Tras la confrontación de Hugo Moyano contra el Gobierno nacional, la presidenta Cristina Fernández Kirchner ordenó que se terminara de redactar un proyecto que impulsa la creación de un ente público, que se encargará de administrar el dinero destinado a las obras sociales sindicales para las prestaciones de alta complejidad.
Según pudo saber Noticias Argentinas, la redacción de la iniciativa estuvo a cargo del titular del PAMI, Luciano Di Césari, quien ya lo dejó a disposición de la jefa de Estado.
El jueves pasado en el estadio de Huracán, Moyano acusó al Gobierno de adeudar a las obras sociales sindicales entre 12 mil y 15 mil millones de pesos en concepto de cuotas atrasadas por ese tipo de prestaciones.
El Gobierno, en rigor, ya había puesto en la mira el dinero de las cajas de las obras sociales, a raíz de las necesidades cada vez más amplias de financiamiento que tiene y la dificultad de no poder salir a tomar créditos en el mercado financiero internacional.
Incluso, la primera mandataria habría dado la orden de postergar las negociaciones abiertas con el Club de París.
Por ahora, el Gobierno ha dejado trascender esta información a modo de advertencia, para ver si consigue aplacar a Moyano y a otros sindicalistas como Gerónimo Venegas (Peones Rurales) o José Luis Zanola (Bancarios).
Sin embargo, ya tiene listo el proyecto, aunque todavía no hay una fecha definida para que la Casa Rosada comience a impulsarlo en el Congreso, donde tiene mayoría.
En la esquina contraria, los gremios contestaron con otra advertencia.
El titular de los Judiciales, Julio Piumato, y el líder del gremio textil, Jorge Lobais afirmaron que no hay ruptura de la CGT con el Gobierno, pero advirtieron que podrían recurrir a la Justicia por la deuda de la Nación con las obras sociales sindicales.
Los allegados a Moyano afirmaron que la central gremial “sigue apoyando al Gobierno”, que mantiene el diálogo con los ministros y que “la presidenta Cristina Kirchner es la que debe conducir”, aunque mostraron matices.
Lobais reveló que “se está preparando un reclamo judicial de todos los gremios que quieran participar” por el dinero que la Nación le adeuda a las obras sociales.
Según Lobais, “hubo un compromiso presidencial de ir devolviéndola, pero no se cumplió”.
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