Política

Cristina ordenó cambios en el proyecto de Magistratura

El jefe de bloque del FpV, Agustín Rossi, confirmó que hubo una reunión entre Cristina y el titular de de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien le acercó una carta con cuestionamientos de camaristas al proyecto. Ayer, la mandataria se reunió con los legisladores para discutir las modificaciones. La CGT opositora anunció un paro de 72 horas de los Judiciales Llaman a “impedir la votación” y el gobierno denuncia “golpismo” Zabalza: “La esencia del proyecto es partidizar la Justicia”


El jefe de bloque del FpV, Agustín Rossi, confirmó que la presidente Cristina de Kirchner autorizó cambios a al menos uno de los proyectos más polémicos del paquete de reforma judicial: las modificaciones en el Consejo de la Magistratura.

Aunque no anticipó cuáles serán, Rossi confirmó que en el tratamiento en comisión de hoy se pondrán sobre la mesa las observaciones planteadas por camaristas de todo el país, acercadas a través de una carta por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El diputado negó que el oficialismo quiera aprobar los tres proyectos “a libro cerrado” y puso como ejemplo las posibles modificaciones al proyecto que cambia la integración del Consejo de la Magistratura.

“La Presidenta (Cristina Kirchner) ya nos había anunciado la carta de la Corte sobre una serie de miradas sobre el proyecto del Consejo, y esa mirada va a estar puesta en la reunión de comisión de hoy. Estamos dispuestos a considerarlo, y es posible que haya modificaciones”, sostuvo Rossi en declaraciones a Radio La Red.

Asimismo, Rossi se mostró confiado en que el oficialismo tendrá el número suficiente para lograr el quórum y poder sesionar este miércoles, pese a lo que consideró un “escenario horrible” en referencia a la iniciativa de la oposición de “presionar” a una docena de diputados para que no participen del debate en el recinto.

“Estamos muy tranquilos, sentimos que el clima en el que cuál llegamos al debate no es el mejor, pero confiamos en que tenemos el número para el quórum y para impulsar las tres leyes. A pesar de que critico fuertemente esta campaña que se ha lanzado sobre una serie de diputados, que busca presionar”, sostuvo.

Según reveló Rossi, Cristina se reunió con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien le acercó una carta firmada por casi todos los tribunales federales del país con duras críticas al proyecto. Por un lado, los jueces consideraron que la norma producirá el debilitamiento de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, al perder el manejo de los recursos presupuestarios, de personal y de los contratos. Asimismo, cuestionaron que se modifique la mayoría necesaria para iniciar el juicio político contra un juez, que pasaría de dos tercios a mayoría absoluta. También exige que los concursos de secretarios y funcionarios sean manejados por la Justicia, y no por el Consejo.

En ese sentido también habló el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez: “La semana pasada hubo un intercambio y una conversación entre (Ricardo) Lorenzetti y Cristina, donde el presidente de la Corte le transmite las sugerencias y las observaciones del Poder Judicial, y la señora Presidente le dijo que se comprometía que el bloque le iba a dar tratamiento al debate. Merece ser escuchado y tratado con la seriedad con que el tema fue manejado. Va a formar parte del debate”, señaló.

La Presidente y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, recibieron a última hora del lunes en la Casa Rosada a un grupo de diputados del Frente para la Victoria, donde comunicaron esta decisión. Domínguez fue uno de los presentes en la oficina del secretario, en la planta baja de la sede gubernamental, donde también estuvieron el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, Jorge Landau y Diana Conti.

Hoy, Julio Alak y su secretario de Justicia, Julián Álvarez, volverán a Diputados para explicar ante un plenario de comisiones los proyectos de la reforma judicial que modifican la elección de consejeros de la Magistratura, limitan las medidas cautelares contra el Estado por conflictos patrimoniales y crean tres nuevas cámaras de Casación.

El kirchnerismo aceptó una larga lista de invitados, algunos propuestos por la oposición, por lo que se espera que la jornada de hoy sea extensa y se puede extender hasta la noche. De todo modos, y con los eventuales cambios mediante, el oficialismo tiene decidido firmar los dictámenes, y mañana llevarlos al recinto.

Las reuniones de los plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia con Presupuesto tratarán Consejo de la Magistratura y Casación, mientras en el segundo caso, que involucra Constitucionales y Justicia con Legislación General se debatirá la reforma al régimen de cautelares. Será el paso final antes que esos tres proyectos, los más conflictivos de la reforma judicial, lleguen al recinto para convertirse en ley.

Ayer, el jefe del bloque del FpV en Diputados aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para garantizar el quórum y aprobar todos los proyectos -el referido a Consejo de la Magistratura requiere como mínimo 130 manos alzadas para ser ley-.

Sin embargo, hay algunos legisladores que aún no confirmaron cómo votarán. Un grupo de ONGs puso especial énfasis en una docena de diputados que no siempre votan junto con el oficialismo. Ellos son: Facundo Moyano (Frente para la Victoria), Mariana Veaute (Frente Cívico y Social de Catamarca), Omar Plaini (Frente para la Victoria), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), José Ricardo Brillo (Movimiento Popular Fueguino), Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento), María Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Walter Raúl Wayar (Frente Peronista Federal) y Eduardo Mauricio Ibarra (Unión por San Juan). En las últimas horas, algunos comenzaron a dar pistas de lo que harán este miércoles en el recinto.

Los plenarios de comisión arrancarán a las 11 en el segundo piso del edificio anexo de Diputados. Como sucedió con los otros tres proyectos de la reforma, los debates serán conducidos por la kirchnerista Diana Conti, presidenta de Asuntos Constitucionales, comisión cabecera en el giro de los proyectos.

Pero esta vez, y para intentar calmar las críticas de afuera y de adentro del kirchnerismo por la forma en que se realizó el debate exprés en el Senado, además de Alak y Álvarez concurrirán Máximo Fonrouge, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Luis María Cabral, de la Asociación de Magistrados; y Ricardo De Felipe, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

También fueron convocados el director ejecutivo de la ONG CIPPEC, Fernando Straface; el titular de la ACIJ, Ezequiel Nino; José Miguel Onaindia, de la ADC; el constitucionalista Roberto Gargarella; el jurista Alberto García Lema; Carlos Balbín, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; el fiscal Ricardo Sáenz y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Completan la lista el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato; el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mario Fera, y el representante del Observatorio de la Justicia Argentina, Beinusz Szmukler. Al final de todas esas exposiciones habrá dictamen que bajará al recinto mañana.

Mientras tanto, el kirchnerismo avanzará también hoy en el Senado con otro plenario de comisiones para emitir dictamen favorable a tres proyectos de reforma judicial sancionados la semana pasada en Diputados y que el kirchnerismo aspira a convertir en ley en la sesión del 8 de mayo.

La reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Legislación General tendrá lugar a partir de las 15 para analizar estas iniciativas, que son las que menos polémicas han despertado entre el oficialismo y la oposición.

Se trata de los proyectos que establecen el ingreso democrático e igualitario del personal del Poder Judicial, el que dispone el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales de los miembros del Poder Judicial y el que pide la publicación obligatoria en Internet de las decisiones judiciales.

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