La diputada por Santa Fe Alicia Gutiérrez prepara un proyecto que propone prohibir la exhibición de símbolos religiosos en los espacios de la administración pública provincial, sus organismos descentralizados y las empresas estatales. De prosperar la iniciativa, las que ya están instaladas deberán ser retiradas en un plazo de tres meses. En sus argumentos, la legisladora indicó que busca defender a un Estado laico y neutral y abogar por la libertad de pensamiento. En tanto, desde la asociación civil Red Familia, Nicolás Mayoraz polemizó acerca de la iniciativa. “Si tocamos los crucifijos, estamos tocando la libertad religiosa”, dijo, al tiempo que recordó que los íconos religiosos tienen una connotación cultural e histórica de fuerte arraigo en las instituciones fundamentales de la Nación, como es el caso de la Constitución Nacional.
En una entrevista con El Ciudadano, Mayoraz reflexionó acerca de las implicancias que tendría la aprobación de la propuesta legislativa de Gutiérrez. En este sentido, Mayoraz sostuvo que “se parte de una confusión que tiene que ver con el concepto de Estado laico y la libertad religiosa. En este debate, que es interesante que se dé, hay que clarificar estos conceptos porque si no vamos a caer en el error de repetir historias desgraciadas de la humanidad”.
—¿La libertad religiosa es de orden privado como dicen ciertos juristas?
—Mire, lo que se desprende de ese incidente es que desde una concepción totalitaria o autoritaria del Derecho, la libertad religiosa no tiene cabida como expresión pública, relegándola al ámbito privado. Es una visión sesgada de la realidad, porque gran parte de la doctrina entiende que el derecho a la expresión religiosa es derecho que bien puede ejercerse tanto en privado como en público. Así lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos, tanto para la Convención de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el pacto de San José de Costa Rica.
—¿Qué antecedentes existen de este tipo de iniciativas?
—En noviembre del año pasado se conoció un fallo del tribunal de Estrasburgo de derechos humanos que le ordenaba a Italia remover los crucifijos de las escuelas públicas. Llevó el nombre de caso Lautsi. Esto generó un debate muy interesante y enriquecedor, porque la reacción del Estado italiano fue notoria: rechazó la sentencia del tribunal y presentó una apelación para el tribunal en pleno. De esta manera se puso en el tapete una de las formas de libertad religiosa en el mundo moderno y cómo debe compatibilizarse con el multiculturalismo y la tolerancia religiosa. Lo llamativo del caso es que toda la sociedad italiana se opuso a la sentencia, independientemente del partido político, porque todos reconocieron que el crucifijo no refleja solamente una fe religiosa –todo el arco del cristianismo–, sino representa los valores que trascienden esa religión como la justicia, el amor y la fraternidad. Los italianos entendieron que no se estaba afectando la elección religiosa de una persona sino todo el sentimiento de un pueblo y la identidad cultural. Aquí se pone en juego la protección de la identidad cultural de un pueblo, de un patrimonio cultural que debe ser protegido. La nueva presentación de Italia en el tribunal de derechos humanos europeos fue apoyada por 33 países. Quienes más adhirieron son los países de Europa del este, quienes más han sufrido la ocupación soviética y la persecución religiosa. Si tocamos los crucifijos, es-tamos tocando la libertad religiosa. En ese contexto, el abogado que defiende a Italia es judío practicante. Durante una audiencia en agosto, y esto es digno de destacarse, este hombre llevó su kipá demostrando que desde su sentir religioso no se veía afectado por la presencia del crucifijo. No representaba un agravio.
—¿Cuáles son las dimensiones que deben tomarse en cuenta cuando se debate acerca de esta temática?
—Uno no puede analizar esto sin abordar la cuestión cultural. Porque si esto se hace desde la contraposición de supuestos derechos, estamos reduciendo la libertad religiosa. Esto significaría que dejemos de tener un Estado laico para tener un Estado laicista. El Estado laico es un progreso de la sociedad para separar a la Iglesia del Estado, lo cual es bienvenido; pero el laicismo busca reducir la expresión religiosa al ámbito particular. Una cosa es tener un Estado laico y otra tener una sociedad que no se puede expresar con respecto a su sentir religioso. Argentina tiene una profunda historia y tradición religiosas, fundamentalmente cristiana, desde su formación como Nación. Esto no puede ser negado ni abrogado. No podemos quitar elementos religiosos que forman parte de nuestra historia. Desde las actas de la independencia participaron sacerdotes. Esto forma parte de la identidad cultural argentina que no puede ser abrogada en nombre de un falso pluralismo religioso. Porque éste no se expresa mediante la anulación de los émbolos religiosos sino de permitirla a todos. La Constitución de Santa Fe, reza en su tercer artículo que sostiene la religión católica. Este artículo tiene un marco simbólico porque hoy no se expresa de ningún modo este sostenimiento del culto católico. Hoy no se exige que los funcionarios públicos sean católicos. A pesar de eso, tiene un valor histórico que recoge todas las constituciones anteriores para mantener esa tradición histórica.
—¿Cuál es su postura al respecto?
—La libertad religiosa debe protegerse de una manera especial. Es permitir que todos los que profesen determinado culto puedan expresarlo en igualdad de condiciones, pero respetando la tradición histórica y cultural de la República Argentina. De modo contrario, esto nos va a llevar al absurdo de que por esa idea de abrogar todo aquello que sea una expresión religiosa se eliminen no sólo de los espacio públicos sino que vamos a tener que sacar los feriados religiosos. Uno de los argumentos que se dan es que el Estado no puede dar una imagen religiosa. Esto es verdad, pero la sociedad sí la expresa. El Estado tiene que respetar la expresión religiosa del pueblo, por ello existen los feriados religiosos.
—¿Qué opina sobre la excepción (el cementerio) que plantea el proyecto de Gutiérrez?
—La libertad religiosa no es una concesión graciosa que hace el Estado. No es un edicto de tolerancia. Antes de definir dónde se puede y dónde no, tenemos que definir qué entendemos por libertad. Por esa misma concesión arbitraria, la diputada podría decir: en los cementerios tampoco se puede porque también van personas que no profesan la fe católica. Tanto la Constitución nacional como provincial citan a Dios en el preámbulo como fuente de toda razón y justicia. Ahí el valor es histórico y no religioso. La presencia de un crucifijo en un hospital o en una estación de ómnibus tiene que ver con la idea de protección y de amparo que tienen las imágenes religiosas. Aquel que acude al hospital por el temor o la cercanía a la muerte o quien va a viajar por el riesgo de un accidente. Y quien va la Justicia es porque piensa en la justicia divina. En esos lugares tiene ese arraigo cultural. Los desamparados no relacionan la imagen a la creencia del juez sino que ven una invocación para resolver la situación de injusticia que sufre. Muchas expresiones religiosas son producto histórico de donaciones que han hecho comunidades y que nosotros, parándonos en el presente o mirando el pasado, estamos violentando la historia. Es una expresión popular genuina y no podemos bajo el supuesto multiculturalismo quitarlo porque el Estado no puede sostener ningún culto. Ni para los musulmanes ni los judíos el crucifijo es una ofensa.
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