El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia iniciará mañana el juicio contra un grupo de militares acusados de matar el 22 de agosto de 1972 a 16 militantes de organizaciones políticas de izquierda que se encontraban alojados en la Base Aeronaval de Trelew, tras una fuga del penal de Rawson, episodio que se conoce como la Masacre de Trelew.
A casi 40 años del trágico hecho y a poco más de cinco de haberse retomado la investigación del caso, la Justicia logró procesar a seis de los presuntos responsables del fusilamiento de un grupo de militantes pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.
El juicio tendrá 79 testigos y se espera una prolongada lectura del requerimiento de elevación por parte del fiscal durante las primeras jornadas, pero sin duda el punto más trascendente desde lo legal será la discusión sobre si los hechos a debatir constituyen o no un delito de lesa humanidad.
Quienes llevan adelante la acusación están convencidos de que los abogados defensores de los procesados intentarán bloquear esa calificación para plantear posteriormente la prescripción de los delitos imputados.
Durante el juicio se debatirán los hechos ocurridos a mediados de agosto de 1972, en medio del gobierno de facto que dirigía Alejandro Agustín Lanusse, cuando un grupo de 25 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson intentaron una fuga que tuvo un éxito parcial, ya que sólo seis líderes del grupo lograron huir a Chile en avión, mientras que el resto quedó varado en el viejo aeropuerto de Trelew y debió rendirse ante las fuerzas militares de la región.
Durante las audiencias se realizará un recorrido por aquellos episodios: el traslado de los militantes a la Base Zar y no al penal como se había acordado con un juez al momento de deponer las armas, las torturas sufridas durante los días en cautiverio y el posterior fusilamiento encubierto en un supuesto segundo intento de fuga.
La causa se tramitó por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa, todos en concurso real”, pero las responsabilidades no alcanzan a todos por igual.
Los imputados en la causa, que deberán participar de las primeras jornadas del juicio, son los ex capitanes Emilio Jorge Del Real, Luis Emilio Sosa y el ex cabo segundo Carlos Amadeo Marandino, quienes están acusados de participar directamente del fusilamiento.
También están procesados como partícipes necesarios el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, ex jefe de la base Zar y el contralmirante (R) Horacio Alberto Mayorga, jefe del área de operaciones en el cual estaba la base.
Por último, en grado de encubridor, se encuentra procesado el capitán (R) Jorge Enrique Bautista, instructor del sumario que sirvió para dar la versión oficial sobre un presunto intento de fuga de los detenidos.
El ex teniente Roberto Bravo, sindicado como partícipe del fusilamiento y autor de varios disparos de remate sobre detenidos que estaban heridos, si bien fue ubicado y detenido en Estados Unidos, no se encuentra procesado ya que la Justicia de aquel país negó la extradición del marino, quien es ciudadano norteamericano desde 1987 y donde dirige una empresa de seguridad.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella podría hacer lugar a un pedido de la defensa de Mayorga para que el procesado por motivos de salud siga las alternativas del juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires.
Las audiencias, abiertas al público, se iniciarán mañana en el Cine Teatro José Hernández de Rawson y según se confirmó en las últimas horas serán transmitidas por televisión, con excepción de la etapa de testimoniales.
A la acusación de la Fiscalía General que conduce Rodolfo Félix Dutto se sumarán los trabajos de los querellantes en representación de nueve familias de los fusilados durante este episodio y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Tras la construcción de una versión oficial que daba cuenta de un incidente provocado por los detenidos para intentar una fuga, y con la continuidad de los gobiernos militares hasta 1983, la investigación sobre los episodios de Trelew no tuvo continuidad judicial e, incluso, durante buena parte de la democracia no hubo avances.
A fines de 2005, la tía de uno de los muertos en el fusilamiento realizó una denuncia en Buenos Aires pero la causa fue remitida a Rawson por un tema de jurisdicción.
Ante el Juzgado Federal de la capital chubutense se presentaron familiares de otros fusilados y empezó a rearmarse la historia.
Durante los cerca de 30 días hábiles que se espera dure el juicio, se expondrán entre otras pruebas la declaración de los propios imputados durante la etapa instructoria, la declaración que los tres sobrevivientes del fusilamiento realizaron meses más tarde a Francisco Paco Urondo; los certificados de defunción de las 16 personas que murieron y el testimonio del médico Leandro Lois, quien firmó los certificados de defunción y pericias realizadas por laboratorios y personal de Instituto Balseiro.
Las víctimas de la Masacre de Trelew fueron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Mientras que otras tres personas, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar sobrevivieron al episodio, fueron trasladadas a un hospital naval en Puerto Belgrano, pero años después desaparecieron, en el marco de la dictadura militar que gobernó el país desde 1976.
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