Por Paulo Menotti / Especial para El Ciudadano
El 24 de junio de 1968 se produjo la denominada Intervención Saráchaga, cuando el gobierno de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía decidió intervenir la Justicia de la provincia de Santa Fe para poner freno a jueces y abogados que garantizaban la realización de actos de protesta de trabajadores y estudiantes. La acción tuvo correlación con la feroz represión vivida en Rosario durante la conmemoración de los 50 años de la Reforma Universitaria, donde se iban a expresar personalidades de la talla de Arturo Illia y Alicia Moreau de Justo. La historiadora Leticia Bereciartúa subrayó los principales hechos además de reflexionar en el marco en el que se dio ese llamado “golpe a la Justicia”. En relación con la intervención que se denominó Saráchaga, la historiadora señaló: “En el ambiente judicial se conoce como Intervención Saráchaga al hecho que se da el 24 de junio de 1968, cuando el Poder Ejecutivo nacional, bajo el mando del dictador Onganía, interviene el Poder Judicial de Santa Fe, siendo el doctor Guillermo Borda el ministro del Interior. El nuevo interventor fue Darío Saráchaga, un ex militar y ex secretario de Agustín P. Justo. A esto se debe que ese episodio sea recordado como la Intervención Saráchaga”.
Rosario en ebullición
Sobre el clima en Rosario durante 1968, la historiadora dio precisiones del tenso momento. “A partir del golpe de 1966 fueron aumentando las restricciones a las libertades civiles y políticas. La intervención a las universidades nacionales conmociona a las clases medias y sobre todo al movimiento estudiantil. La CGT se había dividido en dos en marzo de 1968. En esa ruptura, la regional Rosario se alineó con la CGT de los Argentinos. La radicalización política iba en aumento y Rosario no estaba ajena. Las llamadas profesiones liberales también se radicalizaban; las asambleas del Colegio de Abogados eran tribunas políticas. Hubo una famosa asamblea, en el contexto de la intervención, que se tuvo que hacer en el Hotel Savoy y en la que participaron unos 300 abogados. Lo que le molestaba al gobierno nacional en Rosario provenía de las medidas dictadas por jueces considerados rebeldes como los doctores Enrique Basualdo, Juan Carlos Gardella y Armando Frávega, que no habían sido removidos de sus cargos cuando asumió Onganía, como sí lo fueron los jueces de las cortes supremas provinciales. Basualdo, Gardella y Frávega eran jueces civiles y laborales que autorizaban actos y marchas opositoras al gobierno o que tomaban resoluciones que contrariaban medidas del Ejecutivo provincial. Había circunstancias que hacían de Rosario una ciudad que enfrentaba al gobierno nacional, y era que todo quedaba en un radio geográfico reducido, facilitando la coordinación de acciones. La Facultad de Derecho estaba ubicada en la manzana de la secundaria Normal N°2, frente al local de la CGT, y en diagonal al edificio del Comando del Ejército, y cerca de Ciencias Económicas, que estaba rodeada de varios colegios secundarios como el Superior de Comercio, el Dante Alighieri y otros. A pocas cuadras de esta facultad, se encontraban los Tribunales federales para un lado y los provinciales para el otro. Por calle Córdoba, más hacia el centro, la Facultad de Letras (hoy Humanidades). Esta ubicación hacía que el estudiantado estuviera en el centro de las protestas y que tuviese relación con los sindicalistas, sus abogados y los «jueces amigos», como llamaban a los magistrados los abogados que realizaban amparos”.
Actos prohibidos
Acerca de lo que sucedió en los actos por el 50° aniversario de la Reforma Universitaria en Rosario, Bereciartúa se detuvo en los preparativos de un aniversario muy caro a los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo político que estaban adquiriendo. El 15 de junio de 1968 se cumplían 50 años de la Reforma y se iban a realizar actos los días 13 y 14 de junio, uno en el Centre Catalá de la calle Entre Ríos y el otro en el cine Nilo, de Sarmiento 1328. Se anunciaba la disertación del estudiante Luis Carello, en nombre del Partido Reformista de Derecho ligado a Franja Morada. También iban a estar el ex titular de la Unión Ferroviaria, Antonio Scipione; Ismael Bordabehere, quien fuera firmante del Manifiesto Liminar de la Reforma; Carlos Sánchez Viamonte por la Comisión Nacional de Homenaje, y Luis Alberto Sánchez, el rector de la Universidad de Perú. Se esperaba también la presencia del ex presidente Arturo Illia y de la socialista Alicia Moreau de Justo. Los actos fueron prohibidos por el jefe de Policía de Rosario, que cumplió órdenes del Ejecutivo provincial. El motivo fue el “clima de agitación imperante”. Eso generó una reacción de abogados que presentaron amparos frente a los jueces Enrique Basualdo, Juan Carlos Gardella y Armando Frávega. Había un tercer acto que iba a realizar un grupo de abogados, pero había sido revocado por la Cámara de Apelaciones a último momento. En cambio, los dos primeros fueron confirmados por la misma Cámara y autorizados por los jueces Basualdo y Gardella. Se intentaron hacer en el marco de una gran tensión, pero no pudieron llevarse a cabo a causa de la Policía, que no acató las órdenes judiciales y desató una fuerte represión sobre la multitud.
Gravísima represión
Lo acontecido fue de una gravedad inusitada para esos tiempos y tuvo efectos duraderos porque lo que vino fue un golpe durísimo para toda la corporación judicial rosarina. A la hora del acto fue imposible llegar hasta el Centre Catalá porque la Policía estaba apostada para prohibir el paso. Las autoridades no dejaban reunirse a la gente, por lo cual los abogados amparistas convocaron a los interesados al juzgado de Gardella. Sin embargo, nada pudo impedir que se desatase la represión. En el cine Nilo pasó lo mismo. “Yo soy el juez, bárbaros, les dijo Frávega mientras lo golpeaban. Ante esta represión, el 17 de junio de 1968 Frávega y Gardella sancionaron con 15 días de arresto al jefe de Policía de Rosario y a 14 días a los comisarios responsables de desobedecer a los magistrados. La Corte Suprema de Justicia provincial tampoco pudo mantenerse ajena a semejantes acontecimientos y el 17 de junio dictó una resolución afirmando que las decisiones de los jueces debían ser obedecidas. El gobierno nacional no podía tolerar el “golpe de los jueces”, como tituló la revista Primera Plana.
La corporación reacciona
Sobre la posición que tomaron abogados y jueces frente a la intervención y a la represión, la historiadora abundó en detalles: “La medida dejó atónitos a todos, incluso a los ciudadanos comunes que se sentían ajenos al pleito entre policías y jueces. La conmoción se extendió por todo el país y la noticia fue el cierre de una etapa de la dictadura llamada Revolución Argentina y el comienzo de otra. La reacción produjo una ola de renuncias y protestas. Una de las más importantes fue la de Sebastián Soler, miembro de la comisión reformadora del Código Penal, cuyo prestigio era indiscutible. Le siguió la renuncia de la Corte Suprema de Santa Fe en pleno. Su presidente, Raúl Salas, tomó la misma decisión con respecto a su cargo de profesor en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. El 28 de junio de 1968 fue decretado feriado judicial por el interventor para que se integrara un nuevo tribunal. Más adelante se dejó cesantes a los jueces Juan Carlos Gardella; Armando Frávega, y se les agregó Enrique Basualdo, lo que produjo más renuncias en solidaridad por parte de jueces, fiscales y secretarios que serán recordados como “los renunciantes”. Estas renuncias y la intervención tuvieron consecuencias muy importantes y duraderas en el foro local.
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