A pesar de las campañas y acciones en pos de la inserción sin restricciones de personas con capacidades diferentes en el mundo laboral, muchas aún siguen padeciendo la falta de trabajo genuino, o bien la de un reconocimiento sobre su condición y sus derechos (como cualquiera) de trabajar. Verónica y Nadia expusieron su testimonio, acompañando a Rosana Martins, presidenta del Centro de Ayuda al Discapacitado, que indica que “ni el municipio ni la provincia cumplimentan el cupo mínimo del 4 por ciento de inserción laboral de personas con discapacidad”. (Ver recuadro).
“Cuando hablamos de inserción, hablamos de un trabajo digno, con aportes, descuentos jubilatorios y no los contratos basura por un par de meses que se brindan a nivel estatal. Es más, si se hiciera una auditoría en el municipio y en la provincia, seguro no llegarían siquiera al 2,5 por ciento”, amplió.
Martín señaló también que “incluso han dicho que con los que trabajan en el vivero de Rosario saldaban esa deuda con la sociedad, pero no es así, los trabajadores discapacitados del vivero y los que están en los puestos de venta y recarga de la Tarjeta Sin Contacto son monotribustistas o tienen contratos basura que apenas duran unos meses. Además, los chicos del vivero participan de programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, por ende no cuentan en la inclusión municipal o provincial”.
La titular del Centro remarcó que “la inserción laboral es del 4 por ciento del total de un organismo, para ello cada trabajador debe tener su recibo de sueldo y aportes provisionales, como también los beneficios que tiene cualquier trabajador. Si eso aún no lo entienden, estamos preocupados, porque estamos en medio de un retroceso en un tema muy sensible, del cual se han llenado la boca hablando y prometiendo”.
La responsable del Centro de Ayuda al Discapacitado aseguró que el incumplimiento tiene que ver con la “falta de información, no de voluntad, porque sabemos que muchos jefes comunales, como empresarios privados desconocen la importancia y la necesidad de este tipo de convivencia. No le echemos la culpa a los privados, sino a la falta de asesoramiento de las autoridades de las administraciones públicas, porque si vemos la lista de trabajadores públicos veremos que hay dinero para tener directores de directores, pero para que una persona discapacitada trabaje decentemente, no hay dinero”.
Un ACV y no se rinde
Verónica Renard es martillera pública, tiene 49 años, 22 de diabética y en 2005 padeció un Accidente Cerebrovascular (ACV) que le exigió rehabilitación para poder recuperar el movimiento de su costado izquierdo.
“Me rehabilité muy bien, y casi ni se me notan en el cuerpo las dificultades que me dejó el ACV, incluso siempre tuve un aspecto más joven de mi edad”, contó.
Verónica no tiene trabajo. “He ido a todos los lugares donde han incluido a personas discapacitadas, hasta dejé un currículum vitae en el privado de la intendenta (Mónica Fein) y hasta ahora, nada. Me dicen que tengo prioridad, que ya me van a llamar, pero desde 2005 no he tenido noticias de nadie”, detalló con angustia.
Fue así como al ver que no obtenía respuesta de las tantas solicitudes entregadas, comenzó a hacer viandas “que me ayudan a sobrevivir, porque cobro una pensión por discapacidad de 1.700 pesos, pero tengo que pagar un alquiler, comer, vestirme y encima sin trabajo”.
Más allá del accidente que tuvo en 2005, Verónica asegura que jamás ha perdido la buena onda. “Siempre fui una persona que va al frente, la buena onda es un capital enorme que tengo y no voy a permitir que nada ni nadie me diga que no puedo hacer tal o cual cosa. De hecho, a los cinco meses de mi accidente, retomé tango, bailo desde hace muchos años y hace poco estoy en un curso de computación en Cilsa, donde los profesores nos ayudan muchísimo con los contenidos. Todos los que estamos ahí (hay chicos con Síndrome de Down, otros con discapacidad motriz o hipoacúsicos) estamos buscando un trabajo digno, y a la par una herramienta, como la computación, para poder trabajar en cualquier lado. No nos quedamos esperando que suene el teléfono, salimos a buscar las oportunidades o nos capacitamos para estar listos cuando nos llamen”, manifestó.
