El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció este jueves una “revisión posterior a la acción” del controvertido papel de la Guardia Nacional –una fuerza compuesta por voluntarios que está en todo el país y cuenta con el mismo tipo de armamento que el Ejército y la Fuerza Aérea, aeronaves incluidas– en las protestas nacionales contra la brutalidad policial y el racismo, informa Military Times. Las protestas se encendieron en toda la Unión tras el asesinato, el pasado lunes 25 de mayo, de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en el noroeste de Estados Unidos, en un operativo policial. Floyd, inmovilizado y esposado, suplicó varias veces mientras la rodilla de uno de los agentes, le apretaba el cuello y le hundía la cara contra el pavimento. “No puedo respirar”, fueron sus últimas palabras, frase que repitió durante al menos siete minutos: así lo muestra un video filmado por un teléfono que se replicó millones de veces dentro y fuera de las fronteras del país norteamericano.
Derek Chauvin el policía que incrustó su rodilla en el cuello de Floyd, está detenido y acusado de homicidio. Fue dado de baja de la fuerza policial. También enfrentan cargos judiciales los otros tres uniformados que participaron del operativo, que se desplegó para detener a Floyd por haber tratado de pagar en un comercio con un billete de 20 dólares falso.
Si bien el video generó inicialmente una incontenible ola de indignación en todo Estados Unidos, la reacción fue todavía más virulenta cuando el fiscal que tomó el caso, Mike Freeman, confirmó a los medios de comunicación que no iba a detener ni acusar al policía involucrado.
En llamas
El funcionario judicial quedó apartado del caso, pero los disturbios ya se habían extendido a todo el país, y en una de las protestas los manifestantes incendiaron y dejaron reducido a cenizas el edificio del precinto policial donde revistaban los cuatro agentes.
La ola de protestas que desafió a la pandemia de coronavirus, de la cual Estados Unidos pasó a ser el principal foco mundial por cantidad de víctimas fatales y de casos, se tornó en la más masiva en décadas. En el punto máximo de los disturbios, los gobernadores de 33 estados y el distrito de Columbia ordenaron el despliegue de más de 41.500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas policiales estatales y locales en el control y la disuasión de las protestas civiles, según la Oficina de la Guardia Nacional.
Según el Wall Street Journal, el presidente Donald Trump tuvo intención de catapultar al jefe del Pentágono tras sus discrepancias sobre el uso de tropas en las protestas. El jefe del Pentágono nombró al secretario del Ejército, Ryan McCarthy, para liderar la revisión, que debe presentarse antes del 30 de julio y analizar los “esfuerzos recientes de la Guardia para abordar los disturbios civiles”, específicamente en las últimas dos semanas.
“En las últimas semanas, la Guardia Nacional ha actuado de manera profesional y capaz en apoyo de la aplicación de la ley en ciudades de todo Estados Unidos”, destacó Esper en el comunicado. “Estoy profundamente orgulloso de nuestros soldados y aviadores que sirvieron durante este período para garantizar que los manifestantes pacíficos pudieran ejecutar sus derechos de la Primera Enmienda, y que ellos y otros no sufrieran violencia contra ellos mismos y sus propiedades”.
La medida se produce en medio de la presión por parte de los legisladores de obtener respuestas sobre el uso de las fuerzas militares en las protestas provocadas por la muerte de Floyd. El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes exige que altos funcionarios del Pentágono testifiquen ante su panel sobre el uso de la Guardia Nacional en las manifestaciones, lo que muchos han visto como una demostración innecesaria de la fuerza.
El polémico uso de fuerza
El presidente Trump amenazó con desplegar tropas en servicio activo para enfrentar a los manifestantes. El gobernante ordenó el uso de tropas de la Guardia Nacional para respaldar a las fuerzas policiales cuando despejaron con gases lacrimógenos y balas de goma a manifestantes que protestaban de manera pacífica en Lafayette Square, afuera de la propia Casa Blanca, el pasado 1º de junio.
El uso de la fuerza fue ampliamente cuestionado también porque la operación fue precedida por una polémica sesión de fotos de Trump con altos funcionarios militares en la cercana iglesia de San Juan.
Posteriormente, Esper y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, trataron de desmarcarse de aquella caminata. Ambos dijeron que creían que estaban acompañando al grupo para mostrar su agradecimiento a las tropas de la Guardia Nacional y a otros agentes de la ley fuera de Lafayette Square.
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