“¿Son más importantes los intereses comerciales que la salud humana?”, se preguntó el diputado provincial Carlos del Frade, quien presentó en la Cámara baja de la provincia un pedido al gobierno de Omar Perotti para que trace “un exhaustivo informe sobre la comercialización de productos agroquímicos en el territorio santafesino”.
La iniciativa del legislador pide a la Casa Gris que indique si tiene conocimiento que, según lo que informa el Registro Nacional de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el país “están habilitados para comercializarse 5.264 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas” y además saber si existe conocimiento sobre que de esa totalidad “55 productos son clasificados como extremadamente peligrosos, 20 altamente peligrosos; 1.447 moderadamente peligrosos y 2.290 ligeramente peligrosos”, según el listado del organismo nacional.
“Hay 3.812 que son peores, que son más peligrosos, que tienen mayor toxicidad que el glifosato. Entonces nos parece que esta democratización del veneno no solamente va en contra de la naturaleza sino también de lo que supone la salud humana”, advirtió el diputado y periodista.
“Por eso creemos –completó– que es fundamental que el Ministerio de Ambiente de la provincia se pronuncie al respecto, si de alguna manera, hace algún tipo de control de la venta libre, porque esto vuelve a marcar que son más importantes los intereses comerciales de las multinacionales de los cereales produciendo con mayor cantidad de veneno que la salud humana y la del ambiente”, pueden soportar.
Del Frade también pide conocer “si el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene estadísticas oficiales, controles y seguimientos sobre la cantidad y calidad de productos agroquímicos que se utilizan en cada campaña agrícola en la provincia”.
El legislador recordó que el modelo de cultivo imperante en territorio provincial –y en casi todo el país, en particular en la zona núcleo– se compone, de un paquete tecnológico integrado por la siembra directa de semillas transgénícas, con rocío de productos químicos. “La modernización de la agricultura y el incremento de las producciones, tanto en volumen como en extensión cultivada han ido acompañados de un aumento en la utilización de plaguicidas y fertilizantes, denominados agroquímicos”, advirtió.
También abundó que el término genérico “agroquímicos” se refiere a las sustancias manufacturadas por la industria química utilizadas en la actividad agropecuaria, y que “se componen por dos grupos principales: los fertilizantes y los plaguicidas (pesticidas o productos fitosanitarios)”. Sobre estos últimos explicó que a su vez están compuestos por los herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros. Y que del total de 5.264 hay una incógnita grave: el Senasa “no informa cuántas multas o suspensiones se produjeron en el país por la utilización indiscriminada de estos venenos”, lo que para el legislador constituye una señal que da cuenta “cada vez más de la necesidad de profundizar regulaciones”.
En Santa Fe, la ley de Fitosanitarios vigente es la 11.273, que data de 1995, es decir previa a la autorización de siembra de soja transgénica, principal cultivo de exportación. Y todos los intentos por actualizarla vienen naufragando.
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