Más allá de las dificultades, Verónica agradece tener a su lado a mucha gente que la quiere. “Siempre está dispuesta a tenderme una mano, pero siempre me las arreglé sola, soy muy independiente y el no tener trabajo me golpea bajo. Creo que muchos desconocen que acá no se trata sólo de un sueldo a fin de mes por el trabajo que realizás, sino también de saberte y sentirte útil, tener una responsabilidad, un horario y un lugar al cual acudir, tener autonomía en todo el sentido de la palabra”, expresó.
Verónica remarca que el ACV que padeció le permitió también “replantear cosas” en su vida “y ver que el vaso no está la mitad lleno, sino entero: mitad de agua y mitad de aire. Y cada vez que me topo con gente negativa, hago como el pac-man: doy media vuelta y parto para otro lado. Tengo dos hijas, y hago lo imposible por que ellas sean felices, bajar los brazos es un lujo que no pienso darme jamás ni por ellas ni por mí”.
En ese “vaso entero” encontró su pasión por el paisajismo. Es así como pudo tener algunos trabajos arreglando balcones o patios de sus vecinos. Además es la encargada de cuidar a las mascotas de todo el edificio cuando los dueños se van de vacaciones. “Amo a los animales, amo la vida y soy una profesional que tiene muchas ganas de trabajar y hace changas. Ojalá alguna vez desde esas oficinas de inclusión nos den la posibilidad a tantas personas discapacitadas en la ciudad, porque nosotros estamos capacitados para trabajar y tenemos derecho a una vida digna”, se ilusionó.
Sólo unos meses
El caso de Nadia Mandón, de 28 años, es diferente al de Verónica. La joven está trabajando en la sede del Registro Civil de Santa Fe al 1000 pero sólo obtuvo un contrato por ocho meses que terminará en julio.
“Me dijeron que tengo una beca, por lo cual no tengo ningún papel firmado y tampoco se puede renovar, y me preocupa saber qué será de mí a partir de julio, porque tendré que buscar un nuevo trabajo tal vez por un par de meses más”, comentó esta técnica contable que ya ha tenido experiencia en trabajar en el ámbito público, en el área de Salud municipal. Durante 2011 tuvo un contrato por tres meses que le fueron renovando hasta que cumplió un año, tiempo máximo para un contratado. Ahí se terminó y debió comenzar una nueva búsqueda.
“Tengo 28 años y quiero tener mi autonomía, quedarme en un lugar, tener mis aportes, poder trabajar, seguir capacitándome y desempeñarme, crecer en un lugar en vez de estar un par de meses y luego volver a la nada. Vivo con mi mamá pero ni siquiera puedo tener una pensión por discapacidad, entonces el día a día se hace difícil”, lamentó.
Nadia padece espasticidad de miembros inferiores, causada por una parálisis cerebral a causa de la rotura de bolsa de su madre una semana antes del séptimo mes de gestación. “Mi mamá tuvo que hacer reposo una semana y luego nací, sietemesina, y ya con este mal”, relató.
“Hace un año y medio me operé de las piernas y me colocaron una prótesis con la cual estoy aún adaptándome, por eso aún sigo andando con bastón, pero me desenvuelvo bien –aseguró–. Inclusive si tengo que usar un baño normal, me cuesta un poco más pero puedo utilizarlo, como también caminar de un lado a otro en la oficina por los trámites que se realizan”.
Un tema que viene de lejos
En junio del año pasado, El Ciudadano ya había reflejado esta denuncia del Centro de Ayuda al Discapacitado. La subsecretaria de Inclusión de Personas con Discapacidad de Santa Fe, Silvia Tróccoli, afirmó en ese entonces que “Rosario es la única ciudad en la que se cumple con esta inclusión. No hay otra en la provincia ni en el país donde se cumpla”. La ley 22.431 exige un cupo de 4% para empleados con algún tipo de discapacidad. Esta normativa implica al Estado nacional, provincial y municipal, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Según Roxana Martins, esa modalidad debe aplicarse en cada oficina, en cada sector, y las empresas que tienen contrato con el Estado deben cumplirlas.
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