La “profundización” de las “situaciones de racismo y violencia” es, según un estudio realizado por cien investigadores de todo el país, una de las principales consecuencias de la cuarentena en los pueblos indígenas, que de manera directa se están viendo afectados en sitios como el Gran Resistencia, donde recientemente murió de coronavirus un referente qom.
La muerte del músico y miembro fundador del coro Qom Chelaapi, Juan Rescio (67), “es uno de los dramáticos ejemplos de las últimas horas que están afectando a los pueblos indígenas”, dijo Sebastián Valverde, doctor en antropología social y coordinador del Informe Efectos Socioeconómicos y culturales de la pandemia y el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) en pueblos indígenas.
De la elaboración de este estudio, que relevó la situación de 27 pueblos originarios pertenecientes a las regiones NOA, NEA, Centro y Patagonia, participaron 18 equipos de investigación de ocho universidades nacionales y otras instituciones.
Conmoción y tristeza
El informe se enmarca en la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus conformada por científicos del Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia I+D+I.
“La situación de los pueblos originarios frente a esta pandemia es muy compleja y los números certeros de su impacto no los tenemos: lo que ocurre en las comunidades qom del Chaco quizás es un reflejo de cómo vienen trabajando ahí la cuestión indígena, lo que no quiere decir que sean los más afectados”, dijo Ana Carolina Hecht, que dirige uno de los proyectos del estudio.
No obstante, la muerte de Rescia –que previamente había perdido a su esposa por la misma causa– provocó “conmoción y tristeza”, por tratarse además de uno de “los grandes referentes del pueblo qom” y creador del “primer coro indígena”, que “se ha encargado de promover” esta música originaria en el país y el mundo, “trabajando con instrumentos autóctonos y haciendo toda una valoración de la lengua”, agregó esta investigadora del Conicet.
Exacerbación del racismo
A nivel nacional, las conclusiones preliminares hablan también de “una alarmante caída de ingresos” en los integrantes de pueblos originarios que mayoritariamente habitan espacios con “históricos déficits de infraestructura”, dificultándose tanto la llegada de la asistencia estatal, como la escolarización o el cumplimiento de las medidas de higiene.
“Hay una exacerbación de ciertas prácticas de racismo, discriminación y violencia; asumiendo en algunos casos características sumamente conflictivas y traumáticas”, señaló Valverde.
El investigador aclara que se trata de actitudes “que siempre existieron, pero que ahora se agravan”, porque las situaciones de crisis o emergencia se prestan para “el abuso y las arbitrariedades”, ya sea por parte de “las fuerzas de seguridad, funcionarios de diversos organismos, centros de salud o los agentes económicos”.
Como ejemplos, mencionó un aceleramiento de la tala ilegal de los bosques que constituyen para muchos su medio de subsistencia o el caso de una mujer arbitrariamente detenida cuando estaba haciendo las compras.
“Como ocurre con el pobre, lamentablemente se construye un discurso sobre el indígena que lo muestra como riesgoso o culpable de la propagación del coronavirus, que hay que entenderlo como parte de la demonización que siempre se hace de «el otro» culturalmente hablando”, dijo.
Y a diferencia de los que son sólo pobres, en el caso de integrantes de pueblos originarios “a la subordinación que surge del racismo hay que sumarle (la propia de) una situación de pobreza económica que también está ligada al racismo”.
“El indígena no es pobre, sino que fue empobrecido por un proceso histórico de expropiación y una lentitud muy grande en revertir esta situación por parte del mismo Estado, que en algunos períodos hasta jugó abiertamente a favor de esa estigmatización y discriminación”, dijo.
Concretamente, Valverde aludió al “incumplimiento de la Ley de Emergencia Territorial Indígena” por la falta de avances en los relevamientos de tierras ancestrales, así como de la “Ley de Bosques” por tala ilegal en zonas vedadas.
Una gran vulnerabilidad
Pero más allá de la histórica desposesión, el ASPO significó para estas familias la “inmediata paralización del empleo y una abrupta retracción de sus ingresos”, dice el informe.
“En Argentina, el 44% de la población está en una situación de informalidad económica pero cuando lo llevamos a los pueblos indígenas se eleva por encima del 70%, porque la degradación y subordinación sociocultural deviene en socioeconómica”, dijo.
En muchos casos, esos ingresos provienen “de la venta de un producto para el mercado turístico” que desapareció por completo o de un empleo temporario y en negro en los rubros de la construcción, el servicio doméstico o la producción agropecuaria.
“Al vivir al día, la cuarentena los deja en una situación de vulnerabilidad muy grande”, dijo. En este contexto, “han sido claves” las políticas sociales como “el programa Alimentar, la AUH y el reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, dice el informe en sus conclusiones.
Sin embargo, Valverde matiza que “hay dificultades” para el acceso por las condiciones propias de la ruralidad o los barrios donde viven, cuya “falta histórica de infraestructura” supone en muchos casos la falta de conectividad, de servicios básicos o vías de comunicación.
“Si no tienen internet no pueden llenar el formulario para la IFE pero tampoco los chicos pueden acceder a la educación a la distancia, y ahí ya se agranda la brecha”, afirmó.
“Por otro lado, a todos nos dicen que nos lavemos las manos (para prevenir el coronavirus), pero muchos no tienen agua potable y por eso no es raro que se expanda a mayor velocidad”, concluyó.
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