La ex presidenta Cristina Kirchner pidió este lunes la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y hasta reclamó que sea citado como testigo el primer mandatario, Mauricio Macri.
Cristina hizo su declaración a través de tres escritos que presentó en la audiencia en la que fue convocada para ser indagada, y en la que no estuvo presente el juez Bonadio.
En uno de los escritos, la ex mandataria cuestionó que Bonadio –a quien calificó de “juez enemigo”– y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: “a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”.
Según la ex mandataria, hubo una supuesta connivencia entre el presidente, Mauricio Macri; el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici; el fiscal Stornelli y el empresario Angelo Calcaterra, para “salvar” al primo del presidente imputado en el caso.
“Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión”, señaló Cristina Kirchner.
En ese sentido, reclamó que se obtengan las imágenes de ingreso y egreso desde el 8 de enero a la fecha para saber qué personas visitaron la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Justicia.
En ese planteo, pidió la declaración como testigos de Macri, Angelici, el chofer Oscar Centeno y quien fuera su abogado al momento de la detención, entre otros.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornelli: fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”, señaló.
Tras denunciar “graves arbitrariedades” por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la ex mandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
“En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida”, señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra “cinco procesamientos” y subrayó: “Increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”.
Subrayó también: “Pareciera que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”.
“Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la Justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio”, añadió.
“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare (guerra judicial en inglés), doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano”, agregó.
“A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”, indicó.
En su paso por los tribunales federales de Comodoro Py la ex presidenta fue acompañada por dos figuras muy cercanas al papa Francisco. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois, y el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés.
En tanto, en la tarde de ayer se entregó a la Justicia el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti, que era hasta ayer el único prófugo de la Justicia y está acusado en la misma causa.
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