La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer en los Tribunales de Comodoro Py y pidió la nulidad de la causa que se le sigue por presunto fraude con la obra pública otorgada al empresario detenido Lázaro Báez, al denunciar que se trata de una “maniobra formidable de persecución política”, y remarcó que la ejecución presupuestaria de la Nación está en manos de los jefes de Gabinete.
“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, señaló la ex presidenta al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el detenido dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una “matriz de corrupción” durante su gobierno y favorecer al empresario con 16.000 millones de pesos a través de la licitación de obra pública, quien logró una concentración del 80% en Santa Cruz. Durante las casi dos horas que estuvo ante el juez Julián Ercolini, Cristina Kirchner no respondió las preguntas que habían preparado el magistrado y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y, en cambio, habló sin que la interrumpieran tras escuchar la imputación en su contra por unos 15 minutos.
En su descargo, Cristina negó tener vínculos comerciales con Báez, en respuesta a la acusación fiscal que le atribuye fideicomisos en común y la compra venta de terrenos en Río Gallegos, e insistió en la nulidad de la acusación en su contra –algo que le había sido rechazado días atrás– al sostener que no se realizó una auditoría completa sobre la licitación en la obra pública durante toda la gestión kirchnerista.
La ex mandataria argumentó además que las obras públicas eran determinadas por el Congreso de la Nación, que ella desconoce muchas de las licitaciones que se le entregaron a Báez durante su gestión y que quienes estaban a cargo de la ejecución presupuestaria eran los jefes de Gabinete.
“Si el Poder Legislativo no asigna los recursos, las obras no se pueden hacer. Y es el Poder Legislativo el que decide dónde se hacen las obras. Y si esto fuera poco, desde 1994 son los jefes de Gabinete los que administran y ejecutan el presupuesto”, indicó la ex mandataria a la prensa a la salida de Tribunales.
Pero, además, Cristina denunció a la empresa Iecsa, del cual es parte el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, porque el actual gobierno firmó un decreto este año en el que reasumió el financimiento por 45.000 millones de pesos en las obras de soterramiento del tren Sarmiento cuando ello le correspondía, según el contrato, al sector privado. En este marco, Cristina –que fue indagada por los presuntos delitos de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública– reclamó una investigación de “manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública” entre 2003 y 2015, y una “readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre 2003 y 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”.
En medio de un megaoperativo de seguridad, la ex mandataria llegó a Tribunales a las 10.30 –estaba citada para las 10– y, tras atravesar con su custodia a la militancia agolpada en una calle lateral trasera, ingresó al edificio y se dirigió al Juzgado del magistrado federal Julián Ercolini. La audiencia tuvo lugar en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, donde Cristina Kirchner se presentó junto a su abogado, Carlos Beraldi, y el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien oficia de consejero jurídico, en medio de un pasillo vedado al ingreso de periodistas o curiosos.
Tras su indagatoria, la ex presidenta leyó puntillosamente y corrigió el acta que se incorporará a la causa, en la cual esta semana también deben declarar el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Báez, los dos últimos detenidos en Ezeiza por otras investigaciones.
Durante las dos horas de audiencia, Cristina Kirchner bebió el agua mineral que ella misma se llevó al Juzgado y sólo deslizó una chicana política al fiscal Mahiques, de quien recordó que su hermano es funcionario del Ministerio de Justicia e integrante en representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, según supo NA. A su salida del edificio y tras saludar a la militancia, la ex mandataria habló ante la prensa y señaló que la obra pública durante su gestión fue “aprobada por la Auditoría General de la Nación y la comisión revisora de cuentas del Parlamento”, con lo cual consideró un “disparate” pretender asociar su gobierno a una “asociación ilícita”.
“Con solo presentar como prueba el Presupuesto nacional votado por los legisladores, ya se cae la causa porque ahí están determinados los fondos para hacer las obras. Las cuentas de inversión están aprobadas por la Auditoría General de la Nación”, señaló.
La ex mandataria sostuvo además que se trata de “una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático” que tiene como objetivo “tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”.
“Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o de gas”, ironizó la ex presidenta sobre los primeros diez meses de gestión de Cambiemos y aseguró que, con las causas judiciales, el gobierno de Mauricio Macri “busca tapar el sol con la mano y trata de esconder lo que es un verdadero desastre”.
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