El juez federal Claudio Bonadio citó este martes a declaración indagatoria a Paolo Rocca, mayor accionista de uno de los principales grupos económicos del país, la multinacional Techint, y Marcelo Mindlin, empresario del sector energético muy allegado al presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investigan supuestos sobornos en la obra pública.
El magistrado los llamó a declarar para el 16 y 17 de octubre próximo, como parte de la segunda tanda de indagatorias que tomará en la investigación.
Rocca fue citado luego de que Luis Betnaza, director corporativo de Techint, declarara como imputado colaborador que tres ex funcionarios kirchneristas le reclamaron dinero para interceder a favor de la compañía ante el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Betnaza también reconoció haberle ordenado al ex director de administración de Techint Héctor Zabaleta que coordinara las entregas con el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.
En tanto, Mindlin, CEO de Pampa Energía, fue convocado porque la dirección de sus oficinas aparecen en los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno.
Según informó el mes pasado el portal Diario Santa Fe, representantes de Pampa Energía recorrieron la termoeléctrica General López de Sauce Viejo, ante el interés de Mindlin en comprarla.
Pampa Energía controla la firma Creaurban SA, una empresa que antes perteneció al primo presidencial Calcaterra y que tiene a su cargo la restauración del Monumento Nacional a la Bandera, una obra cuestionada por su falta de avances, ya que estaba previsto que la firma culminara este mes los trabajos.
El cronograma
Bonadio tiene previsto indagar este miércoles a Eduardo “Wado” De Pedro y a José Ottavis, mientras que el jueves será el turno de Andrés “Cuervo” Larroque y el viernes del empresario Sergio Szpolski.
Los referentes de la agrupación La Cámpora fueron convocados como imputados por la documentación que muestra que algunos de los bolsos con dinero que registró Centeno tenían como destino la financiación de la campaña electoral del kirchnerismo en 2015.
Esa información fue corroborada por empresarios que se presentaron como imputados colaboradores en el causa, como Angelo Calcaterra, ex titular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri. Precisamente, Iecsa era anteriormente una firma del grupo Macri y hoy está en manos de Mindlin.
Además, se secuestró documentación en la vivienda de Martín Larraburu, secretario del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que da cuenta de la distribución de fondos para los referentes de “La Cámpora” en tiempos de campaña, según la investigación.
Luego de esta segunda tanda de indagatorias, se prevé que el juez defina la situación procesal de todos ellos, incluida la de Abal Medina, que aún no fue resuelta.
Hasta el momento, el juez Bonadio procesó a 42 personas, entre ellas a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que montó un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015, y también impuso la prisión preventiva de otras 15.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli apeló ese fallo ante la Cámara Federal, pues pretende que Cristina Kirchner sea procesada por un total de 913 hechos de dádivas y no por 22 como lo hizo Bonadio.
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