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Crisis educativa en la provincia de Chubut: paros, represión y 34 días sin clase

Desde el 22 de julio las escuelas sólo se abrieron cuando se votó en las Paso del 11 de agosto y este fin de semana se cumplen 34 días seguidos sin actividad. El 17 de agosto y el 4 de septiembre hubo dos importantes movilizaciones, motivadas por actos de represión. ¿Habrá promociones por decreto?


Desde ATE Chubut (ATECh) sostienen que el año escolar no está perdido y que los contenidos se pueden recuperar. Sin embargo, de los 117 días de clase previstos desde el 6 de marzo solo se cumplieron 83. Desde el 22 de julio las escuelas sólo tuvieron movimiento activo cuando se votó en las Paso del 11 de agosto y este fin de semana se cumplen 34 días seguidos sin actividad docente. El 17 de agosto y el 4 de septiembre hubo dos importantes movilizaciones, motivadas por actos de represión. Es evidente el parecido con la crisis que sufrió Santa Cruz en 1990, cuando los estudiantes de esa provincia terminaron promocionando por decreto al tiempo que comenzaba la era Kirchner.

Melena al viento y pañuelo verde al cuello, el titular de ATECh, Santiago Goodman, asegura que el año escolar no está perdido en Chubut. Mientras sus detractores –entre ellos varios sindicalistas de otros gremios reconvertidos en diputados provinciales– lo acusan de ser una suerte de Yasser Arafat al que solo le interesa “incendiar” la provincia, el docente destaca que esta vez los más o menos preocupados padres se han solidarizado con la causa de los maestros.

Hasta ahora lo ha conseguido, sobre todo porque una gran mayoría de esos padres también son empleados públicos que tienen su propia disputa con un gobierno provincial que durante casi todo el año pasado les pagó los sueldos en cuotas. A comienzos de 2019 les prometió aumentos acordes con la inflación y después del 9 de junio –cuando Mariano Arcioni consiguió su objetivo de ser reelecto– se profundizaron sus penurias salariales, ahora sin ninguna certeza sobre las fechas de cobro, lo que se suma a la precariedad de una obra social que cada vez ofrece menos prestaciones.

83 días en las aulas

El ciclo escolar en Chubut arrancó con algunas señales premonitorias. No empezó un lunes porque era feriado de carnaval, al igual que el martes. Arcioni lo inauguró entonces en Puerto Madryn el miércoles 6 de marzo, aunque algunos docentes se sumaban por esas horas a un paro nacional de CTERA por 48 horas, a lo que había que agregar para el cóctel de la primera semana la adhesión a la medida de fuerza del viernes 8 de marzo en solidaridad con el Día Internacional de la Mujer.

Para muchos la actividad arrancó realmente el lunes 11 de marzo y con idas y vueltas se llegó al viernes 5 de julio, inicio del receso invernal. Fueron en total 83 días los que en teoría compartieron en el aula los docentes con sus estudiantes, descontando feriados como el del 2 de Abril o el Viernes Santo, entre otros, sin olvidar el aniversario por el plebiscito de Trevelin el 30 de abril, o el 1 de Mayo.

Claro que en el ínterin hubo situaciones externas que llevaron a que muchos establecimientos de Chubut se vieran obligados a interrumpir actividades. El frío irrumpió antes de lo previsto y quedó en evidencia la falta de mantenimiento en la infraestructura escolar.

Calderas que no funcionaban; sistemas eléctricos en cortocircuito; tanques de agua sin purgar y opciones imprevistas obligaron a mandar a los chicos a sus casas u organizar cronogramas para utilizar por turnos aquellos sitios donde llegara el calor de los artefactos.

Mientras, el gobierno prometía soluciones y pedía paciencia, algo que este año fue una cualidad escasa entre docentes que hace años se sienten los últimos orejones del tarro en Chubut. Quizás no sufren tanto desde que les tocó ser apaleados durante el gobierno del primer Das Neves o en tiempos de Martín Buzzi, cuando predominó la indiferencia estatal frente a su situación.

34 días sin clases

El 22 de julio la paciencia se agotó. Los docentes concluyeron el receso invernal y decidieron no retomar actividades hasta tener garantías de las fechas de cobro en los meses por venir. Habían cobrado el salario de junio y el aguinaldo, pero aún no sabían qué pasaría con julio. De hecho, hace pocos días que lo terminaron de percibir.

En cuanto a agosto, solo saben que se harán de 30 mil pesos el miércoles 11 de septiembre, justo cuando se celebra su día. ¿Es una irónica coincidencia o se trata de una nueva improvisación de un gobierno que ya se devoró tres ministros de Educación en apenas 22 meses?

Gustavo Castán fue el primero en irse, dos meses después de que Arcioni asumiera. El funcionario sintió que no contaba con la confianza del heredero de Das Neves y le dejó su lugar a Graciela Palmira Cigudosa que -además de ser diputada provincial electa por el oficialismo- ahora se halla imputada por “administración infiel” como consecuencia de potenciales hechos de corrupción: habría pagado sobreprecios por obras, algunas de las cuales nunca se hicieron.

A fines de abril la sucedió Leonardo De Bella, quien pasó sus últimos días como ministro en un estado de paranoia absoluta; lo que lo llevó a exigir garantías de que nadie estaba grabando lo que decía en las reuniones de gabinete. Sus posturas con respecto al conflicto siempre estuvieron más cercanas a las del “sferiff” Federico Massoni que a la búsqueda de consenso de Luis Tarrío, por ejemplo.

