La disputa entre la petrolera Repsol-YPF y el gobierno nacional se profundizó ayer luego de que el representante del Estado en la petrolera, Roberto Baratta, denunciara que le habían impedido participar en la reunión de directorio de la empresa.
Baratta, mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido, hizo esa denuncia y de inmediato YPF informó que sólo les fue negada la entrada a sus acompañantes, entre los que se encontraba el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes a juicio de la compañía nada tenían que hacer en esa asamblea.
YPF informó que Baratta se presentó acompañado por tres funcionarios y una escribana “con la intención de que todos participen” de la reunión, pero “en virtud de lo establecido por los estatutos de la compañía, se les comunicó que sólo podía formar parte del directorio el representante acreditado”.
“Se invitó al resto de la delegación a permanecer en el edificio corporativo para que, una vez concluida la reunión formal, mantuvieran un encuentro con el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, y el CEO de YPF, Sebastián Eskenazi”, informó la petrolera, en un comunicado.
Baratta estaba acompañado por Kicillof, a cargo de la Secretaría de Política Económica, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, sostuvo que “hay que preguntarse qué tema iba a tratar YPF para impedir el acceso de funcionarios” a la asamblea.
“Habría que ver qué respuestas no le podían dar al secretario de Energía y al viceministro de Economía, qué tema oscuro iban a tratar por el cual no podían participar estos funcionarios”, dijo De Vido en declaraciones a la prensa.
Además, se preguntó “por qué no podían participar el secretario de Energía, que es el secretario del área, y el viceministro de Economía, que es el representante de las acciones que el Estado tiene en la compañía”.
Tras este incidente, Kicillof afirmó que la empresa YPF “deberá dar explicaciones” por esta decisión, y consideró: “No hemos entendido cuál es el fondo de la decisión”.
“Esto ahora va a tomar carriles legales; ellos (por YPF) van a tener que dar explicaciones de cuáles son los motivos, qué es lo que la empresa no quiere mostrar o no quiere discutir”, sostuvo, en una improvisada rueda de prensa, al retirarse del edificio corporativo que la petrolera tiene en Puerto Madero.
En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) envío ayer una nota a YPF en la que solicitó explicaciones respecto a la decisión de la empresa de impedir el ingreso a la reunión de directorio del representante del Estado.
Fuentes del organismo conformaron a la agencía Télam que requirieron “explicaciones” a la empresa respecto a los hechos suscitados en el día de la fecha y a la negativa de ingreso de la que habría sido objeto el director designado por el Estado nacional.
Las mismas fuentes agregaron que la CNV “analizará” los hechos suscitados y la respuesta de la empresa y que “adoptará medidas como en casos similares”.
Este episodio es un nuevo capítulo en la escalada entre el gobierno y la petrolera, propiedad mayoritaria del grupo español Repsol.
El enfrentamiento llegó a tal punto que llegó a trascender la posibilidad de una “estatización” de la compañía a partir de una denuncia del gobierno por maniobras oligopólicas en la venta de gasoil a grandes usuarios.
Incluso el miércoles, De Vido, en una reunión con dueños de estaciones de servicio, confirmó que el Estado se hará cargo de proveer el combustible que no distribuya la petrolera.
Hace más de una semana, Brufau viajó de urgencia al país para intentar mantener un encuentro con la presidenta Cristina Kirchner para informar sobre los planes de inversión de la compañía, pero la jefa de Estado no lo quiso recibir.
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