“Cuando la mujer va a abortar la tratan como una criminal”

Gabriela Pereira es médica en el Centro de Salud Toba del distrito Oeste y en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (Cemar). El 19 de abril llegó al Congreso Nacional para hablar de la conciencia de los profesionales de la salud que en Rosario garantizan abortos no punibles como la contracara de los médicos que levantan la bandera de la objeción de conciencia. El recurso permite no cumplir con la ley por convicciones morales o religiosas y es uno de los puntos polémicos del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que está en debate en el Senado. Rosario tiene una experiencia inédita y exitosa en Argentina. Desde 2012 no registra muertes de mujeres por abortos clandestinos gracias a la aplicación de los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la legislación actual permite por causales de violación y riesgo de salud. Sólo un tercio de las provincias lo respeta.

Por año, profesionales como Pereira practican entre 500 y 600 abortos, una cifra estable desde hace más de una década. En diálogo con El Ciudadano la médica explicó que la objeción de conciencia funciona muchas veces como una traba para los derechos de las mujeres. “En el trabajo cotidiano vemos a profesionales que dicen «no» como si las convicciones morales fuesen exclusivas de los religiosos. La conciencia está también en las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y en los médicos que acompañamos las decisiones”, explicó.

Pereira tiene 33 años y creció en Concordia, Entre Ríos, donde hizo la primaria y la secundaria en un colegio católico. En la única clase de educación sexual que tuvo le enseñaron que la menstruación era el llanto del útero por no haber concebido un hijo. “La educación católica impone una idea de la maternidad como destino”, explicó. A los 17 llegó a Rosario para estudiar Medicina y desde primer año entró en contradicción. Por un lado, conoció por amigas el misoprostol, la droga considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como esencial para practicar un aborto seguro. Por el otro, vio que el plan de estudios no les daba herramientas para acompañar a una mujer que quería abortar. “Aparecía como una complicación de un embarazo deseado, nunca de una mujer que decide otra cosa”, contó. En 2017 la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR incorporó por primera vez una electiva sobre aborto. El grupo de docentes del que Pareira es parte enseña cómo garantizar las ILE desde una perspectiva de derechos. También enseñan cómo ser objetores sin poner trabas.

La médica y docente eligió la especialidad de medicina general y familiar porque le interesaba trabajar en la salud pública. “Quería aprender a defender y cuidar la vida. Es lo que hago todos los días. Acompaño a las mujeres en todas las decisiones de su vida: cuando quieren ser madres y también cuando no quieren serlo. El aborto es una realidad cotidiana, mucho más de lo que podía imaginar cuando empecé a trabajar”, dijo. La médica aprendió cómo asistir interrupciones de embarazo por las Socorristas en Red, la organización que en todo el país da contención e información a quienes deciden abortar. También forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que agrupa a profesionales que garantizan las ILE permitidas por la legislación actual en los hospitales de todo el país. “En el trabajo que hago en el Oeste y en el Cemar veo que es un alivio para las mujeres contar con un sistema de salud que las acompañe y les de amor. El modo de atravesar el aborto depende de dónde hayas nacido, de quiénes te rodean y de qué profesionales te reciban en el hospital. Hoy en Argentina queda en la suerte dar con un médico que reconozca el derecho. Cuando la mujer llega a un centro de salud para abortar la tratan como una criminal. La expulsan a la clandestinidad”, opinó.

Para Pereira hay que poner en discusión el rol de la objeción de conciencia. “No puede traducirse en demoras en la atención. Si el médico no está dispuesto a practicar un aborto debe derivar y dar todas las herramientas para acceder al derecho”, opinó y agregó que también es indispensable que sea con registro previo a asumir el cargo y que bajo ninguna circunstancia puede objetar durante la consulta. La provincia de Santa Fe cuenta desde hace seis años con ese listado. Hay 777 profesionales de la salud privada y pública registrados que dicen “no” al aborto y a prácticas anticonceptivas que van desde una ligadura tubaria, recetar la píldora del día después, recomendar usar preservativos hasta hacer una vasectomía. Representan el 10 por ciento de los profesionales del sistema público, estimado en casi 8 mil hombres y mujeres.

“Hoy la objeción es usada por muchos profesionales como un obstáculo. La conciencia es pensada como una capacidad de los que tienen convicciones religiosas, pero todos los trabajadores de la salud actuamos a conciencia. No reconocer que la conciencia también sirve para garantizar derechos la convierte en un concepto vacío”, sostuvo. Para la médica, las mujeres también actúan a conciencia cuando deciden abortar y encuentran un sistema que privilegia la conciencia del médico. “Tenemos que reflexionar sobre las consecuencias. Poner por encima la libertad de conciencia por sobre todas las demás, si eso no es autoritario es, al menos, egoísta”, opinó.

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto de ley de IVE que el 14 de junio obtuvo media sanción en Diputados dice que la objeción de conciencia debe hacerse por escrito e individual y que cada centro de salud tiene que registrarla e informarla al Estado. Tendrá validez tanto en la salud pública como privada. Para redactar el texto los legisladores tomaron el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso FAL (2012), donde se reconoce el derecho a la objeción individual, pero que dice que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres interrumpan un embarazo. Por eso el proyecto aclara que en ninguna circunstancia podrá ser institucional como pasó en el caso de Ana María Acevedo. La mujer murió a los 19 años porque en el Hospital Iturraspe de Santa Fe le negaron un aborto no punible y no la trataron por un cáncer de mandíbula para salvar al feto. A la fecha todos los profesionales del área de ginecología de ese hospital son objetores.