El Congreso nacional tiene sólo un mes para aprobar los cambios antes de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) inicie una nueva revisión de la situación del país frente a los controles contra el lavado de dinero. A pesar del apuro y de que los tiempos estén casi vencidos, aún no hay acuerdo en Diputados entre el kirchnerismo y la oposición sobre un texto común para bajar al recinto.
Esta semana habrá convocatoria para las comisiones de Legislación Penal y Finanzas para debatir qué camino se seguirá. La situación no es fácil: el gobierno debería informar en las próximas 24 horas cómo pretende llevar adelante el debate y si acepta algunos de los criterios que manejaron los técnicos de la oposición en las reuniones de la comisión especial sobre lavado que debatió durante todo el verano.
Pero hay indicios de que a pesar de estar cerca de un acuerdo en casi todos los temas, los detalles amenazan nuevamente con complicarlo todo. Por lo pronto, el kirchnerismo ahora sólo acepta modificar el tipo penal, incluyendo el lavado de activos como un delito autónomo en el Código, pero no quiere ni hablar de una reforma en la dirección de la Unidad de Información Financiera en un plazo de 60 días y menos de entregar el puesto de José Sbatella.
Por otro lado, la Coalición Cívica tiene sus diferencias: Alfonso Prat Gay debe discutir con Elisa Carrió la estrategia a seguir, después de que Juan Carlos Vega, diputado de la Coalición y presidente de Legislación Penal, tomara extraños caminos que lo alejaron de la posición de ese partido, lo que le ganó un reto público de su jefa.
Al mismo tiempo hay indicios de que el Peronismo Federal también comenzó a presentar objeciones: Juan Felix Marteau, ex representante ante el Gafi y ahora asesor del PJ, ya hizo saber que no está totalmente de acuerdo con la marcha del debate.
El tiempo sigue corriendo y la advertencia del Gafi sobre la inutilidad de los controles contra el lavado en la Argentina, además de la falta de acción judicial en ese sentido, sigue en pie. En una semana todos, oficialismo y oposición, deben definir si avanza alguna de las dos posiciones.
El problema es que si no hay acuerdo en comisión será difícil que pueda haberlo en el recinto donde, además, aparecerán los recelos de la oposición por la jugada del gobierno, que le restó quórum a la sesión de Diputados en la que se intentó debatir una suba en el mínimo no imponible para que después Cristina de Kirchner tomara la decisión mediante una resolución de la Afip. A pesar de que por estos días mantiene silencio, el Banco Central ya envió un mensaje a todos los actores: con la sola modificación del tipo penal, sin avanzar en cambios también en la UIF, no alcanzará para frenar una sanción del Gafi.
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