La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) reclamó al Consejo Federal de Educación que anule la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos Formación Docente (Coneafod) dispuesta en el marco de la última sesión del Consejo Federal de Educación, a la que consideró “irregular”.
Al fundamentar su reclamo, la organización sindical dijo que hubo una “grosera transgresión” en la que, a su criterio, se habría incurrido en relación con el reglamento que rige el funcionamiento del Consejo Federal de Educación (CFE), que incluye “la obligación de convocar a los Consejos Consultivos”, integrados, entre otros por la propia Ctera, “en su carácter de gremio docente mayoritario a nivel nacional”.
“Habiendo tomado conocimiento de la irregular sesión de la última Asamblea del Consejo Federal de Educación, en el día de la fecha la Ctera realizó una presentación legal al presidente del CFE intimándolo para que se deje sin efecto en el plazo de 48 horas la resolución de creación de la Coneafod”, informó la entidad gremial a través de un comunicado difundido esta mañana.
En este sentido, indicó que la resolución del Consejo que el 19 de diciembre pasado creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente fue adoptada “violando abiertamente la mayoría obligatoria de tres cuartos de los miembros de la Asamblea Federal”, establecida para la aprobación de este tipo de normas.
Además, en su presentación realizada ante el Consejo Federal de Educación, la Ctera también exigió “la entrega de las copias de las actas que dan cuenta del resultado de la votación alcanzada ante la falta de respaldo y/o ausencia de al menos 10 jurisdicciones educativas provinciales”.
Días atrás, tras la aprobación de la resolución que crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente, Ctera había rechazado la medida por considerarla “un nuevo intento del actual gobierno para volver a instaurar los procesos de acreditación como una herramienta para justificar el achicamiento del sistema”.
En este sentido, había argumentado que la creación de esa Comisión se tornaba “innecesaria” porque la normativa vigente “ya establece cuáles son las estructuras e instituciones que se ocupan y/o deberían ocuparse” de este tema.
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