La presidenta del bloque FPV en el Concejo Municipal, Norma López, solicitará una reunión con las máximas autoridades del Banco Nación sede Rosario, la Defensoría del Pueblo de la provincia, damnificados y otros actores ante la preocupante situación que atraviesan quienes accedieron a los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). “En este escenario inflacionario tuvieron un exorbitante aumento de las cuotas y hoy se torna una misión imposible poder afrontar esos gastos para una familia de clase trabajadora que son las que acceden mayormente a esta herramienta”, indicó la concejala.
La iniciativa propone también convocar e invitar a jornadas de trabajo para el abordaje de la situación que atraviesan las familias de la provincia pero principalmente de Rosario. En tanto, López busca que el Concejo inste al Congreso de la Nación a avanzar en el pronto tratamiento de los proyectos de ley que tengan por objeto medidas de protección para los damnificados por los créditos hipotecarios UVA frente al desfasaje producido entre la inflación y los salarios.
Asimismo, desde el Concejo anunciaron que se solidarizan con las miles de familias argentinas afectadas y abogan por la pronta resolución de dicha problemática.
La suba de la inflación, el dólar que se disparó, el desplome del trabajo, la pérdida del valor salarial fueron la ecuación exacta para que las personas que accedieron a esta herramienta para poder tener su vivienda sufran las consecuencias que hoy atraviesan. En casi todo el mundo los sistemas de créditos indexados funcionan eficientemente y son un canal adecuado para motorizar la construcción pero hacen falta dos requisitos para que no se transformen en una trampa: en primer lugar, que la inflación sea discreta, y segundo que los salarios no suban por debajo de la inflación.
El proyecto de la concejala Norma López, que acompañaron Roberto Sukerman, Eduardo Toniolli, Fernanda Gigliani y Marina Magnani, explica que si bien el crédito hipotecario se trata de una herramienta que reduce las barreras de acceso al crédito, cerca de 140 mil argentinos que accedieron a este tipo de créditos según la Secretaría de Vivienda de Nación, encierra una debilidad y un riesgo para las familias adjudicatarias. Pensar en plazos de 20 a 30 años conjugado con la evolución de la tasa de inflación que acelera de manera continua el crecimiento de los pasivos de las familias hace imprescindible pensar alternativas de protección.
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