¿Solución a los problemas habitacionales? ¿O una señal para base electoral de sectores medios descontentos, una moneda de cambio parlamentaria en la discusión del Presupuesto 2019, creación de nuevos productos financieros para ganancia de los bancos y, por añadidura, mayor afán recaudatorio? Organizaciones de defensa de los inquilinos se inclinan por las segundas alternativas a la hora de leer el paquete de medidas que anunció este viernes el presidente Mauricio Macri. Marcan los retrocesos implícitos en el proyecto oficial de nueva ley de alquileres y en las iniciativas para morigerar el impacto de los créditos UVA, tanto como en los incentivos para la construcción de nuevas viviendas que completan el combo.
Ley de alquileres con inquilinos convidados
El prometido envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley de alquileres se superpone con el que consiguió media sanción en el Senado –por unanimidad– a fines de 2016, que podría sancionarse de inmediato con mayoría simple en Diputados de mediar una mínima voluntad política del oficialismo. Nire Roldán, titular de la Concejalía Popular de Rosario, sospecha que la intromisión de otro texto es una “moneda de cambio” para el debate parlamentario del Presupuesto 2019. Recuerda que Cambiemos viene frenando el tratamiento de la iniciativa elaborada por la Federación de Inquilinos Nacional. Ahora, completa el dirigente, busca discutir otra que incorpora varios puntos de la anterior pero con el agregado de otros regresivos.
Más productos financieros, más costos
Las garantías propietarias no figuran en la ley vigente
Roldán cuestiona la propuesta de introducir seguros de caución, créditos prendarios y otros instrumentos para “alivianar” el monto inicial que el inquilino debe abonar para iniciar un contrato de alquiler o “solucionarle” los problemas para conseguir respaldo. Mantiene, dice, los vicios y abusos generalizados entre las inmobiliarias que ofician de intermediarios con los propietarios.
Para la garantía, alcanza con la tarjeta de débito del trabajador
La ley de alquileres vigente, insiste el dirigente de la Concejalía Popular, no menciona la exigencia de un bien real como seguro de pago del alquiler. Es un abuso de las inmobiliarias pedir garantías propietarias: la norma, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, habla sólo de una fianza fehaciente. “Nosotros proponemos, en la ley aprobada por el Senado, restringir eso a un recibo de sueldo o a una modalidad de pago con la tarjeta de débito del trabajador que está atada a su salario”. La nueva propuesta de Cambiemos, explica, lo que hace es incorporar nuevos “productos financieros” en un mercado de siete millones y medio de potenciales clientes, que son las familias que alquilan en todo el país, que tendrán que pagar los costos de los mismos. En síntesis, otra fuente de ganancias para los bancos.
La morosidad es insignificante, incluso en la crisis
Roldán pone otro dato al respecto, y remite a los porcentajes de morosidad en el pago de alquileres que informó hace unos días la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros): pasó del histórico nivel de “un 1,8 y 1,9 por ciento” al 5 por ciento. El titular de la Concejalía lo califica como insignificante, más aún en un contexto de crisis como el actual. Por eso, concluye, es innecesario el abuso de exigencias en cuanto a las garantías. “El inquilino, aunque vea disminuir sus ingresos, se esfuerza en pagar para sostener la tranquilidad de una vivienda para su familia”, describe.
Registro para recaudar
El gobierno incluye en la ley la creación de un registro de alquileres a cargo de la Afip. Roldán ve allí el intento de afinar el cobro de impuestos sobre el movimiento económico de los contratos, que puede afectar también a los trabajadores respecto al pago de Ganancias e, incluso, el recupero de lo que evaden las inmobiliarias que facturan en negro. No se opone a la eficiencia tributaria pero aclara que, hoy, no es lo prioritario. El registro que propone la ley de la Federación de Inquilinos es, en cambio, público, elaborado por las áreas pertinentes de las provincias con la colaboración de organizaciones sociales y con datos sobre los propietarios, los inquilinos, los tipos de contratos. Esa información permite sancionar los abusos, mejorar las políticas públicas, relevar las viviendas ociosas –en Rosario se estiman 60 mil– y diseñar medidas como la de elevar la carga tributaria a las unidades sin habitar. El dirigente aclara que ése es el modelo utilizado en todo el mundo.
El registro con base en la Afip que propone el gobierno es el mismo que piden las cámaras inmobiliarias: así se sacan de encima y trasladan a los propietarios la presión estatal para el cumplimiento tributario.
El UVA y los subsidios a los desarrolladores
Los créditos para compra o construcción de viviendas en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo que se ajusta por una variable atada al índice de precios al consumidor) demostraron su ineficacia en escenarios de alta inflación. Los que los contrataron hace dos años no amortizaron un solo peso del capital y hoy deben el 150 por ciento del monto solicitado después de más de 20 cuotas pagadas. Roldán explica que, a este paso, lo que se tiene a mediado plazo es un horizonte de colapso similar al ocurrido con los derivados de las hipotecas en Estados Unidos, que afectaron a los bancos. Y la propuesta de Cambiemos es para salvar a las entidades de ese final anunciado: la posibilidad de recortar las actualizaciones de las cuotas –no más de un 10% superior a la variación salarial– pero extendiendo el plazo con garantía de encajes. Lo que redunda, agrega, en más intereses sobre los deudores.
Los que tomaron créditos UVA hace dos años deben hoy el 150% del monto pedido
En el mismo sentido lee los otros ítems anunciados el viernes. Por ejemplo, las desgravaciones impositivas o subsidios de tasas para las desarrolladoras inmobiliarias en el marco de los créditos Procrear. Son para las empresas, con la cuestión habitacional pensada en términos de mercado y no de derechos: se impulsa la construcción sin mejorar la posibilidad de acceso al techo propio.
El paro colectivo por la ley y contra los abusos
Roldán defiende el llamado “paro de inquilinos” pero aclara en qué consiste. Se trata del no pago de los alquileres de diciembre no desde la individualidad del inquilino sino con la cobertura de una acción colectiva con todos los recaudos legales. El objetivo es presionar para que se apruebe la ley que duerme con media sanción en el Congreso desde fines de 2016 y se anulen las cláusulas indexatorias de los alquileres, violatorias de la norma vigente que impone “pagos mensuales iguales” a lo largo de todo el contrato. El dirigente aclara que aún resta afinar la estrategia de la protesta, para no exponer a los que se sumen a ella. Lo trabajan con el asesoramiento de profesionales del derecho. Como ejemplo, señala el pago en depósito judicial.
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