Familiares de internos de la comisaría 9ª de la capital provincial fueron víctimas este lunes de un elaborado cuento del tío donde una persona que se hizo pasar por secretario de un juez de la Corte pidió sus datos a los policías de la seccional para luego exigirles hasta 300 mil pesos a cambio de morigerarles la prisión con el uso de la tobillera electrónica. El fiscal de Violencia Institucional Ezequiel Hernández investiga la participación de la jefa y sumariante de la comisaría y les retuvo sus celulares. En tanto, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni advirtió que hubo estafas idénticas en las dependencias policiales de Santa Rosario de Calchines y Helvecia, ambas localidades del departamento Garay.
De acuerdo con voceros policiales y judiciales, este lunes la jefa y sumariante de la comisaría 9ª, ubicada en Esquiú 3154 de la ciudad de Santa Fe, informaron a la Fiscalía que familiares de las personas que están privadas de la libertad en dicha dependencia advirtieron que los habían llamado y pedido dinero a cambio de que sus allegados finalizaran los años de condena en su domicilio con tobilleras electrónicas.
Las uniformadas se comunicaron primero con el fiscal en turno Omar De Pedro que derivó la causa a su par de Violencia Institucional Hernández. Las mujeres policías contaron que por la mañana recibieron una llamada al teléfono fijo de un hombre que se dijo llamarse Walter Fontana y se presentó como secretario del juez de la Corte Antonio Canciani.
En ese momento, el interlocutor desplegó oratoria y dijo que necesitaba información sobre los detenidos, que quería un listado que especificara sus causas, nombres completos y los contactos de los familiares para poder entrevistarlos en el marco de una denuncia del área de Derechos Humanos por superpoblación en las cárceles de las comisarías.
Trascendidos indicaron que los policías que estaban en la guardia se negaron, pero del otro lado de la línea fueron amedrentados por quién se hacía pasar por funcionario judicial y al final, accedieron.
No pasó ni una hora y el fijo de la seccional recibió la llamada de la madre de uno de los internos, la cual contó que la había contactado un juez que le ofreció que su hijo transite lo que le queda de condena con la tobillera electrónica a cambio de dinero. A la mujer le pidieron 100 mil, pagó 50 mil y el resto iba a sacar un crédito pero en ese momento, un empleado de la sucursal del banco de Santa Fe, la hizo darse cuenta de que se trataba de una estafa.
“Me dijo que debía tener esa suma y mi hijo salía a tarde. A las 14.30 iba a pasar un asistente por mi domicilio para buscar el dinero y a las 18 mi hijo estaría en mi casa. Le dije que no tenía esa plata”, explicó la madre de uno de los internos en diálogo con un cronista de LT9.
“Me pidió 100.000. Pedí prestado. Entre la familia, llegamos a 50.000 pesos, le deposité eso y cuando fui al Banco Santa Fe a sacar un préstamo un empleado me alertó. Me dijo que nadie pide plata por teléfono”, describió la víctima de este nuevo cuento del tío. Además, a otra de las allegadas de los presos le pidieron 300.000 pesos aunque no trascendió cuánto alcanzó a pagar a los estafadores.
Los datos que brindó la Policía
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que el fiscal ordenó medidas para determinar la responsabilidad de dos mujeres policías, en referencia a la titular de la comisaría y la sumariante, a quienes les secuestró sus celulares por estar investigadas a raíz de las estafas a familiares de las personas privadas de su libertad.
“En función de lo relevado hasta el momento, las dos mujeres identificadas le pidieron a personas detenidas en la seccional novena de la ciudad de Santa Fe que les brinden información de familiares y allegados”, describieron los voceros para agregar que “luego, a través de llamados telefónicos, personas aún no identificadas se contactaron con los familiares, se hicieron pasar por un juez y les dijeron que existía la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria. No obstante, para que se concretara esa morigeración de la prisión, debían hacer transferencias de dinero para abonar una tobillera electrónica”.
Voceros del MPA de la capital provincial enumeraron que “entre otras medidas, el fiscal Hernández ordenó que se congelaran dos cuentas creadas a través de una aplicación (el estafador daba como opciones las billeteras virtuales Mercado Pago o Ualá) en la que se recibieron las transferencias de dinero de los familiares de las personas detenidas”.
Además, otras de las tareas que pidió la Fiscalía fue la intervención del personal de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) para que haga un informe sobre el análisis de las llamadas entrantes, salientes e impactos de antena.
Más casos en el departamento Garay
Este martes por la mañana, el ministro Brilloni indicó en diálogo con periodistas de LT10 que además del caso de la comisaría 9ª, están investigando otras dos estafas con las mismas características cometidas en las localidades de Helvecia y Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay. “No tenemos por el momento otro anoticiamiento que nos permita determinar más casos”, describió el titular de la cartera de Seguridad.
En Helvecia la estafa se concretó el 21 de septiembre pasado con dos familiares de detenidos de la comisaría 7ª.
En tanto, Brilloni señaló que “los pedidos de relevamientos de presos en comisarías se realizan por oficio formalmente” aunque reconoció que “excepcionalmente, sobre todo un fin de semana puede ocurrir que un juez o un fiscal llame por una presentación, un habeas corpus, puede haber una situación de emergencia, pero es muy excepcional”.
Así las cosas, el ministro se excusó por el secreto de sumario en relación a la responsabilidad del personal de la comisaría 9ª en relación a si fueron llamados por un falso funcionario judicial.
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