Poco después se supo que eran diez los presos que participaban del motín y que los otros 28 internos del pabellón permanecían en sus celdas.
Desde la noche del domingo hasta ayer se presentaron en el penal el vicegobernador de Mendoza, Cristian Racconto, a cargo del Poder Ejecutivo por ausencia del gobernador Celso Jaque (de visita a China), el fiscal Daniel Carniello, legisladores, ministros y funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Tras 20 horas de amotinamiento, ayer al mediodía el director del Servicio Penitenciario mendocino, Sebastián Sarmiento, anunció la liberación de dos guardias a cambio de trasladar a dos amotinados al penal del departamento San Rafael y poco después el senador Sergio Bruni, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, confirmó que el motín había terminado con la liberación de los otros guardiacárceles.
El legislador agregó que a cambio “se había acordado trasladar a ocho de los presos amotinados al complejo carcelario de San Felipe”, ubicado en el sector suroeste del antiguo penal de la calle Boulogne Sur Mer de esta ciudad.
Por su parte el director del Servicio Penitenciario fundamentó la negociación de traslado de los ocho presos, considerados de alta peligrosidad, porque trataron de “resguardar al personal”.
“Nosotros no pusimos condiciones, cumplimos con las exigencia de los internos y nos entregaron los rehenes” sanos y salvos, precisó Sarmiento.
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