Además, era continuamente víctima de “escraches” por parte de los más combativos docentes del Valle.

Su sucesor reciente es Paulo Cassutti, quien se venía desempeñando como subsecretario de la cartera antes de que se anunciara su designación, el martes 27 de agosto, y de que prestara juramento ocho días después, en las horas posteriores a que un grupo de docentes fuera apaleado en un piquete que impedía el acceso a los yacimientos petroleros en Comodoro Rivadavia.

Este fin de semana se cumplen 34 días seguidos sin actividad docente en las escuelas públicas, lapso en el cual hubo dos importantes movilizaciones motivadas por actos de represión. La del 17 de agosto se realizó luego de la detención de dos sindicalistas y la del 4 de septiembre tras la violencia ejercida por una patota de encapuchados que golpeó y robó a estatales que persistían en su actitud de conseguir la solidaridad de los tozudos y sacados petroleros.

Todo esto en las narices de policías que no intervinieron pese a que su jefe de hecho, el ministro Coordinador Federico Massoni, se hallaba a pocos kilómetros del lugar; razón por la cual ahora será interpelado en la Legislatura.

Santa Cruz 1990

Lo puntual es que aún si los docentes decidieran responder positivamente el “gesto de grandeza” que les pidió Arcioni y volvieran a las aulas este lunes 9, cumpliendo a pie juntillas con lo que queda del año escolar solamente se podrían completar 146 días de actividad en el mejor de los casos. Eso implicaría 34 días menos que los 180 que marca la ley.

A esta altura, ya se sabe que el lunes 9 no habrá regreso a las aulas y que no hay fecha cierta de normalización de actividades. Mientras tanto, hay docentes que se jubilan en los piquetes, como ocurrió el viernes 30 de agosto en Comodoro Rivadavia en el caso de Aída Carrizo.

¿Qué pasará con los estudiantes? Los que pudieron continuaron su aprendizaje en forma particular o recibiendo clases de apoyo en asociaciones vecinales, como para mantener cierto ritmo de estudios.

A la mayoría le costará recuperar los contenidos, más allá de la afirmación de Goodman, quien endurece sus posiciones y encuentra una legitimación que siempre le fue esquiva, sobre todo en el sur de Chubut.

Lo más probable es que todos los alumnos terminen promocionando por decreto, como ocurrió en Santa Cruz en 1990, año en que tuvieron tres gobernadores y una crisis financiera muy parecida a la que padece Chubut en estos meses.

Tres años antes había asumido como gobernador Ricardo Jaime Del Val, pero en 1989 padeció una embolia cerebral y debió ser trasladado a Buenos Aires, por lo que su vice, José Ramón Granero, quedó a cargo del gobierno.

Lo hizo en un contexto de hiperinflación que hacía estragos en la coparticipación federal de impuestos y de una escalada en la cotización del dólar. En esta coyuntura le resultó muy difícil afrontar el pago de los salarios de la administración pública.

Hacia 1990, con su salud notablemente desmejorada, el gobernador Del Val reasumió el cargo y tuvo que enfrentar no solo la compleja situación que atravesaba la provincia, sino también a la oposición. Entre los opositores se encontraban el diputado nacional Rafael Flores y el intendente de la capital, Río Gallegos, Néstor Kirchner, quienes buscaban suceder a Del Val en la gobernación y terminar con la hegemonía de su padrino político, el ex gobernador Arturo Puricelli.

El clima de tensión, abonado por internas en el seno del propio partido gobernante, se profundizó cuando el 9 de mayo se presentaron dos pedidos de juicio político en contra del gobernador Del Val. Mientras se sucedía el juicio, el gobernador fue suspendido en el ejercicio de su cargo, asumiendo de nuevo la titularidad el vicegobernador Granero.

En julio de 1990 Granero afrontó una grave crisis por la virtual cesación de pagos. En septiembre de ese año, los trabajadores y funcionarios santacruceños percibían sus haberes devaluados por la inflación y en cuotas. La policía provincial se encontraba acuartelada, reclamando una recomposición salarial del 56 por ciento.

Ley de emergencia

El Gobierno envió a la Legislatura un nuevo proyecto de Ley de Emergencia Económica que pretende reordenar los gastos del estado con medidas tales como los retiros voluntarios, el congelamiento de vacantes y suspensión del pago de juicios contra el estado, entre otras, planteando asimismo la necesidad de “desembarazar al Estado de aquellas responsabilidades que puedan cumplir los sectores privados”, y señalando que “cuando hablamos de reducir factores que hoy son multiplicadores del gasto superfluo, es porque estamos convencidos que el sobredimensionamiento del aparato burocrático tiene como eje pernicioso el esquema ya agotado de un Estado provincial convertido en principalísimo empleador y en virtud de ello, sólo pagador de sueldos impedido de cumplir su mínimo aporte a obras indispensables de infraestructura, comunicaciones, caminos”.

A raíz de las huelgas, fue necesario un decreto provincial para promocionar a los estudiantes ante la gran cantidad de clases no dictadas.

Granero tampoco terminaría el mandato, ya que aún con las extremas medidas adoptadas, 1991 no empezó mejor y renunciaría en abril, dejando a cargo al diputado Héctor Marcelino García, hasta que en las elecciones de ese año fue elegido Néstor Carlos Kirchner.

Fuente: El Extremo Sur de la Patagonia

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